Daniel Ortega justifica la violencia de las turbas contra el Parlamento de Nicaragua

La crisis pol¨ªtica nicarag¨¹ense comienza a tener repercusiones diplom¨¢ticas. En un comunicado publicado por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Nicaragua, el Gobierno que encabeza Daniel Ortega llam¨® a la comunidad internacional a "no preocuparse" por la violencia desatada en Managua por simpatizantes del oficialista Frente Sandinista, que el Gobierno cataloga como "simples expresiones leg¨ªtimas de los pueblos", a la vez que exige a la Organizaci¨®n de Estados Americanos (OEA) abstenerse de "brindar declaraciones con ribetes injerencistas" sobre la crisis nicarag¨¹ense. Mientras tanto, Estados Unidos expres¨® su apoyo a la OEA y exigi¨® a Ortega poner fin al acoso al que ha sido sometida la oposici¨®n, objetivo de los ataques de las huestes sandinistas.

De esta manera el Gobierno rompe el silencio que hab¨ªa mantenido desde el martes pasado, cuando simpatizantes del FSLN iniciaron un continuo asedio a las instalaciones de la Asamblea Nacional para impedir el ingreso de diputados opositores. Estos pretend¨ªan derogar un decreto por el que Ortega ordena mantenerse en sus cargos a magistrados de la Corte Suprema de Justicia a quienes se les ha vencido su periodo. Los simpatizantes del oficialismo atacaron adem¨¢s las sedes de organizaciones pol¨ªticas opositoras, golpearon a diputados de la oposici¨®n e atacaron varios veh¨ªculos en Managua, incluyendo la unidad m¨®vil de un canal de televisi¨®n.

El comunicado es una repuesta directa del gobierno de Ortega a una nota de prensa publicada el mi¨¦rcoles por la OEA, en la que el secretario general de esa organizaci¨®n, Jos¨¦ Miguel Insulza, expresa su preocupaci¨®n por la crisis pol¨ªtica que sufre este pa¨ªs centroamericano y pide respeto a la institucionalidad. Seg¨²n el Ejecutivo, las declaraciones de Insulza se basan "¨²nicamente en reportes medi¨¢ticos parciales de medios de comunicaci¨®n enemigos de nuestro pueblo y su Gobierno leg¨ªtimamente constituidos".

La posici¨®n de Ortega significa un retroceso en las relaciones entre su Gobierno y la OEA, organizaci¨®n que ha gozado de la simpat¨ªa o el rechazo del presidente nicarag¨¹ense dependiendo de sus intereses pol¨ªticos. Ortega respald¨® la decisi¨®n de la organizaci¨®n interamericana de aislar a Honduras tras el golpe de Estado ocurrido el 28 de junio del a?o pasado contra el ex presidente Manuel Zelaya, pero antes de ese acontecimiento la OEA era para Ortega una organizaci¨®n "injerencista" a las ¨®rdenes de Washington.

Mientras el Gobierno resta importancia a los hechos ocurridos esta semana en Managua y cr¨ªtica la posici¨®n de la OEA, varias personalidades de la vida pol¨ªtica americana pidieron a Isulza, a trav¨¦s de una carta, que convoque a una reuni¨®n del Consejo Permanente de esa organizaci¨®n para analizar la crisis nicarag¨¹ense. La solicitud est¨¢ firmada, entre otros, por Jimmy Carter, ex presidente de Estados Unidos, Osvaldo Hurtado, ex presidente de Ecuador, y Humberto de la Calle, ex vicepresidente de Colombia.

Adem¨¢s, el Gobierno estadounidense expres¨® su preocupaci¨®n por lo que sucede en Nicaragua. En declaraciones a France Presse el portavoz del Departamento de Estado para Am¨¦rica Latina, Charles Louma-Overstreet, dijo que Washington est¨¢ preocupado porque "la violencia de una turba est¨¢ obstaculizando el proceso pol¨ªtico democr¨¢tico, el respeto de los derechos humanos y tambi¨¦n erosiona el estado de derecho" en Nicaragua. Louma-Overstreet inst¨® al gobierno de Ortega a poner fin al acoso a la oposici¨®n, a la vez que apoy¨® la posici¨®n de la OEA.

Y mientras la crisis nicarag¨¹ense tomaba ribetes diplom¨¢ticos, la violencia en Managua continuaba. El jueves, supuestos simpatizantes del Frente Sandinista dispararon contra la sede del Partido Liberal Constitucionalista (PLC) sin causar heridos, mientras manten¨ªan el asedio a la Asamblea Nacional, el centro de los ataques. Las c¨¢maras empresariales y organizaciones civiles exigieron el respeto al orden constitucional a la vez que instaban a los diputados a no reelegir a ninguno de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia a quienes se les ha vencido su periodo y que Ortega ha ordenado mantenerse en sus cargos violando preceptos constitucionales, lo que ha sido el desencadenante de la crisis.