La oposici¨®n boliviana retrasa pero no frena la ley que puede inhabilitar gobernadores
Ligera demora de la iniciativa de Morales para suspender a los prefectos disidentes
La oposici¨®n boliviana logr¨® retrasar pero nofrenar la aprobaci¨®n de una ley transitoria de autonom¨ªas queposibilita la inhabilitaci¨®n de tres gobernadores electos. El presidente, Evo Morales, ten¨ªa previsto firmar el lunes la ley, pero la oposici¨®n present¨® una apelaci¨®n ante la C¨¢mara de Diputados para quefuera revisada, en un intento de excluir por inconstitucionales los art¨ªculos que establecen que los gobernadores puedan ser suspendidos de funciones tras ser acusados formalmente por un fiscal. La reconsideraci¨®n no obtuvo los dos tercios necesarios para pasar el tr¨¢mite por lo que Morales firm¨® posteriormente la ley.
No obstante, la diputada opositora Norma Pi¨¦rolaanunci¨® que seguir¨¢ndando batalla a la nueva norma: "Presentaremos el mi¨¦rcoles un recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional y agotaremos todo recurso ante organismos nacionales", asegur¨® Pi¨¦rola, quien afirm¨® que los parlamentarios de la oposici¨®n demandar¨¢n "al Gobierno del presidente Evo Morales ante los organismos internacionales debido a sus acciones en contra de la precaria democracia que existe ahora en Bolivia".
Atasco en el Constitucional
Sin embargo, el Constitucional, cuyos miembros han sido designados por Morales, que lo descabez¨® en 2006, s¨®lo tiene previsto liquidar las causas pendientes hasta el a?o 2008. El nuevo Constitucional, que se pondr¨¢ en marcha en 2011 tras la elecci¨®n en las urnas del Poder Judicial, deber¨¢ atender tal volumen de causas pendientes que es posible que no se atienda la demanda de la oposici¨®n.
Los parlamentarios opositores centraron sus cr¨ªticas en tres art¨ªculos de la ley, que consideran que apuntan claramente a descabezar a la oposici¨®n en las regiones de Santa Cruz, Tarija y Beni, cuyos prefectos (gobernadores) fueron reelegidos por mayor¨ªa absoluta en las elecciones del pasado 4 de abril y que podr¨ªan ser incapaces de asumir sus cargos el pr¨®ximo 1 de junio, si los procesos en curso contra ellos se convierten en acusaci¨®n formal.
La nueva norma dispone que los gobernadores puedan ser suspendidos de su cargo tras la acusaci¨®n de un fiscal, pese a que, seg¨²n la Constituci¨®n y las leyes vigentes, un funcionario p¨²blico s¨®lo debe dejar su cargo tras una sentencia firme. Adem¨¢s, la nueva norma les da un plazo de 90 d¨ªas para demostrar su inocencia, algo dif¨ªcil de conseguir en un pa¨ªs en el que un procedimiento judicial ordinario tarda un m¨ªnimo de 180 d¨ªas en resolverse.
Transcurridos los 90 d¨ªas, el gobernador acusado es suspendido definitivamente y la Asamblea Legislativa del departamento solicita a la Asamblea Plurinacional que fije la fecha del refer¨¦ndum de revocatoria y la de los comicios para elegir un nuevo gobernador. Hasta entonces, ocupa el cargo un gobernador interino designado por la Asamblea departamental.
Aun en el caso de que los tres gobernadores opositores reelectos lograran el milagro de alcanzar una sentencia firme en 90 d¨ªas, el oficialista Movimiento al Socialismo (MAS) tiene preparada una bater¨ªa de denuncias contra ellos: al menos otras ocho contra el gobernador de Santa Cruz, Rub¨¦n Costas, y otras cuatro contra Mario Coss¨ªo, de Tarija, al margen de la acusaci¨®n formal en contra de ambos y del gobernador de Beni, Ernesto Su¨¢rez, por presunta malversaci¨®n de fondos.
"Es una ley que va a generar ingobernabilidad en las regiones", advirti¨® el presidente del Colegio de Abogados de La Paz, Bernardo Wayar, al aludir a las manifestaciones de rechazo que se registraron la semana pasada y se anuncian para los pr¨®ximos d¨ªas en Santa Cruz, Tarija y Beni.
El portavoz del Gobierno, Iv¨¢n Canelas, declar¨® en La Paz que con esta nueva disposici¨®n "la autonom¨ªa cobrar¨¢ mayor fuerza y sus operadores regionales, los gobernadores, no solamente cobrar¨¢n una mayor fuerza pol¨ªtica, sino legal y moral".
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