Un tejido legal para regular a la prensa en Ecuador

Cinco iniciativas legales ha impulsado el Gobierno de Rafael Correa en su af¨¢n de regular a la prensa ecuatoriana. Hace poco, el mandatario envi¨® a la Asamblea Nacional los proyectos de ley sobre telecomunicaciones y sobre el nuevo C¨®digo Penal Integral, los cuales contienen diversas regulaciones que afectan a los medios de comunicaci¨®n y a la libertad de opini¨®n en el pa¨ªs. A ello se suman la Ley de Comunicaci¨®n, que en las pr¨®ximas semanas deber¨ªa aprobarse en el pleno del Legislativo, y dos leyes que ya se encuentran en vigencia: la Ley de Participaci¨®n Ciudadana y la Ley Antimonopolio.

Todas estas normas legales configuran un amplio tejido legal que pretende imponer grandes cambios en los medios de comunicaci¨®n de Ecuador sobre la base de que, seg¨²n lo expresado reiteradamente por el presidente Correa, es necesario ¡°acabar con los abusos de cierta prensa¡± y de que dicha prensa representa un enemigo de su ¡°revoluci¨®n ciudadana¡±.

El proyecto de Ley de Comunicaci¨®n ha permanecido m¨¢s de dos a?os en la Asamblea Nacional sin ser aprobado. Diversos sectores del pa¨ªs, as¨ª como organizaciones internacionales ¨Ccomo la Relator¨ªa para la Libertad de Expresi¨®n de la OEA, Unesco, Reporteros sin Fronteras, Human Rights Watch, entre otras- han expuesto sus observaciones en torno a dicho cuerpo legal, en especial en lo referente a las atribuciones de un Consejo de Regulaci¨®n de contenidos, el cual estar¨ªa integrado, entre otros miembros, por delegados del Gobierno.

En mayo pasado, una consulta popular planteada por el presidente Correa aprob¨® la creaci¨®n de un Consejo de Regulaci¨®n que, adem¨¢s de regular contenidos de violencia, sexo expl¨ªcito y discriminaci¨®n, ¡°establezca criterios de responsabilidad ulterior de los comunicadores o medios emisores¡±. Sin embargo, el oficialismo no ha logrado los votos necesarios en la Asamblea para aprobar la Ley de Comunicaci¨®n. Pese a ello, las autoridades legislativas han anunciado que en este mismo mes se proceder¨ªa al segundo y definitivo debate de este proyecto de ley.

Mientras tanto, desde el a?o anterior est¨¢ en vigor la Ley de Participaci¨®n Ciudadana, por medio de la cual se dispone que los medios de comunicaci¨®n rindan cuentas a los ciudadanos anualmente. El presidente Correa plante¨® tal norma bajo el argumento de que la comunicaci¨®n es un servicio p¨²blico, sobre el cual se requiere regulaci¨®n del Estado y rendici¨®n de cuentas.

Por otra parte, el mes pasado fue aprobada la Ley Antimonopolio, que se?ala que los empresarios que tengan m¨¢s del 6% de acciones en un medio de comunicaci¨®n no podr¨¢n tener participaci¨®n accionaria en ning¨²n otro negocio ajeno a la actividad comunicacional. La idea, seg¨²n el oficialismo, ser¨ªa evitar posibles conflictos de inter¨¦s en la propiedad de los medios de comunicaci¨®n.

Y a esto se debe a?adir lo que plantea el proyecto de Ley de Telecomunicaciones que la Asamblea ha empezado a tratar. All¨ª, adem¨¢s de multas de hasta 2,6 millones de d¨®lares, se propone que las concesiones de frecuencias de radio y televisi¨®n tengan una duraci¨®n de hasta 15 a?os, renovables v¨ªa adjudicaci¨®n directa m¨¢ximo hasta 30 a?os, luego de lo cual la frecuencia entrar¨ªa a un concurso p¨²blico para su nueva adjudicaci¨®n.

El Gobierno se?ala que esta disposici¨®n pretende ¡°democratizar el acceso a las frecuencias¡±. Pero diversas organizaciones han advertido que estas normas podr¨ªan debilitar a los medios de comunicaci¨®n en Ecuador, pues muchos de sus accionistas pensar¨¢n dos veces antes de invertir en un negocio en el que sus recursos estar¨ªan en riesgo a la hora de perder la concesi¨®n de una frecuencia y por el cual quedar¨ªan inhabilitados de participar en cualquier otro tipo de negocio en el pa¨ªs que no sea comunicacional. Y esto, mientras el gobierno tiene manejo en una veintena de medios en manos del Estado.

Finalmente, el proyecto de nuevo C¨®digo Penal Integral que acaba de ser presentado ante la Asamblea mantiene entre sus disposiciones la aplicaci¨®n de sanciones penales contra quienes injurien a una autoridad p¨²blica, con penas de prisi¨®n mayores que las que se aplicar¨ªan por injurias a un ciudadano com¨²n. El Gobierno ha dicho que la iniciativa legal elimina de la legislaci¨®n ecuatoriana los art¨ªculos sobre el desacato, entendido como ofensas contra la autoridad p¨²blica, pero expertos como la propia relatora para la Libertad de Expresi¨®n de la OEA, Catalina Botero, han se?alado que el castigar penalmente la injuria contra funcionarios p¨²blicos como agravante, es una forma de desacato.

Numerosos pa¨ªses de la regi¨®n han eliminado de sus legislaciones las leyes de desacato en sus diversas formas y han despenalizado los delitos de opini¨®n. Tales decisiones han tenido como una de sus bases la Declaraci¨®n de Principios sobre Libertad de Expresi¨®n de la Comisi¨®n Interamericana de Derechos Humanos, la cual establece que "la protecci¨®n a la reputaci¨®n debe estar garantizada s¨®lo a trav¨¦s de sanciones civiles, en los casos en que la persona ofendida sea un funcionario p¨²blico o persona p¨²blica".

Y en tanto se tratan en la Asamblea las iniciativas legales promovidas por el gobierno, se mantienen las constantes descalificaciones a medios y periodistas por medio de generalizaciones por parte del oficialismo con el uso de adjetivos como ¡°prensa corrupta¡± y ¡°sicarios de tinta¡±, y contin¨²an los millonarios juicios penales interpuestos por el presidente Correa en contra de dos periodistas en un caso, y de un diario, sus directivos y su exeditor de Opini¨®n, en otro.

Sin duda de entrar en vigencia el entramado legal propiciado por el gobierno el panorama para los medios de comunicaci¨®n en Ecuador cambiar¨¢ ampliamente. La pregunta es si con esas transformaciones el pa¨ªs contar¨¢ con suficientes medios que no sucumban ante procesos de censura y autocensura motivados por presiones pol¨ªticas, de sostenimiento econ¨®mico, o de cualquier ¨ªndole.