El exilio cubano gana una batalla en Florida con un esperpento legislativo
El gobernador firma una ley estatal que proh¨ªbe negocios con la isla, pero reconoce que debe ser aprobada por el Congreso federal y por el presidente
El poder del exilio radical cubano en el sur de Florida no parece discutible. Muchos a?os de logros lo atestiguan. Pero es un poder muy relativo, con l¨ªmites, 53 a?os despu¨¦s de un castrismo sin fin. Es una larga historia de m¨²ltiples batallas perdidas frente a victorias solo puntualmente grandes en los ¨¦xitos de vida personales de algunos exiliados, pero siempre a 90 millas de su tierra a?orada. Por eso la guerra no ha terminado y las peleas pueden ser incluso surrealistas, como la ¨²ltima te¨®ricamente ganada, tambi¨¦n de incierto futuro. Es la del enredo de una ley que puede ser in¨²til; el cuento de la tomadura de pelo de un gobernador que quiso quedar bien con dios y con el diablo. Un aut¨¦ntico esperpento.
Los tiempos son cada vez m¨¢s cr¨ªticos con la vieja postura radical de Estados Unidos con Cuba. El senador dem¨®crata por Nuevo M¨¦xico y presidente del Comit¨¦ de Energ¨ªa y Recursos Naturales, Jeff Bingaman, es el ¨²ltimo que acaba de pedir el fin del embargo, el restablecimiento de relaciones diplom¨¢ticas y que la comunidad cubanoamericana deje de marcar la pol¨ªtica exterior en lugar de los intereses nacionales. Pero el n¨²cleo duro del exilio sigue en las ant¨ªpodas y reaccion¨® nuevamente con virulencia porque, adem¨¢s, esperaba su peque?o momento de gloria. Apenas dos semanas despu¨¦s, el gobernador de Florida, Rick Scott, firm¨® la ley FHB 959, aprobada sin oposici¨®n por la legislatura estatal.
El objetivo de la norma es prohibir a las empresas que efect¨²an negocios con Cuba y Siria hacerlo con el Gobierno estatal y los municipales, es decir, beneficiarse de dinero p¨²blico floridano en contratos por encima del mill¨®n de d¨®lares. Tampoco se podr¨ªan invertir los suculentos fondos de pensiones en dichas empresas. Sin citarse expl¨ªcitamente, es un claro castigo para firmas como la constructora gigante brasile?a Odebrecht, que ha hecho grandes obras en Miami, como la terminal norte del aeropuerto, y estaba entre las favoritas a seguir con Airport City, un complejo enorme con dos hoteles en los alrededores y un presupuesto de 700 millones de d¨®lares. Pero Odebrecht est¨¢ trabajando actualmente en la modernizaci¨®n del puerto cubano del Mariel por una cantidad similar. Una afrenta a¨²n mayor para los cubanos, porque desde all¨ª sali¨® la ¨²ltima gran estampida de exiliados en 1980.
La aprobaci¨®n de la ley fue as¨ª un logro de la presi¨®n dura anticastrista surfloridana frente a las quejas de Brasil y Canad¨¢, sobre todo, que acogen el mayor n¨²mero de los dos centenares largos de empresas que est¨¢n en el negocio. Nadie duda de que en el Parlamento de Tallahassee manda casi siempre el norte de Florida, mucho menos cubano. Pero no dejaba de ser un anexo l¨®gico a la ya vigente ley que castiga a Ir¨¢n y Sud¨¢n, pa¨ªses considerados en una lista del Departamento de Estado como patrocinadores del terrorismo.
Rick Scott admite que la iniciativa ser¨¢ impugnada en los tribunales
El acto de la firma tuvo incluso una ceremonia muy emotiva. El escenario fue la emblem¨¢tica Torre de la Libertad en el centro de Miami, que conmemora el lugar donde llegaron los primeros cubanos huidos de la isla. Estuvieron presentes las fuerzas vivas del exilio intransigente. Scott, entre el entusiasmo general, lleg¨® a declarar: ¡°Lo que estamos haciendo es lo correcto para la libertad, la familia y el mundo¡±.
