La nueva ley espa?ola de extranjer¨ªa recibe las cr¨ªticas de Latinoam¨¦rica

El Ministerio de Trabajo e Inmigraci¨®n se vio ayer sometido a una catarata de cr¨ªticas sobre el nuevo Reglamento de Extranjer¨ªa por parte de representantes de la judicatura y de la diplomacia latinoamericana en Madrid, presentes en un debate de Casa Am¨¦rica sobre el contenido de esta norma, actualmente en fase de borrador. Las quejas m¨¢s amargas, sin embargo, se centraron en la pr¨¢ctica policial de identificar extranjeros por la calle por sus caracter¨ªsticas f¨ªsicas para iniciar procedimientos de expulsi¨®n, algo que el Ministerio del Interior niega y a lo que Trabajo no pudo dar respuesta.

Abri¨® el fuego el consejero de la Embajada de Ecuador en Madrid, Leopoldo Rovayo, quien denunci¨® p¨²blicamente que la norma deja la puerta abierta a situaciones de "irregularidad sobrevenida". El diplom¨¢tico explic¨® que, al estar la renovaci¨®n del permiso de residencia ligada a cierta situaci¨®n econ¨®mica, algo tan habitual en estos tiempos como quedarse en paro puede hacer que una persona que estaba en situaci¨®n regular se encuentre de pronto en situaci¨®n irregular al no poder demostrar ingresos en el momento de renovar su permiso. "No veo justo que se trate a los inmigrantes de manera utilitarista", a?adi¨® Robayo, quien asegur¨® que existe un "profundo vac¨ªo" en el Reglamento para este tipo de casos, cada vez m¨¢s frecuentes como consecuencia de la crisis econ¨®mica y el desempleo masivo.

Las quejas m¨¢s amargas se centraron en la pr¨¢ctica policial

La secretar¨ªa de Estado de Inmigraci¨®n, representada en el debate por el director general de Inmigraci¨®n, Markus Gonz¨¢lez, asegur¨® que este tipo de casos est¨¢n regulados desde las modificaciones introducidas en 2009, fruto del pacto social entre empresarios y sindicatos. Preguntado posteriormente, Markus asegur¨® que no hay una relaci¨®n directa entre la falta de ingresos y la expulsi¨®n y que "depende de otras circunstancias". El consejero ecuatoriano se reafirm¨® en su denuncia. El asunto de la irregularidad sobrevenida ha sido denunciado tambi¨¦n p¨²blicamente por abogados especialistas en extranjer¨ªa.

Markus Gonz¨¢lez hab¨ªa presentado previamente las l¨ªneas maestras del Reglamento, entre las cuales cit¨® que la inmigraci¨®n est¨¢ ligada a las necesidades del mercado laboral o la necesidad de promover mecanismos de retorno voluntario, una de las grandes novedades. Tambi¨¦n cit¨® la protecci¨®n a colectivos especialmente vulnerables como las v¨ªctimas de violencia de g¨¦nero o la trata de blancas.

Pero las cr¨ªticas y las preguntas posteriores revelaron aspectos menos conocidos de la reforma. Cristina Olmedo, responsable del ¨¢rea jur¨ªdica de la Red Acoge, una de las asociaciones de ayuda a los inmigrantes m¨¢s importantes de Espa?a, destac¨® especialmente que sean necesarios informes de la comunidad aut¨®noma que acrediten la integraci¨®n del inmigrante para renovar la residencia. Precisamente este es un asunto especialmente pol¨¦mico desde el anuncio de Catalu?a de exigir el conocimiento del catal¨¢n como un requisito imprescindible para los inmigrantes.

Olmedo tambi¨¦n critic¨® vaguedades en la norma como la exigencia de una "expectativa de mantenimiento de ingresos" futuros para la reagrupaci¨®n familiar. Por ¨²ltimo, se fij¨® en que la residencia puede ser denegada tambi¨¦n por un "informe policial desfavorable", aunque no pese condena alguna sobre el inmigrante.

El director general de Inmigraci¨®n rechaz¨® que pedir informes a las comunidades aut¨®nomas introduzca discriminaci¨®n seg¨²n el territorio en el que se vive. Gonz¨¢lez record¨® que, en ¨²ltimo caso, el que valora la concesi¨®n del permiso es el Gobierno central, ya que el Estado tiene la competencia exclusiva en iesta materia. Los informes no son vinculantes, aclar¨®. "Creo que no se puede hablar de arbitrariedad ni de discriminaci¨®n", concluy¨®.

La visi¨®n m¨¢s amarga de la pol¨ªtica de inmigraci¨®n la aport¨® el magistrado Ramiro Garc¨ªa de Dios, del juzgado de instrucci¨®n n¨²mero 6, uno de los tres juzgados que tramitan lo relacionado con los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) en Madrid. La regulaci¨®n de los CIE ha sido apartada para otra norma, que actualmente elabora el Ministerio del Interior y de la que se desconoce todo. Garc¨ªa de Dios asegur¨® que hay "una arbitrariedad no reglada de los agentes p¨²blicos". El magistrado afirm¨® que el borrador presentado "no facilita la regularizaci¨®n por arraigo", ya que este se interpreta de forma restrictiva.

Al igual que el consejero ecuatoriano, el magistrado denunci¨® que en la norma de extranjer¨ªa hay "una visi¨®n de sospecha de la inmigraci¨®n". "Se ve al inmigrante como trabajador ¨²til y necesario, que con la crisis se convierte en in¨²til e innecesario, lo que deriva en la expulsi¨®n de los que caen en la irregularidad". Adem¨¢s, consider¨® que existe un "retorno forzoso" del inmigrante, ante el miedo a ser detenido por caer en la irregularidad. Gonz¨¢lez rechaz¨® ese concepto de "retorno forzoso".

Aunque no es competencia de Inmigraci¨®n, sino de Interior, el magistrado no dej¨® dudas sobre la existencia de redadas de inmigrantes por la calle a los que se pide la documentaci¨®n por el color de su piel. "Me muevo por Madrid y lo veo", dijo. Lo llam¨® "pr¨¢cticas de xenofobia institucional que vulneran claramente el principio de no discriminaci¨®n". El Ministerio del Interior ha negado en varias ocasiones, incluso en el Parlamento, que la polic¨ªa pida documentaci¨®n por el color de la piel.