Nueva condena a Guatemala por una matanza de campesinos
Cinco masacres entre 1980 y 1982 acabaron con la comunidad de R¨ªo Negro
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH, con sede en San Jos¨¦ de Costa Rica), ha anunciado este viernes la condena contra el Estado de Guatemala por cinco masacres perpetradas contra el pueblo ind¨ªgena de R¨ªo Negro (Baja Verapaz, norte del pa¨ªs), donde, de acuerdo a la Comisi¨®n de Esclarecimiento Hist¨®rico (CEH, patrocinada por la ONU) ¡°murieron 500 personas, hay una cantidad no especificada de desaparecidos, 16 ni?os y ni?as fueron secuestrados, mientras las mujeres fueron v¨ªctimas de violaciones sexuales masivas¡±.
El fallo condena al Estado guatemalteco a reconocer p¨²blicamente su responsabilidad en este caso y a construir obras de infraestructura y servicios b¨¢sicos para la comunidad. La Corte tambi¨¦n considera que su sentencia constituye por s¨ª misma una forma de reparaci¨®n y ordena al Estado a ¡°investigar, sin mayor dilaci¨®n, de forma seria y efectiva, los hechos que originaron las violaciones declaradas (¡) con el prop¨®sito de juzgar y, eventualmente, sancionar a los presuntos responsables¡±. A?ade que se debe efectuar una b¨²squeda efectiva del paradero de los desaparecidos, as¨ª como la localizaci¨®n e identificaci¨®n de los ejecutados.
El abogado Manuel Conde, el primer negociador gubernamental del proceso que culmin¨® con la firma de la paz entre Guatemala y la guerrillera Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG) el 29 de diciembre de 1996, dijo a EL PA?S que el esp¨ªritu de la Comisi¨®n de Esclarecimiento Hist¨®rico establece que su misi¨®n no es individualizar responsabilidades de lo ocurrido durante el enfrentamiento, por lo que sus conclusiones no podr¨ªan tener alcances penales. ¡°Si la CIDH basa su resoluci¨®n en tal informe, contraviene ese esp¨ªritu¡±, dijo Conde, quien subraya que lo que se pretend¨ªa era conocer lo ocurrido ¡°para que no se olvide, para que no se repita¡±.
El analista a?adi¨® que el Estado guatemalteco est¨¢ representado ante la CIDH por la Comisi¨®n Presidencial de Derechos Humanos (Coprede), entidad que ha estado dirigida por personas que fueron parte del conflicto, por su militancia en la entonces guerrillera URNG. En todo caso, dijo, ahora est¨¢ obligado a cumplir con los contenidos de la sentencia.
El informe de la Comisi¨®n de Esclarecimiento Hist¨®rico respecto a la comunidad de R¨ªo Negro recoge que los secuestros de 16 ni?os fueron perpetrados por las tristemente c¨¦lebres Patrullas de Autodefensa Civil (PAC), quienes secuestraron a los menores y los obligaron a permanecer bajo su potestad en un r¨¦gimen de trabajos forzados a favor de los verdugos de sus padres. Los varones deb¨ªan realizar trabajos agr¨ªcolas, mientras las ni?as trabajaban en labores dom¨¦sticas, como cocinar y lavar la ropa.
El texto concluye que este caso no fue un hecho aislado. ¡°El caso es ilustrativo de otras situaciones en que las PAC se hacen cargo de ni?os supervivientes a masacres, neg¨¢ndoles el derecho a una vida digna y a la posibilidad de gozar de las garant¨ªas m¨ªnimas otorgadas a los menores tanto por la legislaci¨®n guatemalteca como por el derecho internacional¡±.
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