Un juez mexicano ordena liberar a la mujer francesa encarcelada desde 2005

La Corte Suprema de M¨¦xico tiene frente a s¨ª el proyecto de resoluci¨®n sobre uno de los casos m¨¢s pol¨¦micos en los ¨²ltimos a?os en este pa¨ªs. El pr¨®ximo d¨ªa 21, la primera sala de ese ¨®rgano judicial discutir¨¢ si respalda la propuesta del magistrado Arturo Zald¨ªvar de liberar a la ciudadana francesa Florence Cassez, presa desde diciembre de 2005 acusada de pertenecer a una banda de secuestradores. El caso divide a la ciudadan¨ªa mexicana y ha provocado un enfriamiento sin precedentes en las relaciones entre M¨¦xico y Francia.

El proyecto de resoluci¨®n, dado a conocer este mi¨¦rcoles, argumenta que a Cassez se le violaron tres derechos fundamentales ¨Centre ellos el de la debida asistencia consular inmediata-- y que ¡°las pruebas en contra de Florence Cassez (¡­) carecen de fiabilidad, ya que los testimonios de las v¨ªctimas, as¨ª como las declaraciones de los polic¨ªas, son producto de una deformaci¨®n de la realidad provocada por la Agencia Federal de Investigaci¨®n¡±.

El caso se remonta al 9 de diciembre de 2005, cuando la Procuradur¨ªa General de la Rep¨²blica (fiscal¨ªa) inform¨® que hab¨ªa sido detenida la banda de secuestradores Los Zodiaco, a la que se atribu¨ªan una decena de secuestros. La televisi¨®n mostr¨® im¨¢genes de los detenidos, entre los que estaba Cassez. Tres meses despu¨¦s, sin embargo, se supo que la detenci¨®n no hab¨ªa ocurrido de la manera ni en el lugar que dijo la polic¨ªa, sino que los presuntos secuestradores hab¨ªan sido retenidos durante horas y que la extinta Agencia Federal de Investigaci¨®n (AFI), el cuerpo polic¨ªaco que llev¨® a cabo el operativo, escenific¨® al d¨ªa siguiente la ¡°detenci¨®n¡± para que fuese recogida por la prensa como si estuviera ocurriendo en vivo. A pesar de todo ello, y de contradicciones entre testigos y v¨ªctimas a lo largo del juicio, Cassez, de 37 a?os, fue condenada a 60 a?os de prisi¨®n por su participaci¨®n en tres secuestros, sentencia que fue ratificada en febrero de 2011 por un Tribunal Colegiado en Materia Penal.

Un ingrediente extra de la complejidad del caso se deriva de que el entonces jefe de la AFI es el hoy secretario de Seguridad P¨²blica, Genaro Garc¨ªa Luna, cercan¨ªsimo colaborador del presidente Felipe Calder¨®n.

¡°Al quedar acreditado en el expediente que los agentes de polic¨ªa que detuvieron a Cassez no contactaron de inmediato con el Consulado franc¨¦s, el proyecto declara la violaci¨®n al derecho fundamental de los detenidos extranjeros a la notificaci¨®n, contacto y asistencia consular¡±, inform¨® la Suprema Corte sobre lo que contiene la propuesta elaborada por el juez Zald¨ªvar, que demanda otorgar el amparo solicitado por Cassez y ordenar su inmediata y absoluta libertad.

El pr¨®ximo d¨ªa 21, cinco jueces decidir¨¢n sobre la libertad de Cassez y el caso quedar¨¢ concluido

Sobre el segundo derecho que le fue violado a Cassez, la propuesta de Zald¨ªvar expone que al ¡°quedar acreditado en el expediente que la detenida no fue puesta a disposici¨®n inmediata del Ministerio P¨²blico, sino que, por el contrario, fue llevada al Rancho Las Chinitas a fin de que participara en un montaje preparado por las autoridades que la detuvieron, el proyecto declara la violaci¨®n al derecho fundamental de los detenidos a ser puestos a disposici¨®n inmediata ante el Ministerio P¨²blico¡±.

