La legisladora luchaba contra la dura ley antiinmigraci¨®n de su Estado

Arizona salt¨® a la arena informativa el a?o pasado debido a la pol¨¦mica ley contra la inmigraci¨®n que convert¨ªa en delito estar ilegalmente en el Estado y otorgaba a la polic¨ªa la capacidad de solicitar a los ciudadanos papeles que probasen su estatus migratorio, facultad que hasta la aprobaci¨®n de la SB1070 era competencia exclusiva de los agentes de Inmigraci¨®n. Para los grupos defensores de los derechos civiles, la aplicaci¨®n de la ley supon¨ªa forzar a la diferenciaci¨®n basada en razones ¨¦tnicas, lo que se denomina profiling y supone que la polic¨ªa se marca como objetivo detener a quienes consideran 'por su aspecto' sospechosos de ser inmigrantes.

La SB1070 deb¨ªa de haber entrado en vigor a finales de julio del pasado a?o pero sus secciones m¨¢s pol¨¦micas -la detenci¨®n de 'sospechosos'- se encuentran paralizadas despu¨¦s de que la Administraci¨®n de Barack Obama la recurriese por considerar que viola la Constituci¨®n de EE UU ya que los Estados no pueden legislar en materia de inmigraci¨®n porque esa es una facultad exclusiva del Gobierno federal. La Casa Blanca considera que la Ley de Arizona tambi¨¦n viola derechos fundamentales y somete a acoso y detenci¨®n a los visitantes extranjeros, inmigrantes ilegales y ciudadanos norteamericanos que no puedan probar de inmediato su situaci¨®n de residencia.

Antes y despu¨¦s de que la gobernadora republicana de Arizona, Jan Brewer, firmara en abril la controvertida ley, una ola de indignaci¨®n sacudi¨® a la comunidad latina de Estados Unidos, que se lanz¨® a las calles de las principales ciudades del Estado para protestar contra una ley que consideran racista y que el embajador estadounidense en M¨¦xico, Carlos Pascual, consider¨® que podr¨ªa provocar "una especie de apartheid" similar al sufrido por los negros en Sud¨¢frica durante a?os y que fue abolido en 1991.

Sin embargo, las autoridades de Arizona mantienen la lucha abierta y consideran que Washington se equivoca gravemente y que los esfuerzos y fondos destinados a tumbar la ley deber¨ªan emplearse en derrotar a la violencia organizada que llega desde el fronterizo M¨¦xico y que se salda cada a?o con miles de v¨ªctimas.

Gabrielle Giffords, la congresista que ayer fue tiroteada en Tucson, ten¨ªa como una de las prioridades de su agenda pol¨ªtica acabar con una ley de importantes consecuencias y extraordinario simbolismo, ya que por primera vez en la historia de este pa¨ªs se permit¨ªa a la polic¨ªa detener y castigar a un ciudadano por el simple hecho de no tener papeles. Este aspecto es diferenciador de la mayor¨ªa de los pa¨ªses europeos ya que en EE UU la polic¨ªa no tiene la autoridad para solicitar documentaci¨®n a no ser que la persona sea sospechosa de haber cometido un delito.

La oficina de Giffords tambi¨¦n tiene abierta una lucha contra los violentos carteles de droga provenientes de M¨¦xico y en la primavera pasada present¨® al Capitolio de Arizona una ley para dificultar el lavado de dinero que efect¨²an estas mafias a trav¨¦s de tarjetas que se cargan con dinero para diversos fines.

La gobernadora Brewer insite en justificar la pol¨¦mica SB1070 debido a "la incapacidad del Gobierno federal para asegurar las fronteras". En este sentido, el senador republicano por Arizona y ex candidato presidencial republicano en las elecciones de 2008, John McCain, tambi¨¦n ha dado su apoyo a esa ley.

En la agenda de asignaturas pendientes de la Casa Blanca sigue la reforma de la inmigraci¨®n que regularice a los cerca de 12 millones de inmigrantes sin papeles que residen en Estados Unidos. Se calcula que en Arizona viven cerca de un mill¨®n de irregulares sobre una poblaci¨®n total de m¨¢s de seis millones de personas.

En el Congreso que acaba de iniciar su andadura esta semana parece virtualmente imposible sacar adelante esa necesaria reforma ya que los dem¨®cratas perdieron la mayor¨ªa en la C¨¢mara de Representantes en las pasadas elecciones legislativas del pasado 2 de noviembre y tuvieron sustantivas perdidas en el Senado.