Los abusos del poder judicial desatan una tormenta pol¨ªtica en Bolivia

La justicia independiente, justa, gratuita, equitativa y transparente que se proclam¨® en enero de 2012, cuando asumieron sus funciones los primeros magistrados elegidos en las urnas, ha quedado opacada por el ¨²ltimo esc¨¢ndalo de corrupci¨®n del Gobierno boliviano, que ha puesto al descubierto la dram¨¢tica subordinaci¨®n pol¨ªtica del poder judicial.

El presidente de Bolivia, Evo Morales, orden¨® en su d¨ªa la destituci¨®n de los funcionarios presuntamente involucrados en una red de extorsi¨®n a personas bajo proceso judicial y dispuso la investigaci¨®n del caso.? Dicha red criminal estaba integrada por altos cargos de los Ministerios del Interior y Presidencia, que actuaban en las esferas del poder judicial. La red pretend¨ªa cobrar una fuerte suma al empresario estadounidense Jacob Ostreicher a cambio de sacarlo de la c¨¢rcel. Ostreicher llevaba 18 meses en una prisi¨®n de alta seguridad tras un controvertido juicio en el que fue condenado por ganancias il¨ªcitas y nexos con el narcotr¨¢fico. El condenado siempre defendi¨® su inocencia y asegur¨® que el proceso se hab¨ªa montado para despojarle de sus bienes. El caso provoc¨® un enorme revuelo en Estados Unidos y la intervenci¨®n del actor Sean Penn, que hab¨ªa intercedido por Ostreicher ante el Gobierno boliviano. Sin embargo, Morales ha sorprendido a sus conciudadanos al acusar a la Embajada de Estados Unidos de apelar a este hecho de extorsi¨®n para conspirar contra el proceso de cambio del pa¨ªs, en su discurso de inauguraci¨®n del a?o judicial ante los magistrados de Sucre, que este lunes comenzaron sus actividades. ¡°Quiero que sepa el pueblo boliviano y el mundo entero [que] la Embajada de Estados Unidos usa cobardemente a su compatriota detenido para frenar este proceso de cambio¡± denunci¨® Morales ante los magistrados.?

El jefe de Estado ha reiterado que ¡°enemigos externos usan el caso de extorsi¨®n como agresi¨®n pol¨ªtica contra el proceso de cambio¡± y ha reflejado un sesgo racista al mencionar que tampoco los ¡°resentidos del proceso¡±¡ª disidentes del r¨¦gimen¡ª van a perdonar que ¡°ponchos y polleras¡± administren el sistema judicial. El 40% de los 56 magistrados de los cuatro m¨¢ximos tribunales de Sucre son ind¨ªgenas y la mitad de ellos son mujeres, elegidos todos en las urnas en octubre de 2011.

Evo Morales acusa a

Los ministros del Interior, Carlos Romero, de la Presidencia, Juan Ram¨®n Quintana, y de Transparencia, Nardi Suxo, que lograron el voto de confianza de su partido, con mayor¨ªa en el Congreso, se apresuraron a tomar medidas en cuanto se enteraron del funcionamiento de la red de extorsi¨®n desde las direcciones jur¨ªdicas de sus propios despachos, aunque consideran que la acci¨®n ilegal corresponde a exfuncionarios de cuarto y quinto nivel, en un intento de deslindar responsabilidades. Morales ha anunciado que no va a permitir que se acuse a sus mejores colaboradores, los tres ministros cuestionados, y les ha expresado su absoluto respaldo.

El exfuncionario del Interior Boris Villegas declar¨® cuando ingres¨® en la c¨¢rcel de Palmasola que sus acciones obedecieron siempre a ¨®rdenes superiores de ministros y viceministros y que el Gobierno cre¨® una unidad legal destinada a velar por la seguridad del Estado. El objetivo de esta unidad ha sido, seg¨²n los especialistas, el de neutralizar a la oposici¨®n pol¨ªtica enjuiciando a adversarios, cr¨ªticos y disidentes del Gobierno gracias a los amplios poderes concedidos a este grupo de abogados para defender la seguridad del Estado primero y, despu¨¦s para supuestos beneficios econ¨®micos.

¡°El Gobierno ha instrumentalizado la justicia para desplegar¡± una estrategia de represi¨®n y ese es el problema de fondo: la subordinaci¨®n pol¨ªtica del sistema judicial, ha explicado a este peri¨®dico el presidente del Colegio de Abogados de Cochabamba, Jos¨¦ Antonio Rivera. ¡°No veo voluntad pol¨ªtica del Gobierno¡± para esclarecer el hecho, ha afirmado esc¨¦ptico. Rivera lament¨® el uso del Ministerio P¨²blico como ¡°punta de lanza¡± para eliminar todo vestigio de oposici¨®n, con las presuntas acciones de un grupo de abogados del Poder Ejecutivo, de jueces y fiscales d¨®ciles para dirigir los procesos judiciales de acuerdo son sus prop¨®sitos pol¨ªticos e intereses econ¨®micos.

El fiscal general, Ramiro Guerrero, ¡ªque dirige personalmente las pesquisas de fiscales, jueces y autoridades¡ª, ha reconocido durante la inauguraci¨®n de sus actividades que la entidad que preside se encuentra ¡°sin capacidad institucional para responder a la persecuci¨®n penal del delito, sin capacidad de implementar una pol¨ªtica criminal en el pa¨ªs y con un Ministerio P¨²blico estigmatizado por la corrupci¨®n, por la extorsi¨®n y por la retardaci¨®n de justicia¡±.