El proyecto de resoluci¨®n agrega que ¡°la violaci¨®n a los derechos fundamentales a la asistencia consular y a la puesta a disposici¨®n sin demora produjeron, por s¨ª mismas, una indefensi¨®n total de Florence Cassez. (¡­) Estas violaciones provocaron la afectaci¨®n total del procedimiento al tener una incidencia devastadora en otros derechos fundamentales, como la presunci¨®n de inocencia y la defensa adecuada¡±.

Cassez ha clamado su inocencia en torno a los delitos, si bien ha quedado establecido que manten¨ªa una relaci¨®n con Israel Vallarta Cisneros, l¨ªder de la banda de secuestradores. El escrito de Zald¨ªvar no se pronuncia sobre la inocencia ni de la ciudadana francesa, pero s¨ª establece que ¡°la violaci¨®n a estos tres derechos generaron en el caso concreto un efecto corruptor en todo el proceso penal y viciaron toda la evidencia incriminatoria en contra de Florence Cassez¡±.

El presidente franc¨¦s, Nicol¨¢s Sarkozy, puso particular empe?o en el caso de su compatriota. Su visita de Estado a M¨¦xico en marzo de 2009 qued¨® marcada por el desencuentro entre el mandatario galo, que reclamaba una revisi¨®n al caso de su conciudadana, y la del presidente Felipe Calder¨®n a acceder a esa petici¨®n. Las tensiones provocaron incluso la cancelaci¨®n del A?o de M¨¦xico en Francia, un ambicioso proyecto cultural de presencia mexicana en Francia en 2011. El Gobierno mexicano desmont¨® el proyecto despu¨¦s de que los franceses decidieran usar ese escaparate para reclamar a Cassez, considerada inocente en su pa¨ªs. Sarkozy ha dicho este jueves a una radiodifusora francesa que la propuesta de Zald¨ªvar ¡°es la primera verdadera buena noticia en cinco a?os y medio¡±, y que tiene confianza en la justicia mexicana.

El caso implica tambi¨¦n divisi¨®n en M¨¦xico. Los observadores han subrayado la contradicci¨®n de que el Gobierno mexicano pase por alto la falta de un debido proceso en el caso de Cassez, al demostrarse que no se le brind¨® asistencia consular. M¨¢s a¨²n cuando el Ministerio de Exteriores mexicano ha reclamado internacionalmente, en repetidas ocasiones, sobre juicios en Estados Unidos donde se ha demostrado que las autoridades fallaron al otorgar la asistencia consular debida a ciudadanos mexicanos, que incluso han sido condenados a la pena de muerte.

El magistrado argumenta que el proces¨® viol¨® tres derechos fundamentales de la ciudadana gala

Organizaciones que han luchado en contra del secuestro y la impunidad, sin embargo, se han pronunciado en diversas ocasiones convencidos de la culpabilidad de Cassez y han pedido al Gobierno mexicano que no permita siquiera que la ciudadana francesa se acoja al tratado de Estrasburgo y purgue la pena en su pa¨ªs.

En cambio, la Corte Suprema tambi¨¦n recibi¨® un documento Amicus Curiae firmado por organismos defensores de derechos humanos, entre ellos el Ombudsman de la ciudad de M¨¦xico, Luis Gonz¨¢lez Placencia, en el que sostienen que ¡°el respeto al debido proceso es un imperativo en la administraci¨®n de justicia, las pruebas obtenidas de manera ilegal y la indiferencia frente a las irregularidades presentes en este asunto sientan un precedente contrario a los principios que rigen nuestra Constituci¨®n y los Tratados Internacionales en materia de Derechos Humanos¡±.

El pr¨®ximo d¨ªa 21, el caso quedar¨¢ concluido en ¨²ltima instancia. La resoluci¨®n, a favor o en contra de lo planteado por Zald¨ªvar, se decidir¨¢ con el voto de tres de los cinco jueces que integran la primera sala de la Corte Suprema mexicana.