Contin¨²an las dificultades para frenar la miner¨ªa ilegal en Per¨²

Tres ONG que hacen seguimiento de los conflictos mineros en Per¨² se?alaron ayer que las medidas tomadas este a?o por el Gobierno para detener el avance de la miner¨ªa informal no est¨¢n solucionando el problema, debido a la imposibilidad de aplicarlas, la flexibilidad con que las implementan y la poca disposici¨®n de los mineros en formalizarse.

¡°Las normas no est¨¢n desincentivando esta pr¨¢ctica, afrontar la miner¨ªa ilegal implica medidas integrales, no solo criminalizar [sancionarla como delito], sino buscar alternativas para esta poblaci¨®n en el pa¨ªs¡±, refiri¨® la abogada Ana Leyva de Fedepaz, durante la presentaci¨®n del d¨¦cimoprimer informe del observatorio de conflictos mineros.

A fines de noviembre, el presidente de la Sociedad Nacional de Miner¨ªa y Petr¨®leo, Pedro Mart¨ªnez, indic¨® que en 21 de los 25 departamentos del pa¨ªs est¨¢ presente la miner¨ªa ilegal, en tanto que el Ministerio de Energ¨ªa y Minas afirma que, durante este a?o, 70.000 mineros han empezado el tr¨¢mite para formalizarse.

Sin embargo, recientemente, el Gobierno flexibiliz¨® las condiciones de trabajo de los mineros informales y extendi¨® el plazo en el que podr¨¢n seguir vendiendo mineral a empresas formales.

El informe ha advertido, adem¨¢s, de que el pr¨®ximo a?o los conflictos sociales seguir¨¢n siendo intensos en el pa¨ªs debido a las presiones a que est¨¢ sometido el territorio, mediante concesiones mineras otorgadas sin consultar a los pueblos ind¨ªgenas, o debido a la militarizaci¨®n de las zonas mineras, en vez de procesos de participaci¨®n e informaci¨®n de las comunidades afectadas o cercanas.

A su vez, Jerem¨ªas Unkuch Jempekit, representante de la etnia awaj¨²n de la comunidad nativa de Supayaku, departamento de Cajamarca, precis¨® que otro de los motivos de conflicto es que el Estado otorga concesiones que ocupan espacio en comunidades diferentes, donde una est¨¢ a favor del proyecto y otra en contra, lo que conduce a enfrentamientos entre vecinos. Esto ocurre en Supayaku, enfrentado ahora con la comunidad de Naranjos debido a la actividad de la minera ?guila Dorada. ¡°No fuimos consultados acerca de ese proyecto¡±, acot¨® el profesor Unkuch, aludiendo a la obligaci¨®n por parte del Estado de aplicar el Convenio 169 de la OIT, sobre la consulta previa a los pueblos ind¨ªgenas en casos de decisiones y leyes que afecten a su vida. En octubre, tres ge¨®logos del Ministerio de Energ¨ªa y Minas entraron sin permiso en Supayaku y fueron retenidos tres d¨ªas para averiguar su procedencia y el objeto de su presencia. Posteriormente, las autoridades denunciaron a los l¨ªderes ind¨ªgenas de la comunidad por secuestro, pese a que los profesionales reconocieron su error de no respetar las costumbres de la zona.

Seg¨²n el observatorio, el 49,63% del territorio de comunidades campesinas y el 1,39% del de comunidades nativas est¨¢n destinados a la miner¨ªa. En su presentaci¨®n del informe, el soci¨®logo y exviceministro de Ambiente, Jos¨¦ de Echave, destac¨® que algunas de las concesiones enfrentan a sectores productivos, como en el caso de Piura ¡ªdepartamento del norte del pa¨ªs¡ª, donde una concesi¨®n de gas se superpone a los intereses de los pescadores que operan en la misma zona.

¡°La normatividad medioambiental data de 1996 y acerca de algunos elementos contaminantes no hay par¨¢metros establecidos, por lo que la poblaci¨®n afectada ¡®siente¡¯ la contaminaci¨®n, pero la autoridad no puede fiscalizarla ni sancionarla¡±, agreg¨®.

Por otro lado, el informe alerta sobre los posibles da?os en el departamento de Apur¨ªmac, en la sierra sur, que podr¨ªa convertirse en el ¡°nuevo Cajamarca¡±: en la d¨¦cada de los noventa se asentaron en esa regi¨®n proyectos mineros privados con apoyo del Gobierno, y sin presencia del Estado para las poblaciones afectadas. ¡°Actualmente hay all¨ª siete proyectos de inversi¨®n en m¨¢s de 1.200.000 hect¨¢reas concesionadas para la miner¨ªa¡±, a?adi¨® De Echave.

Durante 2012, los conflictos por los proyectos mineros Conga de Yanacocha-Newmont en Cajamarca y las operaciones de Xtrata en Espinar (Cusco) generaron crisis pol¨ªticas y el cambio de dos Gabinetes de ministros, adem¨¢s de un total de ocho civiles muertos a manos de la polic¨ªa y el Ej¨¦rcito. De acuerdo al ¨²ltimo informe mensual de la Defensor¨ªa del Pueblo, en octubre hubo 149 conflictos de naturaleza socio-ambiental, es decir m¨¢s del 60% del total.