La c¨¢rcel, guardiana de la memoria de los genocidios

El 16 de diciembre de 2005, ante los ojos del mundo, un tribunal de Estambul celebr¨® una vista penal en la que se somet¨ªa a juicio al escritor Orhan Pamuk, que posteriormente ser¨ªa galardonado con el Premio Nobel. La fiscal¨ªa le imputaba haber declarado que ¡°un mill¨®n de armenios fueron asesinados en estas tierras entre 1915 y 1917, y nadie se atreve a decirlo¡±. El proceso, fundamentado en una norma que criminaliza los insultos a la naci¨®n, la etnia o las instituciones turcas, caus¨® gran revuelo y protestas en muchos pa¨ªses. Finalmente, ante la fuerte presi¨®n externa, el cargo penal fue archivado.

Dentro de pocos d¨ªas, en Francia, quienes nieguen que los armenios sufrieron un genocidio (o cualquier otro genocidio reconocido como tal por el Parlamento), se enfrentan a un a?o de c¨¢rcel. Nicolas Sarkozy tiene previsto promulgar la ley, aprobada la semana pasada por el Senado franc¨¦s, a principios de febrero.

Los dos episodios se sit¨²an en las ant¨ªpodas en el mapa de las posibles relaciones entre Estado y memoria. Pero, pese a la admirable intenci¨®n de defender a las v¨ªctimas ante repugnantes episodios de negacionismo, la formulaci¨®n del texto franc¨¦s tambi¨¦n ha despertado serias perplejidades jur¨ªdicas, pol¨ªticas y diplom¨¢ticas.

Turqu¨ªa enjuici¨® a Pamuk por lo contrario: hablar del genocidio

La pugna entre quienes ven en ¨¦l una noble defensa de la memoria y aquellos que lo consideran un peligroso recorte a la libertad de opini¨®n se inscribe, en este caso, en el marco de un vibrante conflicto diplom¨¢tico con Turqu¨ªa. Ankara reconoce que el Imperio Otomano mat¨® a cientos de miles de armenios pero, con varios argumentos, rechaza que se tratara de un genocidio, es decir, de un intento de exterminio de ese pueblo.

Como tel¨®n de fondo de toda la pol¨¦mica, se evidencia el perfil de una Europa que recurre cada vez m¨¢s al derecho penal como guardi¨¢n de la memoria, como ¨²ltimo baluarte ante la sensaci¨®n de una deriva, ante el proliferar de episodios indignantes ¡ªcomo el baile de ultraderechistas organizado el viernes pasado en Viena en el D¨ªa de la Memoria del Holocausto¡ª a los que la Red y las nuevas tecnolog¨ªas otorgan un peligroso eco. Ante semejante escenario, muchos quieren poner remedio a trav¨¦s del Estado, del derecho, que define y reprime. ¡°En el fondo, aqu¨ª nos encontramos ante un debate vinculado a la identidad europea, que se est¨¢ difuminando, y por tanto, quiz¨¢ en un s¨ªntoma de debilidad, nos estamos anclando al derecho penal¡±, observa Emanuela Fronza, profesora de la Universidad de Trento que ha publicado varios estudios en la materia.

Una sentencia del Constitucional ha eliminado en Espa?a esa figura penal

En este territorio se inscribe, precisamente, el primer orden de cr¨ªticas a la ley francesa, que otorga al legislador el poder de definir cu¨¢les episodios hist¨®ricos fueron genocidios. Muchos historiadores se rebelan ante esta situaci¨®n. ¡°En un Estado libre, no compete a las autoridades pol¨ªticas definir la verdad hist¨®rica y restringir la libertad de los investigadores bajo amenaza penal¡±, reza un manifiesto del grupo Libertad para la Historia, un movimiento de acad¨¦micos que se opone a la ley. Varios pa¨ªses (entre ellos Alemania) condenan el negacionismo del Holocausto, pero conceder al legislador potestad para definir cu¨¢les actos fueron genocidios es claramente un paso m¨¢s.

