El presidente de Nicaragua no quiere cr¨ªticos

El escritor brit¨¢nico George Orwell afirm¨® que "si la libertad significa algo, es el derecho de decirles a los dem¨¢s lo que no quieren o¨ªr". Y el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, parece dispuesto a no aceptar ning¨²n tipo de cr¨ªticas a su gesti¨®n. Desde que Ortega asumi¨® el poder en 2007, ha hecho uso de las instituciones del Estado, de la justicia que ¨¦l controla y de la millonaria cooperaci¨®n venezolana para amedrentar a la prensa independiente, comprar medios de comunicaci¨®n y, m¨¢s recientemente, acallar las voces cr¨ªticas.

Esto ¨²ltimo es lo que ocurri¨® la semana pasada con el periodista Carlos Fernando Chamorro, director, editor y conductor del programa de an¨¢lisis pol¨ªtico y periodismo de investigaci¨®n Esta semana, retransmitido hasta el domingo pasado por el Canal 8 de la televisi¨®n de Managua. El canal fue recientemente comprado de forma secreta por el presidente Ortega con los fondos de la cooperaci¨®n venezolana -450 millones de d¨®lares en 2008-, que el presidente maneja de forma discrecional. La transacci¨®n, seg¨²n se ha conocido a trav¨¦s de los peri¨®dicos, sum¨® el monto de m¨¢s de 200 millones de c¨®rdobas (unos 10 millones de d¨®lares).

La compra del canal ha disparado las alertas entre periodistas y organizaciones civiles, que ven en esa transacci¨®n un nuevo paso por el control de los medios de comunicaci¨®n al que aspira el presidente, cuya esposa, Rosario Murillo, es la encargada de manejar el aparato de comunicaci¨®n del Estado. Con esta adquisici¨®n, Ortega logra silenciar una de las voces m¨¢s cr¨ªticas del Gobierno: Carlos Fernando Chamorro, hijo del periodista Pedro Joaqu¨ªn Chamorro -asesinado por la dictadura de los Somoza- y la ex presidenta Violeta Chamorro, que gan¨® frente a Ortega las elecciones de 1990.

Carlos Fernando Chamorro denunci¨®, a trav¨¦s de reportajes de investigaci¨®n, la utilizaci¨®n de la justicia que el mandatario nicarag¨¹ense hace para favorecer a su c¨ªrculo ¨ªntimo. Esos reportajes demostraron que personeros del Frente Sandinista de Liberaci¨®n Nacional, el partido de Ortega, mantienen una red de extorsiones en el poder judicial para chantajear a empresarios. Esta denuncia p¨²blica, conocida como el caso Tola, hizo que el Gobierno levantara cargos contra Chamorro, acus¨¢ndole de lavado de dinero; interviniera sus oficinas, y que la justicia amenazara con la c¨¢rcel al periodista, amenaza que no prosper¨®.

La semana pasada, un portavoz del Gobierno dijo a Carlos Fernando Chamorro que si quer¨ªa pod¨ªa mantener su programa en el Canal 8. Chamorro respondi¨® a esa oferta el domingo en un emotivo discurso de despedida de los telespectadores: "Hoy ratifico ante la sociedad nicarag¨¹ense que no deseo ser socio o colaborador del se?or Ortega, directa o indirectamente, ni en sus negocios econ¨®micos ni en sus negocios pol¨ªticos, que buscan ayudarle a limpiar su imagen autoritaria".

A decir verdad, Daniel Ortega no cuenta con el mejor r¨¦cord en cuanto a libertad de expresi¨®n y a transparencia de la gesti¨®n p¨²blica se refiere. El Gobierno controla las licencias de radio y televisi¨®n, ejerce presi¨®n econ¨®mica contra los peri¨®dicos, a trav¨¦s de impuestos y otros tributos o poniendo trabas a la entrega del papel en las aduanas. Marchas de la oposici¨®n han sido reventadas por seguidores del Gobierno, que tambi¨¦n han atacado a miembros de organizaciones opositoras, cuyas denuncias no prosperan en la fiscal¨ªa. Simpatizantes de Ortega han montado juicios contra periodistas por supuestas injurias y calumnias.

Seg¨²n investigaciones de los medios nicarag¨¹enses, el presidente, su familia y el c¨ªrculo de empresarios afines al Frente Sandinista de Liberaci¨®n Nacional (FSLN) intentan controlar la industria farmac¨¦utica, monopolizan la importaci¨®n de petr¨®leo o compran hoteles de lujo y amplias fincas en las zonas ganaderas del pa¨ªs, mientras ocho de cada 10 nicarag¨¹enses viven en la pobreza.

Ortega mantiene su gesti¨®n bajo el secretismo m¨¢s estricto, y las instituciones del Estado violan las leyes de acceso a la informaci¨®n vigentes en este pa¨ªs. La justificaci¨®n es que los "medios de la derecha", como los llama el mandatario, quieren desestabilizar su Gobierno.

Y es as¨ª como, en ese contexto de intimidaci¨®n, hasta ahora ninguna cadena de televisi¨®n nacional ha accedido a alojar el programa de Carlos Fernando Chamorro, a pesar de que Esta semana es uno de los de mayor audiencia del pa¨ªs. Ning¨²n due?o de medios quiere correr el riesgo de que Ortega les cierre el negocio.