La distribuci¨®n del poder
La decisi¨®n del Tribunal Supremo de EE UU, que ha aprobado la reforma sanitaria de Obama, fortalece la arquitectura institucional y especialmente a la corte suprema
La sentencia del Tribunal Supremo de Estados Unidos que ha dado luz verde a la reforma sanitaria de Obama es bastante m¨¢s que una victoria pol¨ªtica para el presidente y para el Partido Dem¨®crata y una victoria social para los 30 millones de ciudadanos que no gozaban de cobertura sanitaria. No hay pr¨¢cticamente ninguna decisi¨®n significativa de la m¨¢s alta corte americana en la que no entre en juego la pelea por la distribuci¨®n vertical de poderes entre los Estados federados y el Gobierno federal, con el presidente a la cabeza, y su distribuci¨®n horizontal entre los tres poderes constitutivos de la democracia, el judicial, el legislativo y el ejecutivo.
Entre los demandantes se hallan 26 Estados de la Uni¨®n, gobernados por pol¨ªticos republicanos, que se rebelaron contra lo que consideraron una restricci¨®n de su poder legislativo y una imposici¨®n abusiva que limitaba los derechos individuales, al obligar a suscribir a todos los ciudadanos un seguro de enfermedad. Detr¨¢s de esta oposici¨®n a una reforma sanitaria tachada de socialista y europea por quienes la denigran hay una filosof¨ªa pol¨ªtica que reivindica un Estado federal m¨ªnimo, que deja al albur de los Estados federados las pol¨ªticas sociales y asistenciales.
Pero los jueces que han dictado sentencia tambi¨¦n han discutido sobre los m¨¢rgenes de acci¨®n de la rama judicial ante las decisiones del ejecutivo y las leyes aprobadas en el Congreso. El presidente de la corte, el juez conservador John Roberts, nombrado por George W. Bush, ha sido quien ha decantado la mayor¨ªa, en una decisi¨®n que marca un momento trascendental en su trayectoria judicial y deja una formidable huella jurisprudencial respecto a los m¨¢rgenes de acci¨®n del Gobierno. En esencia, Roberts ha querido reivindicar el car¨¢cter pol¨ªtico de la reforma sanitaria, aprobada por los ¨®rganos surgidos de la soberan¨ªa popular, y la mera funci¨®n de control de legalidad de los jueces, sin posibilidad de corregirla como pretend¨ªan los recurrentes conservadores.
Aunque no es f¨¢cil prever las repercusiones de la sentencia en la campa?a electoral en curso, y si electrizar¨¢ a la oposici¨®n republicana o, por el contrario, movilizar¨¢ al campo dem¨®crata, es evidente que levanta el ¨²ltimo y mayor obst¨¢culo para la aplicaci¨®n de una reforma que ocupa un lugar central en el programa presidencial de Obama.
La clave para esta decisi¨®n es el mandato vitalicio de los jueces del Supremo, que les permite desatender cualquier consideraci¨®n que no sea estrictamente su criterio jur¨ªdico personal y lo que dicta su conciencia, como ha hecho Roberts de forma inesperada. La decisi¨®n fortalece la arquitectura institucional estadounidense y especialmente a la corte suprema, despu¨¦s de una ¨¦poca marcada por la politizaci¨®n de sus sentencias, la polarizaci¨®n pol¨ªtica entre dem¨®cratas y republicanos y su deslizamiento hacia posiciones ultraconservadoras.?
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