Calder¨®n dice que la ley migratoria de Arizona "abre la puerta al odio"
El presidente mexicano rechaza la nueva norma contra los 'sin papeles'
El presidente mexicano, Felipe Calder¨®n, sol¨ªa decir cuando era candidato en 2006, e incluso como presidente, que lo mejor que pod¨ªa hacer Estados Unidos para detener la migraci¨®n de mexicanos era ayudar a que en Michoac¨¢n, Zacatecas o Jalisco, lugares altamente exportadores de mano de obra, por mencionar algunos, se construyeran caminos, f¨¢bricas, escuelas... Al diagn¨®stico le faltaba contemplar variables m¨¢s complejas, desde una devastadora crisis econ¨®mica internacional hasta las tensiones de la pol¨ªtica interna estadounidense, que en Estados como Arizona han atrapado el debate migratorio hasta el punto de criminalizar a los sin papeles, medida que ayer fue duramente condenada por el mandatario mexicano, quien afirm¨® que "abre la puerta al odio".
"Ninguna pol¨ªtica migratoria puede estar por encima de los derechos de la gente. Esta convicci¨®n es hoy m¨¢s fuerte que nunca, ante la reciente aprobaci¨®n y promulgaci¨®n de la Ley SB1070", dijo ayer Calder¨®n, durante una reuni¨®n con representantes del Instituto de los Mexicanos en el Exterior. El presidente mexicano responde as¨ª a la promulgaci¨®n de una ley en el Estado de Arizona que ser¨¢ efectiva en 90 d¨ªas y que permite a la polic¨ªa detener indiscriminadamente a personas s¨®lo por su apariencia y encarcelarlas si no pueden demostrar su residencia legal, incluidas aquellas que siendo estadounidenses no cuenten con papeles para demostrarlo.
"Toda regulaci¨®n que se centre en criminalizar el fen¨®meno migratorio, un fen¨®meno social, un fen¨®meno econ¨®mico, y criminalizarlo de esta manera, abre la puerta a la intolerancia, al odio, a la discriminaci¨®n, al abuso en la aplicaci¨®n de la ley", apunt¨® Calder¨®n, quien tiene prevista una visita de Estado a Washington dentro de unas semanas. "El pr¨®ximo mes de mayo har¨¦ una visita al presidente Obama y al Congreso de los Estados Unidos. Tengan la certeza de que en las reuniones que habr¨¦ de tener, en los espacios que como presidente de M¨¦xico habr¨¦ de defender, estar¨¢ presente el tema, indeclinablemente, de los derechos de los mexicanos en Estados Unidos y en cualquier parte del mundo; y la imperiosa necesidad de avanzar a esquemas racionales, sensatos, humanos, equilibrados, que sin menoscabo del derecho que tiene cualquier pa¨ªs de regular las leyes de su propio territorio, s¨ª permitan, como he dicho, una migraci¨®n ordenada, integral, comprensiva y justa".
Rotativos como The New York Times yThe Washington Post han criticado a la gobernadora de Arizona, Jan Brewer, por haber firmado el viernes la ley, a pesar de que tuvo varios d¨ªas para devolver la iniciativa al Legislativo local, como le ped¨ªan distintas voces de ¨¢mbito nacional e internacional. El Times se?al¨® en un duro editorial que la medida iba en el sentido equivocado y el propio Obama adelant¨® el viernes que Washington actuar¨¢ para prevenir la "irresponsabilidad de otros". La gobernadora republicana dijo, por su parte, que valid¨® la ley porque es un "arma para atajar el problema que el Gobierno federal se ha negado a resolver". El asunto no s¨®lo ha desatado protestas, sino que, parad¨®jicamente, puede suponer que se reinicie el debate sobre la urgente reforma migratoria,
"No puede nadie quedarse cruzado de brazos frente a decisiones que afectan tan claramente a paisanos que por generaciones han contribuido al crecimiento. No s¨®lo quienes llegan ahora, [sino tambi¨¦n] quienes est¨¢n ah¨ª, y que sufrir¨¢n el atropello de una ley injusta, y que han contribuido al desarrollo y la prosperidad de Arizona, que no se entender¨ªa sin los mexicanos y menos cuando, en este caso, se pone en marcha una legislaci¨®n que abre las puertas a una inaceptable discriminaci¨®n racial", dijo ayer el presidente Calder¨®n.
Se calcula que en Arizona viven m¨¢s de 500.000 indocumentados, la mayor¨ªa de ellos de origen mexicano. Con la nueva ley, cualquier persona podr¨¢ ser detenida si la polic¨ªa cree que hay "dudas razonables" de que su estancia en el pa¨ªs sea ilegal. La pena es de seis meses de c¨¢rcel.
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