El Gobierno peruano limita el control civil sobre las fuerzas de seguridad

El Gobierno de Ollanta Humala y el Congreso peruano han aprobado, entre noviembre y diciembre, un paquete de normas que limitan el control civil sobre las actividades de las fuerzas armadas y policiales. Un decreto legislativo convierte en secretas ciertas compras en Defensa, y otro decreto califica de secretos los asuntos de Seguridad y Defensa Nacional y sanciona como un delito su divulgaci¨®n, lo cual afectar¨ªa en principio al trabajo period¨ªstico. Algunos expertos consideran este conjunto de disposiciones como una se?al de militarizaci¨®n de la Administraci¨®n Humala, que el Parlamento, la Defensor¨ªa del Pueblo o el Tribunal Constitucional tendr¨ªan que revisar.

Las normas aprobadas han sido iniciativas del Ejecutivo, que solicit¨® facultades legislativas especiales durante 90 d¨ªas al Parlamento en agosto, plazo que termin¨® la semana pasada. La solicitud de facultades planteaba la necesidad de crear una central de compras para Defensa, la reforma del r¨¦gimen de remuneraciones y pensiones de la polic¨ªa y las Fuerzas Armadas y la modificaci¨®n del marco legal del apoyo de las Fuerzas Armadas a la polic¨ªa.

Sin embargo, adem¨¢s de ello, tambi¨¦n se ha aprobado el decreto legislativo 1141, que alarga el periodo de clasificaci¨®n de informaci¨®n sobre Defensa e inteligencia, comenta el periodista Ricardo Uceda, experto en asuntos militares y miembro de la directiva de Instituto Prensa y Sociedad.

¡°Hay una suerte de remilitarizaci¨®n que afecta a la transparencia del Estado porque pone un manto de secreto a compras que deber¨ªan ser fiscalizadas y por otra parte se ha colocado la informaci¨®n sobre seguridad nacional bajo una cobertura delictiva. Parece que esto ha venido de una asesor¨ªa militar directa del presidente, sin que lo conozcan los propios ministros, y est¨¢ mal, no es democr¨¢tico y es preocupante¡±, afirma Uceda.

El presidente Humala, comandante retirado, tiene entre sus principales asesores a Adri¨¢n Villafuerte, un excoronel que fue su instructor en el Ej¨¦rcito. Tambi¨¦n a Alberto Ot¨¢rola, exministro de Defensa que fue apartado del cargo por errores en su gesti¨®n.

¡°Esto merece una discusi¨®n profunda en el Parlamento y en otros sectores contrarios a este tipo de pol¨ªticas de secretismo militar. Tambi¨¦n ha habido normas que no estaban entre las autorizadas por las facultades legislativas, han sido un aluvi¨®n de decretos. Por ejemplo se establece la obligatoriedad de que los civiles colaboren con el servicio de inteligencia¡±, dice Uceda, en alusi¨®n al art¨ªculo 42.2 del decreto legislativo 1141.

¡°No comprendo c¨®mo personas con la trayectoria democr¨¢tica del primer ministro, Juan Jim¨¦nez; el ministro de Defensa, Pedro Cateriano, y el ministro del Interior, Wilfredo Pedraza, han firmado una norma de este tipo¡±, comenta el abogado Gino Costa, exministro del Interior durante el Gobierno de Alejandro Toledo y presidente de la ONG Ciudad Nuestra, dedicada a la seguridad ciudadana. Costa explica que ¡°la norma anterior indicaba que los asuntos vistos en el Consejo de Seguridad Nacional pod¨ªan ser considerados secretos y que pod¨ªan ser calificados como tales de acuerdo a la ley de transparencia y acceso a la informaci¨®n. Ahora todas las deliberaciones, actas y cualquier otro asunto relacionado con Seguridad y Defensa es considerado secreto, no solo lo que se discute en el Consejo de Seguridad y Defensa Nacional¡±.

Para el exministro, ¡°procede una rectificaci¨®n o un nuevo decreto legislativo, y si no, pedirle al Congreso que ejerza su funci¨®n revisora y lo modifique de inmediato. Otra opci¨®n es solicitar al Defensor del Pueblo que acuda al Tribunal Constitucional. Es muy peligrosa esta norma¡±.

Adicionalmente, el 6 de diciembre, el Congreso aprob¨® una norma que permite que militares y polic¨ªa levanten cad¨¢veres en zonas declaradas en emergencia, reemplazando as¨ª la funci¨®n del fiscal. Durante los 20 a?os de violencia en Per¨², pero tambi¨¦n en 2012, ha habido pr¨¢cticas irregulares, desapariciones y muertes de personas inocentes en la lucha contra el grupo terrorista Sendero Luminoso, de ah¨ª el riesgo de eliminar la necesidad de un fiscal en acciones antisubversivas o contra el narcotr¨¢fico. En septiembre, una ni?a fue abatida durante una operaci¨®n antiterrorista, pero los soldados no notificaron el hecho ni a la fiscal¨ªa ni a la familia, y trataron de ocultar el cuerpo.

El Gobierno de Ollanta Humala aprob¨® tambi¨¦n un nuevo r¨¦gimen de salarios para las fuerzas armadas y policiales, una decisi¨®n que se esperaba desde la anterior presidencia.