Estados Unidos rebaja las penas de c¨¢rcel por posesi¨®n de drogas

Hamedah Hasan ten¨ªa 21 a?os cuando huy¨® con sus dos hijas de los maltratos de su pareja. Acogida por un primo traficante de coca¨ªna, le ayud¨® con algunos recados y haciendo transferencias de dinero hasta que fue detenida por la polic¨ªa. Nunca hab¨ªa consumido drogas, pero fue condenada a cadena perpetua por ¡°conspiraci¨®n y distribuci¨®n de coca¨ªna¡±.

El caso de Hasan ha sido destacado durante a?os por American Civil Liberties Union (ACLU), la coalici¨®n m¨¢s importante en defensa de los derechos civiles en Estados Unidos. Una ley de 1986 respondi¨® a la crisis social causada por las drogas endureciendo las penas por posesi¨®n de drogas. Las sentencias por posesi¨®n de crack pasaban a ser 100 veces m¨¢s duras que por tenencia de coca¨ªna en polvo, es decir, cinco gramos de crack estaban penalizados con cinco a?os de c¨¢rcel, pero se necesitaban 500 gramos de coca¨ªna en polvo para recibir la misma condena.

Hasan ha cumplido ya 18 a?os en prisi¨®n. A partir de esta semana, podr¨ªa beneficiarse de un cambio en la ley que regula las penas por posesi¨®n de drogas y que podr¨ªa dejar en libertad a unos 12.000 presos en Estados Unidos. El Congreso inici¨® el a?o pasado una reforma de la Ley de Sentencias Equilibradas con el objetivo de reducir la disparidad en las condenas por posesi¨®n de drogas, eliminando el abismo entre las condenas por uno y otro tipo de coca¨ªna y anulando la pena m¨ªnima de c¨¢rcel obligatoria.

La Comisi¨®n de Sentencias de EE UU decidi¨® adem¨¢s este verano que la ley debe ser aplicada de manera retroactiva, por lo que unos 1.900 reclusos han quedado en libertad esta semana de manera autom¨¢tica y miles de presos pueden solicitar ya que se revisen sus condenas.

ACLU y otras organizaciones denuncian desde los a?os 80 que la legislaci¨®n anterior discriminaba en contra de la poblaci¨®n afroamericana, consumidores m¨¢s frecuentes de crack, sin afectar a los ciudadanos blancos, que suelen optar por coca¨ªna en polvo. Seg¨²n descubri¨® la Comisi¨®n de Sentencias en un informe de 2002 en reacci¨®n a las denuncias, el 85% de los condenados por posesi¨®n de coca¨ªna son afroamericanos, una cifra que se ajusta a la disparidad de la poblaci¨®n encarcelada. EE UU cuenta con casi dos millones y medio de personas en prisi¨®n: uno de cada cien adultos estadounidenses est¨¢ en la c¨¢rcel, seg¨²n un estudio del Centro Pew de Investigaciones en 2008. En el caso de la poblaci¨®n afroamericana, el porcentaje asciende a uno de cada 11, frente a uno de cada 45 blancos.

Adem¨¢s de recortar las diferencias raciales en las sentencias, como reclaman estas organizaciones, la reforma legal responde a la situaci¨®n econ¨®mica que atraviesa en este momento el pa¨ªs. La nueva legislaci¨®n de condenas por posesi¨®n de coca¨ªna permitir¨¢ ahorrar 200 millones de d¨®lares (145 millones de euros) en los pr¨®ximos cinco a?os, seg¨²n la Oficina de Centros Penitenciarios.

El incremento de la poblaci¨®n encarcelada en Estados Unidos -en constante aumento desde hace cuatro d¨¦cadas- y el coste econ¨®mico que supone mantener el sistema de prisiones ha obligado a muchos estados a buscar alternativas ante la crisis. En Nueva York, el gobernador Andrew Cuomo anunci¨® en junio que cerraba siete centros penitenciarios para recortar 184 millones de d¨®lares (133 millones de euros). En California, miles de reclusos han quedado en libertad ante la imposibilidad de financiar su mantenimiento por parte de un estado que roz¨® la bancarrota en 2010.

Razones econ¨®micas para la reforma?

Los expertos aseguran que ha sido la crisis econ¨®mica y no tanto la ca¨ªda del crimen lo que ha obligado a modificar las pol¨ªticas penitenciarias. Durante las ¨²ltimas d¨¦cadas, el sistema judicial pon¨ªa el ¨¦nfasis en el encarcelamiento, dejando de lado la rehabilitaci¨®n de los presos y los programas de reinserci¨®n, pr¨¢cticamente inexistentes. El resultado es que Estados Unidos debe invertir cada a?o 50.000 millones de d¨®lares (36.000 millones de euros) en sus c¨¢rceles y en algunos estados esto supone un 10% del presupuesto. Nueva York, por ejemplo, destina unos 70.000 d¨®lares (50.000 euros) por recluso que ingresa en el penitenciario de Rikers Island, una cantidad muy superior a lo que invierten estudiantes por una licenciatura en una universidad p¨²blica.

Mientras, las c¨¢rceles de California acumulan el doble de presos de su capacidad, por lo que est¨¢n obligados a buscar alternativas como reducir las condiciones para obtener la libertad condicional o estrenar programas de inserci¨®n. En enero de 2010 el entonces gobernador Arnold Schwarzenegger anunciaba el ahorro de mil millones de d¨®lares anuales en el presupuesto estatal al ¡°elegir las universidades antes que las c¨¢rceles¡±. California acababa de modificar la legislaci¨®n para garantizar que s¨®lo cumplen penas m¨¢ximas de c¨¢rcel aquellos detenidos que supongan un alto riesgo para la poblaci¨®n, mientras que el resto puede acceder a sentencias menores combinadas con programas de reinserci¨®n.

California necesitaba vaciar sus c¨¢rceles. El recuento de 2009 demostr¨® que los centros penitenciarios estatales, dise?ados para acoger a 80.000 personas, llegaron a albergar a 156.000. El Tribunal Supremo respondi¨® con una sentencia que obliga a California a liberar hasta 30.000 reclusos en los pr¨®ximos dos a?os por considerar que las condiciones de ocupaci¨®n de las c¨¢rceles equivalen a un ¡°trato cruel y castigo irregular¡± hacia los presos ¡°causando da?os y muertes innecesarias¡±.

Luisiana o Georgia, afectados por el mismo problema de saturaci¨®n que California, tambi¨¦n han recurrido al sistema de c¨¢rceles privadas para aliviar el exceso de reclusos. Estos centros cumplen las mismas condiciones y legislaci¨®n que cualquier prisi¨®n estatal y cobran un servicio de alquiler por cada preso que acogen. Empezaron a construirse en los a?os 70, evitando las complicaciones de presupuesto y legislaci¨®n a las que se enfrenta la edificaci¨®n de cualquier c¨¢rcel financiada con dinero p¨²blico, y cuatro d¨¦cadas despu¨¦s se ha convertido en una industria que mueve 5.000 millones de d¨®lares al a?o gracias a la promesa de reducir costes por persona encarcelada. Sin embargo, puede que sus intereses econ¨®micos est¨¦n detr¨¢s de diversos esfuerzos para influir en la legislaci¨®n penitenciaria y lograr la extensi¨®n de condenas o la falta de alternativas a sentencias de c¨¢rcel, tal y como han denunciado varias organizaciones en los ¨²ltimos meses.