Sin embargo, apenas unas horas despu¨¦s de los aplausos lleg¨® el chasco. Se conoci¨® que el inefable gobernador divulg¨® una nota se?alando que la ley ¡°deber¨ªa tener la aprobaci¨®n del Congreso federal y del presidente Barack Obama¡±. Es decir, como si hubiera firmado en papel mojado y cur¨¢ndose en salud sobre algo ya sabido, que la pol¨ªtica exterior del pa¨ªs no la marcan los Estados, sino Washington. La tomadura de pelo indign¨® a los entusiastas radicales, que se sintieron burlados. El representante federal David Rivera lleg¨® a amenazar con llevar al gobernador a los tribunales. ¡°?l no tiene m¨¢s que dos poderes, vetar la ley o firmarla. Pero nada m¨¢s. El que no est¨¦ de acuerdo, que vaya a la corte¡±.
El gobernador no tuvo m¨¢s remedio que tratar de arreglar su desaguisado inmediatamente. ¡°La ley es buena¡±, dijo en otro comunicado, ¡°estoy orgulloso de haberla firmado y de enviar un mensaje claro a estos reg¨ªmenes opresivos. Abogados constitucionalistas me han dicho que ser¨¢ impugnada en los tribunales, pero la firm¨¦ independientemente de ello y se convertir¨¢ en ley estatal el 1 de julio¡±. Los futuros demandantes, en cualquier caso, ya tienen el argumento perfecto para impedir que pueda prosperar: palabra de gobernador, nada menos. Seg¨²n la mayor¨ªa de expertos, la ley, aparte de la mala imagen que supone para atraer inversiones extranjeras, m¨¢s que entrar en vigor va a entrar directamente en juicios.
Scott, a seis meses de las elecciones nacionales, quiso contentar al a¨²n potente electorado cubano conservador tras haberle negado medio mill¨®n de d¨®lares para el Museo de Bah¨ªa de Cochinos, que conmemora la invasi¨®n fallida de exiliados en 1961. Pero no puede olvidar que es un empresario llegado al cargo a golpe de talonario, y sus medidas, algunas ins¨®litas, han ido siempre en la mira del negocio privado, algo t¨ªpico estadounidense. Incluso viaj¨® a Brasil, como otros grupos empresariales, para fomentar las inversiones de este pa¨ªs, que ya son las m¨¢s importantes en Florida. Su capacidad pol¨ªtica es elocuente.
La norma afecta
Otros intentos paralelos de leyes estatales han tenido distinto resultado. Mientras fracas¨® una de Rivera sobre restricciones a los viajes (como la federal del tambi¨¦n congresista Mario D¨ªaz Balart y otro proyecto de Marco Rubio, el senador de origen cubano con m¨¢s renombre actualmente), s¨ª sali¨® adelante una de menor tono econ¨®mico, pero que podr¨ªa crear jurisprudencia. Proh¨ªbe a las universidades estatales disponer de fondos p¨²blicos para efectuar los viajes acad¨¦micos promovidos por la administraci¨®n Obama. Los defensores de la ley FHB 959, argumentan precisamente eso, que solo hace hincapi¨¦ en el derecho estatal al buen uso de los fondos p¨²blicos, no de los privados, y que por ello no se necesita el permiso de Washington.
Despu¨¦s del acto de la firma se escucharon argumentos de l¨ªderes anticastristas como ¡°es lo moralmente correcto para que el dinero de los contribuyentes no vaya a empresas que se lucran con tiran¨ªas oprobiosas¡±, o que las empresas ¡°deben escoger entre la tiran¨ªa de Castro y el opresivo r¨¦gimen de Assad o el mercado bueno y sano de Florida¡±. Pero es un contrasentido m¨¢s en las relaciones con Cuba. Estados Unidos mantiene un embargo gen¨¦rico, pero est¨¢ entre los cinco mejores socios comerciales de la isla. Por ¡°razones humanitarias¡± permite desde 2000 a empresarios de sus Estados, incluida Florida, vender a Cuba productos alimenticios, agr¨ªcolas y ganaderos, con la estupenda condici¨®n, adem¨¢s, de cobrar al contado. Es una forma hip¨®crita de evitar los cr¨¦ditos comerciales que impedir¨ªa la Ley Helms-Burton del embargo. Es decir, business is business. Pero el exilio radical sigue con el discutible sistema de poner puertas a un campo que nunca se cerr¨® del todo.
Frente a todo ello, esos mismos d¨ªas, un centenar de exiliados aperturistas fueron a la Secci¨®n de Intereses Cubanos que tiene como representaci¨®n diplom¨¢tica el Gobierno de la isla en la Embajada suiza en Washington, y miembros del Instituto Brookings viajaron a La Habana para efectuar reuniones en busca de puntos de encuentro. Tal vez m¨¢s puertas al campo, pero otros caminos.
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