El derecho a la informaci¨®n diplom¨¢tica

Las ¨²ltimas filtraciones de Wikileaks han aportado s¨²bitamente una gran transparencia al campo de la diplomacia internacional. Este Cablegate plantea, entre otras, la pregunta de si quien public¨® la informaci¨®n actu¨® legal o ¨¦ticamente. Existe, sin embargo, otra forma de acercarse a esta cuesti¨®n: ?actuaron legal o ¨¦ticamente aquellos que a priori deb¨ªan pero no hicieron p¨²blica la informaci¨®n?

El derecho de acceso a la informaci¨®n, reconocido por la legislaci¨®n internacional y por m¨¢s de 80 leyes a nivel nacional (no en Espa?a), nos otorga a todos el derecho a saber qu¨¦ hacen nuestros Gobiernos. Incluye no solo nuestro derecho a saber lo que hacen nuestros Gobiernos a nivel nacional, sino tambi¨¦n lo que hacen cuando nos representan a nivel internacional. Estamos en nuestro derecho a exigir a aquellos que nos representan una rendici¨®n de cuentas completa, tambi¨¦n cuando nos representan internacionalmente, y esto implica recibir informaci¨®n completa.

Las solicitudes de informaci¨®n solo pueden ser rechazadas si su publicaci¨®n pudiese causar un da?o demostrable sobre ciertos intereses leg¨ªtimos, tales como la seguridad nacional y la privacidad de las personas. El secreto es justificable ¨²nicamente si la publicaci¨®n pudiera desencadenar un da?o grave. La verg¨¹enza p¨²blica no es un da?o grave.

Muchos de los documentos de la ¨²ltima filtraci¨®n de Wikileaks humillan directamente a algunos Gobiernos porque muestran los tejemanejes de estos detr¨¢s de los focos. Los Gobiernos no tienen un "derecho" a decir una cosa frente al p¨²blico y otra a sus espaldas.

El principio fundamental del derecho a saber es que las autoridades p¨²blicas trabajan en nombre de los ciudadanos y que, en consecuencia, la transparencia debe ser la regla y el secreto la excepci¨®n. Sin embargo, algunos representantes de Gobiernos alegan la existencia de un derecho de los Gobiernos a comunicarse entre ellos en secreto y a?aden que este derecho es inherente a la soberan¨ªa de los Estados. Esta postura es propia del siglo XIX. A principios del siglo XXI, los intereses de las naciones soberanas no son otros sino aquellos de sus ciudadanos, quienes tienen el derecho a saber qu¨¦ es lo que se ha dicho y hecho en su nombre.

Hillary Clinton, entre otros, ha calificado esta filtraci¨®n como un robo y un ataque a la comunidad internacional. Este juicio a Julian Assange, fundador de Wikileaks, y a los medios que han publicado dicha informaci¨®n, parece completamente injustificado. En primer lugar, Wikileaks no es m¨¢s que el receptor de una informaci¨®n que ha difundido utilizando un criterio de periodismo profesional y ponderando el inter¨¦s p¨²blico de la informaci¨®n en cuesti¨®n. En cuanto a la posterior publicaci¨®n de esta informaci¨®n por parte de otros medios, no es, seg¨²n la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, un delito dado que la informaci¨®n estaba ya en el dominio p¨²blico y, adem¨¢s, fue previamente sometida a un exhaustivo trabajo de investigaci¨®n period¨ªstica, desarrollado con diligencia y profesionalidad.

La cuesti¨®n no es qui¨¦n cometi¨® el crimen de filtrar la informaci¨®n, sino qu¨¦ cr¨ªmenes puede desvelar esta informaci¨®n. Si los documentos filtrados revelan que ciertos Gobiernos han estado espiando a organizaciones internacionales o que est¨¢n involucrados en casos de tortura, estos ser¨ªan los verdaderos cr¨ªmenes. En concreto, a¨²n no se le han exigido explicaciones a los que intentaron frenar las actuaciones de la justicia espa?ola en, por ejemplo, el caso Couso; tampoco a los que trasladaron ilegalmente a prisioneros a Guant¨¢namo haciendo escala en Espa?a; y tampoco a los que intentaron silenciar a la ciudadan¨ªa espa?ola, que ejerc¨ªa su derecho de libertad de expresi¨®n al criticar la guerra de Irak.

Un analista se refiri¨® al lunes de la semana pasada como "el d¨ªa en que la diplomacia muri¨®". La diplomacia no ha muerto, a menos que esa sea la consecuencia del aumento de la transparencia y de la participaci¨®n en los Gobiernos. Lo que s¨ª es verdad es que la diplomacia no volver¨¢ a ser la misma porque de ahora en adelante el p¨²blico exigir¨¢ mayor transparencia, m¨¢s honestidad y mejor rendici¨®n de cuentas.

Cualquier Gobierno que no atienda a estas llamadas de atenci¨®n se encontrar¨¢ con que la presi¨®n aumentar¨¢ y ocurrir¨¢n filtraciones. Access Info Europe ha sido testigo una y otra vez de c¨®mo cuando los Gobiernos ocultan informaci¨®n clave para una ciudadan¨ªa responsable, la presi¨®n se acumula y las informaciones son finalmente filtradas. Espa?a es un ejemplo perfecto de un pa¨ªs en el que reina la cultura de las filtraciones por este mismo motivo; sin ir m¨¢s lejos, el mismo proyecto de ley de transparencia tuvo que ser filtrado, ya que el Gobierno negaba a trav¨¦s del silencio el acceso al mismo.

La informaci¨®n nunca deber¨ªa ser filtrada y Wikileaks no deber¨ªa ser necesario. Pero hasta que los Gobiernos no apliquen las reglas de las transparencias adecuadas e informen a la sociedad sobre lo que hacen con los poderes y el dinero p¨²blicos, las filtraciones seguir¨¢n existiendo. La cantidad de informaci¨®n filtrada no deber¨ªa ser un indicador de actividad criminal por parte de los funcionarios o de los periodistas, sino un indicador del fracaso en el respeto del derecho de todos a saber.

Helen Darbishire es directora ejecutiva de Access Info Europe y Pam Bartlett Quintanilla es coordinadora de la Campa?a de las 100 Preguntas, de la misma organizaci¨®n.

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