Una ley contra candidatos sospechosos nacida de la iniciativa popular en Brasil
Un condenado por corrupci¨®n, a¨²n sin sentencia firme, no podr¨¢ presentarse en ocho a?os
En las elecciones administrativas del pr¨®ximo mes de octubre en Brasil ser¨¢ aplicada por primera vez la llamada ¡°ley del Expediente Limpio¡±, que impide presentarse a los comicios a candidatos que hayan sido condenados en segunda instancia, aunque todav¨ªa tengan derecho de recurrir. Al menos unos 2.000 pol¨ªticos ¡ªel 25% de los diputados brasile?os son investigados por corrupci¨®n¡ª se ver¨¢n afectados por esta medida que supone un duro golpe para un sistema que hasta ahora permit¨ªa que pol¨ªticos acusados de corrupci¨®n y condenados en alguna instancia judicial optasen a nuevos cargos. Una situaci¨®n que el magistrado del Tribunal Supremo Carlos Ayres Britto ha definido como ¡°la polilla de la rep¨²blica¡±.
Antes de esta ley, incluso personas acusadas en procesos judiciales incluso de cr¨ªmenes graves se presentaban como candidatos a cargos pol¨ªticos para ampararse en el fuero que les permite ser procesados solo por el Tribunal Supremo de Brasil. La nueva ley invalida tambi¨¦n las candidaturas de aquellos pol¨ªticos que, acusados de corrupci¨®n en el ejercicio de su cargo, renuncien a su puesto antes de ser expulsados del mismo para poder presentarse de nuevo.
As¨ª se explica que se haya permitido volver a la pol¨ªtica a todo un rosario de gobernadores, senadores, diputados y alcaldes, entre otros cargos, que hab¨ªan renunciado a sus cargos antes de ser condenados.
Ahora, la iniciativa Expediente Limpio impide a todo condenado, aunque la sentencia no sea firme, volver a ejercer cargos pol¨ªticos durante ocho a?os. Los procesados solo podr¨¢n volver a presentarse a unas elecciones cuando sean absueltos en ¨²ltima instancia, algo que puede llevar a?os.
La ley es el primer paso en la lucha contra la corrupci¨®n pol¨ªtica, y su aprobaci¨®n en el Congreso ha sido posible gracias a una iniciativa popular que recogi¨® m¨¢s de un mill¨®n de firmas para presentarla como proyecto de ley en el Congreso, seg¨²n marca la Constituci¨®n brasile?a.
El proceso comenz¨® en 1997 y ha sufrido numerosos obst¨¢culos hasta el ¨²ltimo momento. Incluso cuando estaba sancionada por la presidenta, Dilma Rousseff, fue impugnada ante el Supremo alegando que da?aba el principio de la presunci¨®n de inocencia. El alto tribunal rechaz¨® esta argumentaci¨®n se?alando que los candidatos a gestionar la vida p¨²blica ¡°no pueden estar sumergidos en un ambiente de ambig¨¹edad ¨¦tica¡±. Carmen L¨²cia Antunes Rocha, presidenta del Tribunal Supremo Electoral, ha respaldado esta decisi¨®n, asegurando que ¡°nadie tolera ya la corrupci¨®n¡±.
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