La Corte Suprema de Argentina falla a favor de Clar¨ªn
El principal grupo de medios del pa¨ªs no deber¨¢ desinvertir hasta que haya una sentencia definitiva sobre la Ley de Medios
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El Gobierno de Cristina Fern¨¢ndez de Kirchner ha sufrido este jueves un nuevo rev¨¦s judicial en su batalla contra el Grupo Clar¨ªn, el principal conglomerado de medios de comunicaci¨®n de Argentina. La Corte Suprema, m¨¢ximo tribunal del pa¨ªs, determin¨® que el grupo dirigido por Ernestina Herrera y H¨¦ctor Magnetto no tendr¨¢ que desprenderse de licencias de radios, canales y proveedoras de televisi¨®n por cable hasta que no haya una sentencia definitiva sobre la ley de medios audiovisuales, que fue votada en 2009 por los legisladores kirchneristas y de la oposici¨®n de centroizquierda.
La norma es defendida por quienes sostienen que debe acabarse la concentraci¨®n econ¨®mica en el sector audiovisual, aunque muchos de sus impulsores se quejan de que est¨¢ aplic¨¢ndose a medias. La oposici¨®n de centro y derecha afirma que la legislaci¨®n solo apunta contra Clar¨ªn, que se ha convertido en el enemigo n¨²mero uno de los Kirchner desde que estos se enfrentaron a los grandes y medianos agricultores en 2008. Clar¨ªn ha recurrido a la justicia en 2009 contra dos art¨ªculos de la Ley de Medios, el que limita la cantidad de licencias audiovisuales por grupo y el que obligaba a desprenderse de ellas en un periodo de un a?o, por considerarlos inconstitucionales. El poderoso conglomerado aduce que los dos art¨ªculos vulneran los derechos a la libertad de expresi¨®n, a la igualdad, a la legalidad, a la propiedad y a la libre competencia.
A finales de 2009, Clar¨ªn consigui¨® que un juez de primera instancia impusiera una medida cautelar que frenaba las desinversiones hasta que la justicia determinase la procedencia o no de su recurso judicial. En mayo pasado, la Corte Suprema estableci¨® que el 7 de diciembre venc¨ªa esa medida cautelar. Entonces el Gobierno de Fern¨¢ndez mont¨® toda una campa?a publicitaria de que el 7D comenzaba a regir en plenitud la Ley de Medios ¡°de la democracia¡±, en contraposici¨®n a la anterior, que reg¨ªa desde la ¨²ltima dictadura militar (1976-1983). Ninguno de los otros 20 grupos que deb¨ªan desinvertir, incluidos PRISA (editora de El Pa¨ªs) y Telef¨®nica, han reclamado a la justicia, sino que han presentado planes para desprenderse de medios.
Pero el 6 de diciembre la C¨¢mara Civil y Comercial, un tribunal de segunda instancia, prorrog¨® la suspensi¨®n de la medida cautelar a favor del mayor grupo de medios de Argentina hasta que hubiese una sentencia definitiva. Sin embargo, el Gobierno de Fern¨¢ndez tuvo su 14D. Despu¨¦s de tres a?os de demora, un juez de primera instancia, Horacio Alfonso, fall¨® ese d¨ªa a favor de la constitucionalidad de los dos art¨ªculos, pero acept¨® mantener la medida cautelar mientras se resolviese la apelaci¨®n contra su fallo que present¨® Clar¨ªn ante la C¨¢mara Civil y Comercial.
Entonces el Gobierno se present¨® ante la Corte Suprema por dos motivos. Por un lado, le pidi¨® que no fuera aquel tribunal de segunda instancia el que definiera la cuesti¨®n de constitucionalidad, pues considera que algunos de sus magistrados mantienen supuestos v¨ªnculos con Clar¨ªn. Por eso solicit¨® que la Corte Suprema asumiera directamente la causa. Por otra parte, le pidi¨® que mientras se resolviese el fondo del litigio se diera de baja de inmediato la medida cautelar que estaba congelando la desinversi¨®n del grupo en 150 o 200 de sus 500 licencias audiovisuales.
La Corte Suprema, que tiene siete magistrados, de los cuales cuatro se nombraron en el Gobierno de N¨¦stor Kirchner (2003-2007), deneg¨® las dos peticiones del Ejecutivo de Fern¨¢ndez. Los siete jueces rechazaron la solicitud de hacerse cargo de la causa, pero le pidieron a la C¨¢mara Civil y Comercial que se pronunciara a la brevedad. Adem¨¢s, seis de ellos ratificaron que la suspensi¨®n de las desinversiones deber¨¢ regir hasta que haya sentencia definitiva. Es decir, primero habr¨¢ que ver qu¨¦ dice el tribunal de segunda instancia sobre la constitucionalidad de la ley, despu¨¦s algunas de las dos partes seguramente apelar¨¢ el fallo y m¨¢s tarde la disputa de fondo acabar¨¢ en la Corte Suprema. Solo entonces se sabr¨¢ realmente si Clar¨ªn debe desprenderse de buena parte de sus medios o no. Todo eso puede ocurrir tal vez durante 2013, a?o de elecciones legislativas parciales del segundo Gobierno de Fern¨¢ndez.
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