Las exportaciones de gas peruano desatan la protesta social en Cuzco
Los campesinos cortan carreteras y amenazan con tomar el aeropuerto
Un nuevo conflicto social sacude Per¨² y esta vez ocurre, aunque suene parad¨®jico, en el que, seg¨²n portavoces del Gobierno, puede considerarse "el distrito m¨¢s rico del pa¨ªs". Los pobladores del distrito de Echarate, y en general los de toda la provincia cuzque?a de La Convenci¨®n, donde se encuentran los ricos yacimientos de gas natural de Camisea, se han levantado para demandar al Ejecutivo que cancele los contratos de exportaci¨®n del combustible, muy cuestionados por los nacionalistas de la oposici¨®n, que aseguran que las condiciones de la venta son desventajosas y que el gas se est¨¢ exportando sin garantizar el suministro interno.
A los pobladores de Echarate esos argumentos les parecen m¨¢s convincentes que los cerca de 100 millones de euros que reciben cada a?o por concepto de canon y regal¨ªas por la explotaci¨®n de gas de su territorio, seg¨²n inform¨® el primer ministro, Javier Vel¨¢squez. Son ya 11 d¨ªas de un paro general que se agrava poco a poco. Un enfrentamiento en el poblado de Kiteni entre la polic¨ªa y los manifestantes termin¨® con 18 personas heridas, dos de ellas de bala, y 25 detenidos, inform¨® la defensora del pueblo, Beatriz Merino. Mientras, m¨¢s de 500 vecinos de Quillabamba marcharon hasta Cuzco para reclamar a la gente que se sume a la protesta.
La reclamaci¨®n principal de los pobladores de La Convenci¨®n parece dif¨ªcil de cumplir, pues hay un compromiso a largo plazo para exportar el gas, con fuertes inversiones de por medio. En los ¨²ltimos tiempos las condiciones preferenciales que se otorgaron para facilitar la exportaci¨®n ?a comienzos de a?o empez¨® a venderse a Espa?a y EE UU? han sido muy cuestionadas, hasta el punto de que el Gobierno recientemente anunci¨® que empezar¨¢ a renegociar el contrato. El presidente Alan Garc¨ªa defendi¨® el pasado 28 de julio la exportaci¨®n y asegur¨® que sin el compromiso a largo plazo de venta al extranjero, el gas seguir¨ªa bajo tierra, otro argumento con el que sus opositores discrepan.
El Ejecutivo, que la semana pasada decret¨® el estado de emergencia en la regi¨®n, ha se?alado que no habr¨¢ di¨¢logo con los manifestantes hasta que estos no suspendan el paro y cesen los cortes de carreteras. Mientras tanto, la semana pasada suspendi¨® las garant¨ªas constitucionales en la zona y moviliz¨® a m¨¢s de 600 polic¨ªas y militares para proteger los edificios p¨²blicos, el aeropuerto de Cuzco (que los manifestantes amenazan con tomar), los lugares de inter¨¦s arqueol¨®gico, y, sobre todo, las instalaciones del estrat¨¦gico gasoducto. Seg¨²n datos del Ministerio de Energ¨ªa y Minas, el gas natural de Camisea aporta el 19% de la energ¨ªa que se consume en Per¨² y, de acuerdo con la empresa TGP, se usa para producir el 35% de la electricidad que se genera en el pa¨ªs andino.
El primer ministro ha advertido de que hay motivaciones pol¨ªticas detr¨¢s de la protesta y que "cuatro o cinco dirigentes" con aspiraciones electorales est¨¢n azuzando a los pobladores. Tambi¨¦n ha denunciado que autoridades locales de La Convenci¨®n usan fondos p¨²blicos para financiar la movilizaci¨®n y que tambi¨¦n participan en ella elementos terroristas de Sendero Luminoso.
Si bien el flujo de gas no se ha interrumpido, el perjuicio econ¨®mico lo sufren los agricultores de La Convenci¨®n y provincias aleda?as, donde hay importantes cultivos de caf¨¦ y cacao. Los bloqueos de carreteras y el cierre de negocios causan p¨¦rdidas diarias de 2,5 millones de euros. Tambi¨¦n se han visto afectados algunos circuitos tur¨ªsticos, aunque la amenaza de cortar el acceso a Machu Picchu no se concret¨®.
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