Bombas de tiempo en el coraz¨®n de Per¨²

Hay m¨¢s de 230 conflictos sociales activos o latentes en Per¨², la mayor¨ªa en ¨¢reas rurales pobres que han quedado marginadas del enorme crecimiento econ¨®mico que disfruta el pa¨ªs desde hace un decenio gracias en gran parte a las exportaciones de minerales, cuyos precios se han disparado ante el apetito de China. M¨¢s de la mitad de esos conflictos involucran a la comunidad ind¨ªgena, tienen que ver con una protesta por una explotaci¨®n minera y generan violencia. Cientos de miles de inversiones han sido congeladas hasta que el Gobierno resuelva estos conflictos e incluso parte de los 40.000 millones de d¨®lares que las empresas extranjeras ya se han comprometido a desembolsar en el pa¨ªs andino est¨¢ en revisi¨®n. Todos estos conflictos ejercer¨¢n una enorme presi¨®n sobre el Gobierno del presidente electo Ollanta Humala, tanto desde el punto de vista pol¨ªtico como del gasto p¨²blico, porque los votos de los lugares donde se producen han sido clave en la victoria nacionalista del domingo.

Las comunidades ind¨ªgenas tienen sus razones para oponerse a las concesiones mineras o forestales. El sector contamina mucho, apenas genera mano de obra directa en la zona de explotaci¨®n, y para colmo el Estado peruano ha demostrado ser bastante ineficiente a la hora de revertir en las ¨¢reas m¨¢s pobres el dinero que recibe de las empresas a trav¨¦s de los impuestos. La combinaci¨®n ha creado bombas de tiempo que ninguno de los dos anteriores gobiernos, el de Alejandro Toledo y el saliente de Alan Garc¨ªa, han sabido desactivar a tiempo. El caso m¨¢s tr¨¢gico se produjo justamente hace dos a?os, el 5 de junio de 2009, cuando una protesta ind¨ªgena que llevaba dos meses sin ser resuelta estall¨® en un enfrentamiento con las fuerzas de seguridad en el que murieron 33 personas, 23 de ellas polic¨ªas. Fue en Bagua, en la regi¨®n de Amazonas, y se la recuerda como el Baguazo.

El detonante fueron unas leyes forestales y del uso de la tierra del cultivo que pretend¨ªan estimular las inversiones en la zona. Los ind¨ªgenas reclamaron su derecho a ser consultados antes de que se aprobase cualquier proyecto dentro de sus tierras y el Gobierno se resisti¨® a la petici¨®n. Dos a?os despu¨¦s poco ha avanzado el Ejecutivo de Lima para evitar sucesos similares. Con preocupante regularidad se producen bloqueos de carreteras, manifestaciones violentas y huelgas. La m¨¢s reciente, que amenaz¨® incluso la campa?a electoral, est¨¢ latente en la regi¨®n de Puno, lim¨ªtrofe con Bolivia. Los pobladores de diferentes zonas bloquearon carreteras, asaltaron edificios p¨²blicos y cometieron saqueo. Exigen que toda su regi¨®n sea declarada libre de actividades mineras y petroleras. El Gobierno consigui¨® una fr¨¢gil tregua.

En abril pasado, las persistentes protestas en la provincia de Islay, en Arequipa, obligaron al Ejecutivo a cancelar el proyecto T¨ªa Mar¨ªa de la empresa estadounidense Southern Copper. Lima objet¨® el informe del impacto medioambiental de la explotaci¨®n minera cuando la firma ya hab¨ªa invertido m¨¢s de 430 millones de d¨®lares, la mitad de lo previsto. Hace m¨¢s de un a?o, el Congreso aprob¨® una ley que obliga a consultar a los ind¨ªgenas antes de aprobar nuevos proyectos, pero la norma fue rechazada por el Ejecutivo, que la devolvi¨® al Parlamento. Desde entonces, el proyecto legal est¨¢ en el aire. El congresista humalista Javier Diez Canseco declar¨® ayer que Humala abrir¨¢ una v¨ªa de di¨¢logo con las comunidades para que haya un interlocutor v¨¢lido para frenar los conflictos antes de que acaben en tragedia.