Escepticismo del Tribunal Supremo ante la Ley de Derecho a Voto de EE UU

La ley de Derecho a Voto de Estados Unidos top¨® este mi¨¦rcoles con el escepticismo de una mayor¨ªa de los jueces del Tribunal Supremo, que podr¨ªan revocar uno de sus principales art¨ªculos, dise?ado para evitar la discriminaci¨®n racial en las convocatorias electorales. La Secci¨®n 5 de la ley, aprobada en 1965, obliga a aquellos estados que participaron en la segregaci¨®n racial a conseguir la aprobaci¨®n del Departamento de Justicia antes de aplicar cualquier cambio a sus leyes electorales. El condado Shelby de Alabama, sin embargo, ha puesto en duda esta condici¨®n y su caso podr¨ªa lograr que una mayor¨ªa de jueces eliminen el controvertido apartado.

Los magistrados se mostraron profundamente divididos en un grupo de cuatro a favor de la vigencia de la Secci¨®n 5, que justificaron con ejemplos recientes de Estados que ha intentado impedir el voto de las minor¨ªas -lo que inspir¨® varias denuncias de la Administraci¨®n Obama- y otros cuatro en contra que alegaron avances de todo el pa¨ªs hacia la igualdad de derechos. El ¨²nico que no concret¨® su postura fue el juez Anthony Kennedy, quien podr¨ªa decidir finalmente la sentencia.

En el centro del debate hubo tres cuestiones: por qu¨¦ se debe aplicar una ley de manera espec¨ªfica a determinados Estados y no a todo el pa¨ªs, qu¨¦ circunstancias demuestran que todav¨ªa existe la discriminaci¨®n y por tanto es necesario este Art¨ªculo y por qu¨¦ ¨¦ste debe actuar de manera preventiva.

El presidente del Tribunal Supremo, el juez John Roberts, cuestion¨® duramente por qu¨¦ se emplean razones hist¨®ricas para seleccionar a nueve Estados sure?os, sin prestar atenci¨®n a la actualidad. ¡°?El Gobierno defiende que los ciudadanos del Sur son m¨¢s racistas que los que no viven en el Sur?¡±, pregunt¨® Roberts al Abogado del Estado. Otros fueron m¨¢s lejos. El juez Kennedy describi¨® la Secci¨®n 5 como ¡°legislaci¨®n a la inversa¡±, alegando que intenta regular un problema que existi¨® en el pasado, que la ley fue ¡°absolutamente necesaria¡±, pero que ¡°no tiene clara¡± su vigencia en la actualidad¡±.

Discriminaci¨®n es discriminaci¨®n, independientemente de c¨®mo se aplique¡±

La ley de 1965 se aprob¨® adem¨¢s con la condici¨®n de que el Congreso revisar¨ªa su efectividad cada cierto tiempo. La ¨²ltima vez, en 2006, fue renovada por un per¨ªodo de 25 a?os, algo que seg¨²n el juez Antonin Scalia, uno de los m¨¢s conservadores de la corte, no se debe a las pruebas de discriminaci¨®n halladas por la investigaci¨®n del Congreso, sino porque quiz¨¢s ¡°a nadie le conven¨ªa votar en contra¡±. Scalia describi¨® la Secci¨®n 5 como ¡°un derecho racial¡± permanente que nunca ser¨¢ revocado por los legisladores por miedo a repercusiones pol¨ªticas.

¡°El Congreso renov¨® la ley sabiendo que Estados como Alabama no siguen aplicando las mismas pr¨¢cticas discriminatorias que en 1965, pero entiende que el aut¨¦ntico enemigo de la igualdad es la discriminaci¨®n, y ¨¦sta sigue existiendo¡±, argument¨® el juez Stephen Breyer, ¡°No hay duda de que la ley ha funcionado correctamente desde 1965¡±.

Bert Rein, abogado del Condado de Shelby, respondi¨® sin embargo que ¡°los requerimientos legales de la actualidad deben responder a circunstancias actuales¡± y que Alabama no impone pr¨¢cticas discriminatorias como hace medio siglo. ¡°No estamos aqu¨ª para juzgar a los Estados, sino para explicar por qu¨¦ unos deben cumplir con esta ley y otros no¡±.

Rein encontr¨® a sus principales oponentes entre las juezas de la corte. Mientras que la juez Sonia Sotomayor asegur¨® que ¡°discriminaci¨®n es discriminaci¨®n, independientemente de c¨®mo se lleve a cabo¡±, Ruth Bader Ginsburg explic¨® que ¡°sabemos que el problema ya no es el mismo, pero siguen existiendo obst¨¢culos y se sigue discriminando de otras maneras¡±. La juez Elena Kagan a?adi¨® adem¨¢s que ¡°Alabama es el Estado n¨²mero uno en las ofensas contra derechos civiles¡± y que si el Congreso ha renovado la ley en cuatro ocasiones es porque debe haber encontrado buenas razones para hacerlo.

El Departamento de Justicia bloque¨® el a?o pasado varias leyes de gobiernos estatales republicanos que podr¨ªan haber dificultado el derecho a voto de millones de ciudadanos, invocando precisamente la Secci¨®n 5. ¡°Puede que el Congreso admitiera que la situaci¨®n ha cambiado, aunque no todo lo suficiente¡±, inquiri¨® Breyer. A partir de ah¨ª, los jueces pidieron a los abogados que esclarecieran qui¨¦n debe decidir si se ha erradicado la discriminaci¨®n de votantes de minor¨ªas y sin recursos y en base a qu¨¦ factores.

Para Scalia, esa competencia puede corresponder al Tribunal Supremo. Para los jueces m¨¢s progresistas, debe hacerlo el Congreso, tal y como lo establece la Ley de Derecho a Voto del 65. ¡°Lo que no podemos hacer es aplicar un remedio de hace 50 a?os a un problema de ahora¡±, contest¨® Rein, solicitando a la corte que inste al Congreso a crear una nueva medida de control.

Donald Verrilli, abogado del Estado, se vio obligado a reconocer que en la mayor¨ªa de los casos en los que el Departamento de Justicia investiga los cambios en una ley electoral acaba dejando que entre en vigor. ¡°Lo que debemos determinar es si podemos eliminar la Secci¨®n 5 con plena confianza de que no habr¨¢ discriminaci¨®n¡±, a?adi¨® Verrilli. ¡°La cuesti¨®n no es si los Estados del sur han cambiado, sino si lo han hecho suficientemente. El Congreso encontr¨® en 2006 que hab¨ªa razones para justificar la renovaci¨®n de la ley¡±.

Sotomayor dio la raz¨®n a Verrilli alegando que ¡°las leyes cambian m¨¢s r¨¢pido de lo que pueden reaccionar los tribunales, lo que justifica que se quieran tomar medidas para prevenir la discriminaci¨®n de votantes. Seg¨²n la juez, la Constituci¨®n permite que el Congreso apruebe medidas concretas para determinados Estados y no para otros -como en el caso de las ayudas por cat¨¢strofes naturales- porque cada uno tiene ¡°poblaci¨®n, necesidades y circunstancias distintas¡±.

Los nueve jueces anunciar¨¢n su sentencia sobre la Ley de Derecho a Voto el pr¨®ximo mes de junio, antes del t¨¦rmino del curso judicial.