Una ley sobre la dictadura divide al Gobierno y la Justicia en Uruguay

Los 12 a?os de dictadura que sufri¨® Uruguay entre 1973 y 1985 a¨²n siguen marcando la agenda pol¨ªtica del pa¨ªs. El pasado viernes, los cinco miembros de la Suprema Corte de Justicia declararon inconstitucional una ley aprobada en 2011 por el izquierdista Frente Amplio que evitaba la prescripci¨®n de los delitos cometidos durante el r¨¦gimen militar. A consecuencia de ese fallo, emitido con cuatro votos a favor y uno en contra, el Frente Amplio convoc¨® este lunes una concentraci¨®n silenciosa ante la sede de a Suprema Corte. La senadora del Frente Luc¨ªa Topolansky, esposa del presidente Jos¨¦ Mujica, plante¨® la posibilidad de promover un juicio pol¨ªtico contra los miembros de la Corte.

Elena Zafaroni, miembro de las Madres y Familiares de Desaparecidos, indic¨® en conversaci¨®n telef¨®nica desde Montevideo que su asociaci¨®n se sumar¨ªa a la marcha aunque considera que algunos sectores del movimiento oficialista han sido ¡°en buena parte responsables¡± de que en Uruguay no se investiguen a fondo los cr¨ªmenes de la dictadura.

Zafaroni, quien perdi¨® a su marido durante la dictadura, cree que la decisi¨®n de la Corte ya se ve¨ªa venir desde que el pasado 15 de febrero decidi¨® trasladar a la jueza Mariana Mota desde la secci¨®n Penal a la Civil. Con esa decisi¨®n, Mota fue alejada de las 50 causas que investigaba en relaci¨®n a detenidos y desaparecidos durante el r¨¦gimen militar. ¡°Los delitos de lesa humanidad exigen mucho estudio y especializaci¨®n. Y ahora, la persona que la sustituya necesitar¨¢ al menos cinco a?os por delante para empaparse de las 50 causas que ella llevaba¡±.

El periodista uruguayo Alfonso Lessa, quien ha escrito cuatro libros sobre la historia reciente del pa¨ªs, indic¨® ayer en conversaci¨®n telef¨®nica que aunque el fallo provoque indignaci¨®n en los familiares, era previsible. ¡°Este debate lleva en Uruguay 27 a?os, pero a los ¨²nicos que no puede sorprender es a los legisladores. En 2010 y 2011, antes de aprobar la ley, el Parlamento consult¨® a muchos especialistas. Y todos les dijeron que les iban a llover cataratas de recursos de inconstitucionalidad. Y a pesar de eso, decidieron aprobarla¡±.

La ley de 2011 invalidaba una amnist¨ªa decretada en 1986, cuando el pa¨ªs sali¨® de la dictadura. Esa amnist¨ªa o ¡°Ley de la Caducidad de la Pretensi¨®n Punitiva del Estado¡± fue sometida a plebiscito en 1989 y en 2009. En las dos ocasiones, la mayor parte de los uruguayos se pronunciaron en contra del revisionismo.

¡°Desde el extranjero puede resultar dif¨ªcil de entender¡±, explica Lessa. ¡°Pero quiz¨¢s es porque se ignora que en Uruguay los principales denunciados de la dictadura est¨¢n presos. Y en cuanto a los dictadores¡­ El principal, Gregorio ?lvarez, se encuentra en la c¨¢rcel desde 2007; y el otro, Jos¨¦ Mar¨ªa Bordaberry, muri¨® en prisi¨®n domiciliaria en 2011. La aprobaci¨®n de la amnist¨ªa ocurri¨® hace 27 a?os y el golpe de Estado hace 40. A la gente joven le queda demasiado lejos esta historia. La coalici¨®n del Frente Amplio se vio presionada por alguno de sus sectores m¨¢s radicales para aprobar la ley de 2011. Pero, en realidad hay otra parte del Frente, que aunque no lo dice p¨²blicamente, est¨¢ a favor de la amnist¨ªa y coincide con el fallo de la Suprema Corte. Resulta muy significativo, por ejemplo, el silencio que mantiene el expresidente [2005-2010] Tabar¨¦ V¨¢zquez¡±.

El fallo del m¨¢ximo tribunal uruguayo no s¨®lo ha provocado una fractura con el Gobierno, sino escisiones manifiestas dentro del izquierdista Frente Amplio. As¨ª, a diferencia de la senadora del Frente Luc¨ªa Topolansky, partidaria de promover un juicio pol¨ªtico a los miembros de la Corte, el director nacional de Derechos Humanos del Ministerio de Educaci¨®n y Cultura, Javier Miranda, declar¨® que acata la sentencia aunque no la comparta.