Un juez bloquea la nueva ley electoral de Pensilvania

Un juez estatal bloque¨® este martes la nueva ley electoral del Estado de Pensilvania al considerar que imped¨ªa el ¡°libre acceso a las urnas¡± de algunos ciudadanos. La legislaci¨®n forma parte de un conjunto de normativas impulsadas en el ¨²ltimo a?o en hasta 11 Estados y que, seg¨²n sus detractores, restringen el derecho a voto de millones de ciudadanos.

La ley de Pensilvania exig¨ªa a los ciudadanos presentar una identificaci¨®n con fotograf¨ªa a la hora de votar, una condici¨®n que no existe en muchos otros Estados. Los gobiernos republicanos que defienden la aprobaci¨®n de estas normativas afirman que es la ¨²nica manera de prevenir el fraude electoral, a pesar de que no han podido demostrar ante el juez que tal fraude se haya producido en el pasado.

Las organizaciones en defensa de los derechos civiles y el Partido Dem¨®crata critican que el verdadero objetivo es impedir la participaci¨®n de ciudadanos pobres y minor¨ªas, el grupo que suele carecer de ese tipo de identificaci¨®n -permiso de conducir, pasaporte- y de los recursos econ¨®micos para conseguirla, y que suele respaldar a los dem¨®cratas en las urnas. Mike Turzai, legislador republicano de Pensilvania, reconoci¨® este verano que si la ley entraba en vigor, ¡°Romney ganar¨ªa las elecciones¡± en el Estado -con 20 votos electorales a¨²n sin decidir.

El juez Robert Simpson permiti¨® la entrada en vigor de la ley el pasado mes de agosto, pero el Tribunal Supremo estatal le inst¨® a celebrar una audiencia para escuchar los argumentos de ambas partes antes de ratificar su constitucionalidad. Simpson aleg¨® en su decisi¨®n (PDF) que los testimonios aportados por el Estado de Pensilvania fueron ¡°insatisfactorios¡± a la hora de demostrar que se vaya a detectar fraude electoral en las presidenciales del 6 de noviembre y que los cambios impuestos por la ley ¡°carecen de suficiente tiempo para garantizar el libre acceso a las urnas¡±.

Seg¨²n la Uni¨®n Americana por las Libertades Civiles (ACLU), una de las organizaciones que han denunciado las leyes de restricci¨®n de voto, el 11% de los ciudadanos carecen de las formas de identificaci¨®n que exige la nueva normativa. El porcentaje asciende al 18% de los residentes en Filadelfia -la ciudad m¨¢s grande del Estado, con 1.5 millones de habitantes-, en su mayor¨ªa afroamericanos.

Los cambios impuestos por la ley ¡°carecen de suficiente tiempo para garantizar el libre acceso a las urnas¡±

La sentencia del juez Simpson permite que las autoridades del Estado pidan a los votantes las nuevas formas de identificaci¨®n impuestas por la ley, que fue aprobada hace seis meses, pero deber¨¢n permitir votar a aquellos ciudadanos que carezcan de ellas. Los defensores de la legislaci¨®n podr¨¢n recurrir esta decisi¨®n ahora ante el Tribunal Supremo del Estado, pero no conseguir¨¢n que la ley entre en vigor antes de 2013.

La evoluci¨®n de la ley de Pensilvania ha sido seguida de cerca tanto por las organizaciones que se oponen a estas normativas como por los gobiernos republicanos que las han impulsado, ya que su aprobaci¨®n final pod¨ªa convertirse en un factor determinante en las pr¨®ximas elecciones. Los investigadores del Brennan Center for Justice de la Universidad de Nueva York estiman que hasta cinco millones de votantes pueden ver limitado su derecho a voto en noviembre, ya que los diferentes Estados que aprobaron estas leyes aportan el 63% de los votos electorales que necesita un candidato para ganar. En comicios tan ajustados como los que se esperan en Florida u Ohio, si apenas unos miles de votos determinan la victoria, el candidato que pierda podr¨ªa atribuirlo a las limitaciones impuestas por las leyes de supresi¨®n de voto y la decisi¨®n final terminar¨ªa en los tribunales.

Tanto la ACLU como el fiscal general estadounidense, Eric Holder, han argumentado que las normativas recuerdan a las ¡°tasas electorales¡± impuestas por algunos Estados durante la era de la segregaci¨®n. En aquel momento, el objetivo era alejar de las urnas a los ciudadanos de minor¨ªas raciales. Ahora el Departamento de Justicia ha recurrido a la Secci¨®n 5 de la Ley de Derecho a Voto, aprobada en 1965, para impedir su avance. La Secci¨®n establece que todos aquellos Estados que aprobaron leyes segregacionistas y que quieran modificar su legislaci¨®n electoral deben contar con la aprobaci¨®n del Departamento de Justicia o de un tribunal federal para que dichas instituciones garanticen que no se est¨¢ limitando el derecho a voto de los ciudadanos.

En el caso de Texas, otro de los Estados que debe superar esa condici¨®n adicional, un juez bloque¨® su intento de reformar la ley electoral al considerar que discriminaba especialmente contra afroamericanos e hispanos. ?stos ¨²ltimos llevan una d¨¦cada contribuyendo al cambio demogr¨¢fico de uno de los Estados tradicionalmente republicanos aunque, como advirti¨® Obama recientemente, ¡°no por mucho tiempo¡±.

¡°Sencillamente, los hispanos y afroamericanos que votaron en las ¨²ltimas elecciones probablemente no puedan participar en las pr¨®ximas debido a las limitaciones impuestas por la ley electoral¡±, declar¨® entonces el juez, David Tatel. La corte federal se bas¨® en datos del censo para alegar que estos dos grupos de poblaci¨®n son los que disponen de menos recursos econ¨®micos y carecen de un veh¨ªculo o de permiso de conducir -una de las formas de identificaci¨®n aceptadas por las leyes de restricci¨®n al voto.