Honduras, Guatemala y El Salvador reclaman a M¨¦xico por el destino de medio centenar de inmigrantes

Los gobiernos de El Salvador, Guatemala y Honduras tienen contra la pared a M¨¦xico. La presunta desaparici¨®n de medio centenar de inmigrantes ha provocado que las canciller¨ªas de esas tres naciones centroamericanas demanden el esclarecimiento de un incidente ocurrido en Oaxaca hace una semana, cuando habr¨ªan sido secuestrados personas indocumentadas de esas tres nacionalidades. Lo novedoso del caso es que la protesta, como la describi¨® el canciller hondure?o Mario Canahuati, es conjunta y firme. Lo nada novedoso es que las autoridades mexicanas negaron en un principio que siquiera hubiera existido el evento, para en menos de 24 horas recular y apurarse a decir que est¨¢n investig¨¢ndolo.

El 16 de diciembre pasado el tren que hab¨ªa salido de Arriaga, Chiapas, se detuvo 40 kil¨®metros m¨¢s adelante, en Chahuites, Oaxaca, para una revisi¨®n polic¨ªaca. Es el veh¨ªculo de quienes pretenden llegar a Estados Unidos cruzando de manera ilegal por M¨¦xico. Los inmigrantes centroamericanos huyeron de la redada en la que tambi¨¦n participaron elementos del Instituto Nacional de Migraci¨®n (INM). El ferrocarril, con los techos de los vagones de nuevo repletos de indocumentados que lograron burlar el ret¨¦n, se puso en marcha minutos m¨¢s tarde, pero apenas cinco kil¨®metros adelante la v¨ªa estaba bloqueada con troncos. Al detenerse la locomotora, unos quince hombres vestidos de negro, con machetes y armas, secuestraron a decenas de migrantes. Del caso supieron de inmediato todos menos el gobierno mexicano: la oficina pastoral que cuida a los migrantes, personal de la Comisi¨®n Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y la c¨®nsul de El Salvador en Chiapas, Vilma Mendoza, quien inici¨® el reclamo.

"A punta de machete se los llevaron, a uno que opuso resistencia le asestaron tres machetazos. Hicieron dos grupos, de alrededor de 20 personas, uno de ellos de mujeres. Es imposible determinar la nacionalidad de los secuestrados", explic¨® a la prensa Mendoza, cuya canciller¨ªa fue la primera en demandar al gobierno mexicano el esclarecimiento del caso y dar con el paradero de los secuestrados. Como respuesta incial, el INM -tristemente c¨¦lebre por la desastrosa actuaci¨®n de su anterior directora Cecilia Romero ante la masacre de agosto pasado de 72 inmigrantes en San Fernando, Tamaulipas? emiti¨® un comunicado oficial el martes en donde asentaba que seg¨²n sus averiguaciones el tren ni siquiera se hab¨ªa detenido en el punto que la c¨®nsul salvadore?a se?alaba.

Pero menos de 24 horas despu¨¦s el Instituto de Migraci¨®n tuvo que corregir ante las evidencias: en la Casa del Migrante Hermanos del Camino del padre Alejandro Solalinde cuentan con testimonios de primera mano de sobrevivientes del secuestro, y por si fuera poco la CNDH grab¨® 13 relatos de testigos del crimen de ese d¨ªa. Finalmente, el INM hizo viajar a la capital mexicana a esos centroamericanos para que aporten elementos que lleven a las autoridades a determinar qu¨¦ fue lo que pas¨® en ese incidente que inicialmente ellos ni siquiera reconoc¨ªan como existente.

El Canciller hondure?o Mario Canahuati dijo que tanto su pa¨ªs como El Salvador y Guatemala tienen una "posici¨®n firme" y de "protesta", porque a pesar de que se han firmado con M¨¦xico acuerdos de colaboraci¨®n de hasta 27 convenidos para abordar la problem¨¢tica migratoria, "ni uno" se ha puesto en marcha. "Es tiempo de que pasemos de las palabras a los hechos", agreg¨® en declaraciones a W Radio. Se?al¨® como posibles autores del secuestro a Los Zetas en alianza con las Maras, y urgi¨® al gobierno mexicano a la acci¨®n para evitar que este grupo de secuestrados "no sufran la suerte de nuestros hermanos que murieron en Tamaulipas".

Observadores del fen¨®meno migratorio centroamericano en M¨¦xico, como Mario Santiago, de la Organizaci¨®n I(d)heas, explican que no se sabe con precisi¨®n cu¨¢ntos indocumentados son secuestrados en suelo mexicano, pero que se da por bueno el dato de que son alrededor de 20 mil al a?o, como lo determin¨® un estudio de la CNDH de 2009.