Un segundo orden de cr¨ªticas concierne las circunstancias espec¨ªficas del caso. ¡°El negacionismo del genocidio armenio es una pol¨ªtica p¨²blica, de Estado. Por ello, suscita particular perplejidad el uso del derecho penal, que se concentra en los individuos, en lugar de encarar el tema desde un punto de vista pol¨ªtico¡±, dice Fronza. Con esta ley, no solo podr¨ªa ser enjuiciado en Francia el primer ministro turco, Recep Tayyip Erdogan, por expresar el punto de vista oficial del pa¨ªs; tambi¨¦n lo ser¨ªa cualquier estudiante mayor de edad que repitiera la lecci¨®n aprendida en la escuela.

Un tercer orden de cr¨ªticas concierne la amplia formulaci¨®n del texto, que permitir¨¢ llevar al banquillo a cualquiera que argumente que no se trat¨® de genocidio, sin distinguir entre aquellos que niegan burdamente con la intenci¨®n de fomentar odio y violencia, y aquellos que argumenten objeciones con respeto hacia las v¨ªctimas, que no niegan los hechos, sino, sobre la base de investigaciones acad¨¦micas, su calificaci¨®n jur¨ªdico-hist¨®rica.

Al respecto, es interesante la jurisprudencia espa?ola. El C¨®digo Penal espa?ol inclu¨ªa una norma muy parecida a la francesa, pero el Tribunal Constitucional orden¨® en 2007 eliminar la penalizaci¨®n de la simple negaci¨®n de genocidio. ¡°Por otra parte, la criminalizaci¨®n de la justificaci¨®n de genocidio fue salvada por el Constitucional, pero solo cuando esta constituye una provocaci¨®n indirecta a la comisi¨®n de cr¨ªmenes¡±, explica el profesor Bernardo Feijoo, de la Universidad Aut¨®noma de Madrid. ¡°As¨ª que el punto de equilibrio del Constitucional es claro: el l¨ªmite a la libertad de expresi¨®n empieza en el punto en el que esta se usa para organizar un clima favorable a que se atente contra un determinado grupo ¨¦tnico, religioso, etc¨¦tera. Eso es, por ejemplo, lo que sucedi¨® con Radio Ruanda, que lanzaba mensajes incendiarios antes de que empezara la masacre¡±.

As¨ª, en Espa?a, las autoridades actuaron por la v¨ªa penal contra el due?o de la librer¨ªa Europa de Barcelona, que difund¨ªa textos antisemitas y que justificaban el Holocausto. Pero ser¨ªa inadmisible un procedimiento penal contra el prestigioso historiador Bernard Lewis que, con argumentos acad¨¦micos, sostiene que la masacre de armenios en Anatolia no puede clasificarse como genocidio.

¡°Pero la sentencia del Constitucional espa?ol va en contratendencia, es pr¨¢cticamente la ¨²nica en ese sentido. En Europa se extiende la aceptaci¨®n de la penalizaci¨®n de la negaci¨®n, que es reclamada por las propias instituciones europeas¡±, se?ala Fronza.

Este es uno de los argumentos de los promotores de la ley francesa: cumplir con las decisiones marco europeas. Los detractores indican que esta va mucho m¨¢s all¨¢ de la petici¨®n de Bruselas, al no exigir ese v¨ªnculo entre negaci¨®n y peligro social.

Val¨¦rie Boyer, la diputada que ha impulsado la ley, ha defendido as¨ª el esp¨ªritu de la norma en un art¨ªculo publicado en la revista Atl¨¢ntico: ¡°Los franceses de origen armenio tienen derecho a ser protegidos en su territorio de las terribles propagandas que ensucian la memoria de sus familiares masacrados. [...] Para ellos, reclamo la protecci¨®n de la Rep¨²blica contra esa insoportable agresi¨®n moral¡±. Boyer afirma, adem¨¢s, que ¡°negar genocidios contrastados significa prolongar la intenci¨®n genocida sobre las generaciones siguientes y atentar contra su dignidad humana¡±.

Boyer milita en la conservadora formaci¨®n UMP; pero la ley ha roto las l¨ªneas pol¨ªticas, cosechando votos a favor y en contra en el seno de pr¨¢cticamente todos los partidos. Los cr¨ªticos se?alan que la ley, a tres meses de las presidenciales, tiene un sabor electoral: en Francia hay unos 500.000 electores de origen armenio.