La orden de busca y captura por el 'caso Ellacur¨ªa' conmociona a El Salvador

La orden de busca y captura internacional que el juez Eloy Velasco, de la Audiencia Nacional espa?ola, gir¨® contra 20 militares salvadore?os acusados de haber asesinado a seis sacerdotes jesuitas y dos de sus empleadas, en 1989, ha causado conmoci¨®n en El Salvador. Por doquier, la pregunta es: ?arrestar¨¢n a los acusados? Baste decir que entre los procesados por Velasco est¨¢n los que encabezaron el Ej¨¦rcito durante los 12 a?os de guerra civil (1980-1992) en esta naci¨®n centroamericana.

Organismos de derechos humanos expresaron su satisfacci¨®n por la orden del juez espa?ol, que el lunes orden¨® la b¨²squeda y captura internacional de 20 militares (la mayor¨ªa en situaci¨®n de retiro), acusados del asesinato de seis sacerdotes jesuitas y dos de sus empleadas en la Universidad Centroamericana (UCA) el 16 de noviembre de 1989. Entre los asesinados estaban Ignacio Ellacur¨ªa e Ignacio Mart¨ªn Bar¨®, rector y vicerrector, respectivamente, del centro docente. Los otros jesuitas asesinados fueron Segundo Montes, Amando L¨®pez y Juan Ram¨®n Moreno, todos ellos de nacionalidad espa?ola, y Joaqu¨ªn L¨®pez y L¨®pez, salvadore?o al igual que las empleadas Elba Julia y Celina Ramos, madre e hija.

La derecha dice que el juez espa?ol "viola la soberan¨ªa" del pa¨ªs centroamericano

"Si bien es cierto que la UCA y la Compa?¨ªa de Jes¨²s en El Salvador no fuimos los que iniciamos esta querella en Espa?a, estamos en solidaridad con las v¨ªctimas y sus familiares. As¨ª que estamos empe?ados en que los responsables capturados y enjuiciados", declar¨® a EL PA?S Henry Fino, abogado del Instituto de Derechos Humanos de la UCA (IDHUCA). Por su parte, Andreu Oliva, rector de la universidad, afirm¨® ayer que "al Estado salvadore?o le tocar¨¢ cumplir con esta orden y ser¨¢ la Audiencia [Nacional] la que desarrolle el proceso y puede asignar las responsabilidades a cada uno", seg¨²n recog¨ªa el diario local La P¨¢gina.

Entre los reclamados por Velasco est¨¢n los generales Humberto Larios y Orlando Zepeda, el exministro y el exviceministro de la Defensa Nacional, respectivamente; Juan Rafael Bustillo, jefe de la Aviaci¨®n, y el coronel Inocente Montano, exjefe de la seguridad nacional, as¨ª como otros mandos de cuarteles y de secciones especiales de las Fuerzas Armadas, adem¨¢s de los soldados que ejecutaron la acci¨®n, pertenecientes al Batall¨®n contrainsurgente Atlacatl, entrenado en Estados Unidos. El general Ren¨¦ Emilio Ponce, quien entonces era jefe de Estado Mayor de la Fuerza Armada, tambi¨¦n es reclamado, pero falleci¨® el mes pasado de un ataque al coraz¨®n.

Por su parte, Miguel Montenegro, de la Comisi¨®n de Derechos Humanos de El Salvador, afirm¨® que "el hecho de que se haya dictado orden de detenci¨®n a los asesinos de los jesuitas es importante en la justicia universal, porque manda el mensaje a todos aquellos violadores de derechos humanos en el mundo entero de que, aunque en sus Estados no haya justicia, hay lugares donde s¨ª se hace justicia".

En contraste, la derecha local ha expresado preocupaci¨®n y malestar por la orden de Velasco. Hablan de confabulaci¨®n de "la izquierda internacional" en contra del Ej¨¦rcito salvadore?o. El propio expresidente Alfredo Cristiani ?que gobernaba cuando se cometi¨® la matanza?, ahora m¨¢ximo l¨ªder de la opositora y derechista Alianza Republicana Nacionalista (Arena), asegura que "el caso ya fue juzgado y no se puede juzgar a nadie dos veces por un mismo delito. Un tribunal espa?ol que quiera intervenir en la justicia salvadore?a, es un poco violar la soberan¨ªa del pa¨ªs".

Por su parte, el exfiscal general Astor Escalante y el magistrado de la Corte Suprema de Justicia Ul¨ªses Guzm¨¢n, ambos de derechas, esgrimieron la Ley de Amnist¨ªa General vigente desde 1993 y que el propio Cristiani promulg¨®, lo que impidi¨® que se juzgaran los cr¨ªmenes de lesa humanidad que cometieron tanto la guerrilla como el Ej¨¦rcito durante la guerra civil.

"No hay excusa... no hay violaci¨®n a la soberan¨ªa... Lo que tenemos presente es la universalidad de la justicia al tratarse de delitos de lesa humanidad. Cualquier tribunal del mundo lo podr¨ªa haber enjuiciado y en cualquier tiempo, porque estos delitos son extraterritoriales y no prescriben, adem¨¢s de que no pueden ser amnistiables", afirm¨® categ¨®ricamente Fino. El abogado de la IDHUCA a?adi¨® que "la reacci¨®n de la derecha salvadore?a es hip¨®crita, pretenden seguir manteniendo la impunidad. Ahora lo que esperamos es que el Estado salvadore?o act¨²e en funci¨®n de la verdad y la justicia".