ONG denuncian la criminalizaci¨®n de la protesta social en Venezuela
Para representantes de COFAVIC y Sinergia, el deterioro institucional en el pa¨ªs representa un grave riesgo para los derechos humanos
Franklin Brito es un agricultor venezolano que ha realizado varias huelgas de hambre en protesta por las leyes agrarias del Gobierno de Hugo Ch¨¢vez, que en represalia le quit¨® sus tierras. El ¨²ltimo de los ayunos lo realiz¨® cerca de la sede de la OEA en Caracas y despu¨¦s de varias semanas, una madrugada de diciembre del a?o pasado fue sacado a la fuerza por funcionarios del Estado con una supuesta orden judicial en la que se declaraba su insania y fue ingresado en la unidad de psiquiatr¨ªa del Hospital Militar.
A pesar de que varios m¨¦dicos privados hab¨ªan demostrado que est¨¢ en pleno uso de sus facultades mentales, y de que la legislaci¨®n interna prev¨¦ que cuando hay un problema de locura son los familiares quienes se hacen cargo del paciente, se ha prohibido a la familia tener el control de la situaci¨®n y que lo revisen otros m¨¦dicos. Su situaci¨®n es precaria. Es un hombre de 190 cent¨ªmetros de estatura que pesa 49 kilos. Y aunque es un caso entre miles, es el que m¨¢s preocupa a las ONG venezolanas. Seg¨²n afirman, se han desatendidos todas las medidas cautelares de la Comisi¨®n Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y ni siquiera el delegado de la OEA ni la Cruz Roja han podido visitarle.
"En Venezuela, hay una creciente utilizaci¨®n del sistema judicial para criminalizar la protesta pac¨ªfica", denuncia Liliana Ortega, miembro fundador de COFAVIC , organizaci¨®n no gubernamental para la protecci¨®n y promoci¨®n de los derechos humanos. Ortega cita este caso emblem¨¢tico, que no solo afecta a una persona sino que ha hecho sufrir enormemente a una familia, pero actualmente en Venezuela unas 3.000 personas son sometidas a juicio por participar en alguna protesta social. Sindicalistas, luchadores sociales, defensores de derechos afrontan un proceso por reclamar mejoras en la salud, en los servicios b¨¢sicos o por el desabastecimiento. Muchos est¨¢n en libertad, pero con condiciones: no pueden salir del pa¨ªs, no pueden hablar de sus casos. Se les acusa de obstrucci¨®n de v¨ªas p¨²blicas o alteraci¨®n del orden p¨²blico. Seg¨²n sectores de la oposici¨®n, este es el nuevo plan del Gobierno de Ch¨¢vez para afianzar el movimiento que llama "Socialismo del siglo 21" y que pasa adem¨¢s por reformas a las leyes de educaci¨®n, de prensa o de cooperaci¨®n internacional.
Y se enmarca adem¨¢s en lo que Ortega y su compa?ero de la ONG de defensa de la sociedad civil Sinergia, Feliciano Reyna, califican de "la profundizaci¨®n del deterioro institucional en el pa¨ªs" producto de la concentraci¨®n de poderes de Ch¨¢vez. "Y cuando hay debilitamiento en la separaci¨®n de poderes hay un grave riesgo para los derechos humanos", afirman en conversaci¨®n con el EL PA?S.
Grupos parapoliciales e intimidaci¨®n
En Venezuela, de 10 casos de violaciones de derechos humanos presentados ante las autoridades, en ocho las v¨ªctimas no ven a un juez. "No tienen posibilidad de ser escuchadas y permanecen en fase preliminar de investigaci¨®n durante a?os", asegura Ortega. Aunque las violaciones de derechos humanos es algo end¨¦mico en Venezuela, se ha visto acrecentado, seg¨²n denuncian, por la proliferaci¨®n de grupos parapoliciales a nivel nacional.
"El promedio de casos que reconoce el Estado venezolano de presuntas ejecuciones al a?o en Venezuela est¨¢ en torno a los 600. Estamos hablando de casos, no de v¨ªctimas. No podemos saber si en esos 600 casos hay 600 v¨ªctimas o 1.200 porque un caso puede tener m¨¢s de dos personas. Pero esta cifra es mucho m¨¢s alta que Colombia, donde se cuenta el promedio anual de casos cometidos de paramilitares es de 200", dice Ortega.
Pero lo peor no es eso. De esos 600 casos, casi el 98,5% no llegan a juicio, es decir que las posibilidades de una condena son casi nulas. ?Las v¨ªctimas? En su mayor¨ªa j¨®venes pobres, de zonas urbanas, no mayores de 25 a?os, muchos con antecedentes policiales o de drogodependencia que son llevados al l¨ªmite por estos grupos parapoliciales. ?El resultado? Desapariciones forzadas o ejecuciones extrajudiciales, explican. Pero la pesadilla no acaba ah¨ª. La b¨²squeda de justicia la han asumido las mujeres, madres, hijas, hermanas, un hecho hist¨®rico en Am¨¦rica Latina, ciertamente, pero con la diferencia que en Venezuela el siete de cada 10 denunciante son objeto de amenazas, hostigamiento y de acusaciones criminales.
?Y qu¨¦ pasa con las ONG en Venezuela? Reyna, de Sinergia, ofreci¨® datos de un estudio que se publicar¨¢ a finales de este mes sobre el ?ndice de la Sociedad Civil -proyecto de la organizaci¨®n Civicus pero coordinado desde Venezuela. "De 113 organizaciones con las que tuvimos interacci¨®n para el proyecto mas del 80 % expresa que no tiene espacio de di¨¢logo con el Gobierno nacional. En su mayor¨ªa son organizaciones de desarrollo social, aunque hay algunas de derechos humanos que buscan una posibilidad de interactuar por distintas v¨ªas y no obtienen respuesta".
Seg¨²n el presidente de Sinergia, "hay este intento de ir imponiendo un proyecto que por su propia naturaleza es discriminatorio. Basta con que se exprese alguna inconformidad para ser segregado con base a la idea de este proyecto de construcci¨®n del socialismo".
Ortega, por su parte, informa de que en los ¨²ltimos tres a?os se han documentado 32 defensores de derechos humanos hostigados, amenazados o criminalizados y resalta la muerte de dos defensores en 2009. Asimismo, cuenta, las organizaciones est¨¢n sufriendo una constante asfixia, ya sea por el impedimento de la cooperaci¨®n internacional, la presi¨®n pol¨ªtica y una campa?a de medios que criminalizan a las ONG, las trabas para el registro de nuevos grupos de derechos, y sobre todo, por la intimidaci¨®n.
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