Un tribunal de apelaciones impide aplicar partes de la ley de inmigraci¨®n de Alabama

Un juez federal del Tribunal de Apelaciones ha bloqueado partes de la ley de inmigraci¨®n del Estado de Alabama, que obligaba a las escuelas p¨²blicas a comprobar si los estudiantes y sus progenitores residen legalmente en Estados Unidos. La decisi¨®n llega despu¨¦s de que el Departamento de Justicia apelara contra la normativa ante las dudas sobre su constitucionalidad.

La ley de inmigraci¨®n estatal, la m¨¢s rigurosa de todo el pa¨ªs, entr¨® en vigor el pasado 5 de octubre y tambi¨¦n convert¨ªa en delito salir a la calle sin identificaci¨®n o firmar un contrato con una persona indocumentada. La polic¨ªa local, adem¨¢s, ganaba autoridad para comprobar el estatus migratorio de cualquier persona de la que sospechen que puede carecer de permiso de residencia.

El Gobierno denunci¨® la ley inmediatamente al considerar que los Estados no tienen autoridad para legislar en materia de inmigraci¨®n, competencia exclusiva del Congreso, y pide que no se aplique la ley hasta que se resuelvan las dudas sobre su constitucionalidad, un proceso que podr¨ªa llevar varios meses.

La decisi¨®n del Tribunal de Apelaciones del 11 Distrito Federal, con sede en Atlanta (Georgia), responde al recurso presentado por el Departamento de Justicia y que cuenta con el respaldo de grupos por los derechos de los inmigrantes y organizaciones religiosas. El dictamen, sin embargo, supone una victoria tanto para los defensores de la ley como para los denunciantes, al quedar bloqueados algunos de los apartados m¨¢s pol¨¦micos, mientras que otros permanecer¨¢n en vigor.

El juez ha decidido bloquear el art¨ªculo que obliga a comprobar el estatus de alumnos y sus progenitores y que hab¨ªa empujado a decenas de familias a dejar a los menores fuera de la escuela en las ¨²ltimas semanas. Asimismo, queda anulada la obligaci¨®n de llevar en todo momento una identificaci¨®n o copia del permiso de residencia, un art¨ªculo que violaba una sentencia vigente del Tribunal Supremo.

El Estado de Alabama seguir¨¢ teniendo permiso para determinar si las personas que hayan sido dadas el alto o detenidas ¡°de manera leg¨ªtima¡± residen legalmente en el pa¨ªs. Esta medida ya despert¨® muchas cr¨ªticas desde que Arizona la incluyera en su modelo de legislaci¨®n en 2010 ya que, seg¨²n alegan los grupos de defensa de los derechos civiles, incita a discriminar a los sospechosos en funci¨®n de su raza. Asimismo, seguir¨¢ estando prohibido que los indocumentados hagan transacciones econ¨®micas tanto con entidades oficiales como con empresas. Durante las ¨²ltimas semanas, varias organizaciones han denunciado que esta medida deja a numerosas familias sin agua ni electricidad.

Desde que una juez federal permitiera la entrada en vigor de la ley de inmigraci¨®n de Alabama a finales de septiembre, decenas de familias hispanas han abandonado el Estado. Aunque no hay cifras exactas y las escuelas tampoco pueden confirmar cuantos alumnos han faltado a clase a consecuencia de la ley, los indocumentados temen ser detectados por las autoridades. Las organizaciones de trabajadores agr¨ªcolas y peque?os empresarios tambi¨¦n han denunciado que la ausencia de muchos de sus trabajadores tendr¨¢ consecuencias econ¨®micas importantes, sobre todo para la agricultura.

?A pesar de que la poblaci¨®n hispana de Alabama representa apenas un 4% de la poblaci¨®n -muy por debajo de la media nacional, que asciende al 12%-, la inmigraci¨®n se ha convertido en un tema de intenso debate por el r¨¢pido crecimiento de este grupo. Seg¨²n los ¨²ltimos datos del Censo, la comunidad hispana aument¨® un 145% en la ¨²ltima d¨¦cada.

La mayor¨ªa de legisladores republicanos del Congreso de Alabama logr¨® sacar adelante una ley de inmigraci¨®n dise?ada a partir del modelo de Arizona, copiada tambi¨¦n en Utah, Georgia e Indiana. Sin embargo, ninguno de estos cuatro estados hab¨ªa llegado tan lejos como a poner entre sus objetivos a menores de edad.

El Partido Republicano alega que su iniciativa para crear leyes de inmigraci¨®n estatales es el resultado de la falta de respuesta del Gobierno ante la inmigraci¨®n ilegal. Los Dem¨®cratas, por su parte, defienden que la soluci¨®n debe llegar desde el Congreso y en forma de una ley que cambie el sistema de inmigraci¨®n a nivel nacional.

A partir de ahora, Alabama podr¨ªa seguir el mismo camino de Arizona. La gobernadora del Estado fronterizo con M¨¦xico, Jan Brewer, apel¨® al Tribunal Supremo la decisi¨®n de otro juez federal, que tambi¨¦n bloque¨® determinadas partes de la ley por considerarla inconstitucional. Si los jueces de la m¨¢xima instancia judicial del pa¨ªs admitieran el caso, la resoluci¨®n llegar¨¢ antes de junio de 2012, en medio de una campa?a electoral en la que la inmigraci¨®n ser¨¢ uno de los temas m¨¢s importantes.