Caza a los 'sin papeles' en Arizona
El Estado del sur de EE UU adopta una ley que convierte la inmigraci¨®n ilegal en delito - La norma desata una aut¨¦ntica oleada de c¨®lera entre los hispanos
Una aut¨¦ntica oleada de c¨®lera se ha desatado entre la comunidad hispana de Estados Unidos tras la entrada en vigor en Arizona de una ley que, por primera vez en la historia de este pa¨ªs, permite a la polic¨ªa detener y castigar a un ciudadano por el simple hecho de ser un inmigrante ilegal. La medida, de m¨²ltiples consecuencias y extraordinario simbolismo, tendr¨¢ que ser debatida ante los tribunales de justicia y, probablemente, obligar¨¢ a una acci¨®n de respuesta de Barack Obama.
La ley, que fue firmada el viernes por la gobernadora de Arizona, Jan Brewer, despu¨¦s de que fuera aprobada por ambas c¨¢maras del Congreso estatal, da derecho a los miembros de los servicios de seguridad a exigir a cualquier persona en la calle documentos que prueben que est¨¢ aqu¨ª legalmente. De lo contrario, puede ser encarcelado hasta seis meses, multado con 2.500 d¨®lares y, eventualmente, expulsado del pa¨ªs.
Barack Obama ha calificado la legislaci¨®n de "irresponsable"
Hasta ahora, en Estados Unidos, a diferencia de lo que ocurre en la mayor parte de los pa¨ªses europeos, la polic¨ªa no ten¨ªa autoridad para pedir papeles a nadie a menos que la persona en cuesti¨®n fuera sospechosa de haber cometido alg¨²n delito. Adem¨¢s, ning¨²n documento de identidad es obligatorio, por lo que muchos inmigrantes s¨®lo pueden probar la legalidad de su situaci¨®n con el sello de entrada impreso en el pasaporte o un permiso de circulaci¨®n.
Varios cientos de personas, en su mayor parte hispanos, se concentraron ayer como se?al de protesta ante el Capitolio de Arizona, en Phoenix. Numerosas organizaciones latinas han anunciado actos de repudio, querellas y otras medidas ante una ley que consideran racista y que, de hecho, da carta blanca a la polic¨ªa para interrogar a los ciudadanos de aspecto hispano.
El presidente Obama ha manifestado que la iniciativa de Arizona constituye "una irresponsabilidad" sobre la que no es posible permanecer de brazos cruzados. "Esta ley contradice los principios b¨¢sicos de justicia que nos distinguen como norteamericanos", dijo Obama, en una muy infrecuente reacci¨®n de la Casa Blanca a la actuaci¨®n de los estados. El Gobierno de M¨¦xico y la Iglesia cat¨®lica han expresado tambi¨¦n su preocupaci¨®n por esta legislaci¨®n, que el cardenal Roger Mahony de Los ?ngeles ha comparado con el nazismo.
La gobernadora Brewer ha justificado la ley "por la incapacidad del Gobierno federal de asegurar nuestras fronteras". La misma raz¨®n por la que le ha dado su apoyo el senador republicano de ese Estado John McCain y la mayor parte de los dirigentes y portavoces de la oposici¨®n conservadora.
La situaci¨®n en Arizona y en otros estados fronterizos con M¨¦xico, como California, Texas o Nuevo M¨¦xico, ha llegado, ciertamente, a un punto de gran inquietud. Pero no s¨®lo porque miles de personas crucen la frontera ilegalmente cada d¨ªa para engrosar la cifra de entre 15 y 20 millones de inmigrantes indocumentados que viven en este pa¨ªs, sino porque muchos de los negocios y de la agricultura de esa regi¨®n est¨¢n basados en la mano de obra barata que ofrecen los trabajadores sin papeles.
Esa explotaci¨®n, basada en las lamentables condiciones econ¨®micas y de seguridad al sur de la frontera, ha dado lugar a una profunda crisis en esos estados, donde miles de personas subsisten en condiciones precarias, la criminalidad aumenta y el rechazo social se agudiza.
No es casualidad que sea Arizona donde se aprueba esta controvertida ley. Arizona lleva ya alg¨²n tiempo llamando la atenci¨®n de los grupos de derechos humanos por las condiciones impuestas en uno de sus condados, Maricopa, por un sheriff cruel llamado Joe Arpaio, que presume de mantener a raya a los inmigrantes con m¨¦todos vigorosos, como la constante intimidaci¨®n de parte de sus polic¨ªas a las familias mexicanas con intenci¨®n de atemorizarlas y obligarlas a regresar. En el condado de Maricopa, a espaldas del pa¨ªs tolerante y culto que Obama representa, viven entre alambradas cientos de presos a los que el sheriff Arpaio obliga a vestir uniformes rosas y calzoncillos rosas, entre otras medidas degradantes.
La ley aprobada en Arizona pone ahora en primer plano situaciones como esa y aumenta dram¨¢ticamente la presi¨®n sobre el Congreso para que se apruebe una dificil¨ªsima pero imprescindible ley de inmigraci¨®n. Esta legislaci¨®n, que representa un gran riesgo pol¨ªtico para los congresistas, parec¨ªa imposible a siete meses de las elecciones legislativas. Pero en los ¨²ltimos d¨ªas la Casa Blanca se ha puesto en contacto con los l¨ªderes dem¨®cratas en el Capitolio con el fin de conseguir su aprobaci¨®n cuanto antes. El l¨ªder dem¨®crata en el Senado, Harry Reid, cuyo esca?o puede ser decidido por los muchos hispanos de Nevada, ha prometido que habr¨¢ una ley de inmigraci¨®n este a?o.
Duras cr¨ªticas desde M¨¦xico
El Gobierno de M¨¦xico critic¨® duramente la ley de Arizona y anunci¨® que se plantear¨¢ la relaci¨®n que mantiene con dicho Estado ante una iniciativa que, a su juicio, criminaliza a los inmigrantes. "La ley (...) afecta a la relaci¨®n entre Arizona y M¨¦xico y obliga al Gobierno mexicano a plantearse la viabilidad y la utilidad de los esquemas de cooperaci¨®n que se han desarrollado con Arizona", destac¨® la canciller, Patricia Espinosa, a trav¨¦s de una declaraci¨®n oficial difundida por Efe.
Espinosa lament¨® que los legisladores que han aprobado la ley no hayan tenido en cuenta la "valiosa e inmensa" contribuci¨®n de los inmigrantes mexicanos a la econom¨ªa, sociedad y cultura de Arizona y de EE UU. "La criminalizaci¨®n no es el camino para resolver el fen¨®meno de la inmigraci¨®n indocumentada", a?adi¨® la canciller, quien asegur¨® que ante una ley que afecta a los derechos humanos de "miles de mexicanos", el Gobierno de Felipe Calder¨®n "no puede permanecer indiferente". En este sentido, record¨® que el Ejecutivo mexicano ha llevado a cabo "diversas acciones y acercamientos a todos los niveles" para transmitir al Gobierno de Arizona las preocupaciones mexicanas "sin obtener una respuesta positiva de su parte". En la declaraci¨®n se asegura que M¨¦xico utilizar¨¢ "todos los recursos a su alcance" para defender los derechos y dignidad de los mexicanos afectados y se adelanta que la Embajada de M¨¦xico y los cinco consulados que tiene en ese Estado "redoblar¨¢n sus acciones de asistencia, protecci¨®n consular y asesor¨ªa jur¨ªdica".
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