A por todo

Hace justo un a?o, el jueves 26 de abril de 2012, tres jueces de la C¨¢mara Federal de Buenos Aires apartaron al juez Daniel Rafecas del caso de la imprenta Ciccone, en el que se encontraba y se encuentra involucrado nada menos que el vicepresidente de Argentina, Amado Boudou. Sobre ¨¦l pesaban y pesan imputaciones por tr¨¢fico de influencias y enriquecimiento il¨ªcito. El vicepresidente llevaba meses acaparando las portadas de los peri¨®dicos m¨¢s cr¨ªticos contra el Gobierno. Muchos pensaban que la presidenta, Cristina Fern¨¢ndez, le hab¨ªa soltado la mano y lo estaba dejando caer. Hasta que el s¨¢bado 6 de abril de 2012 Boudou apareci¨® sonriente y relajado en una conferencia de prensa en la que no admiti¨® ni una sola pregunta, pero fue disparando sin pausa contra el fiscal que lo investigaba, el juez que llevaba el caso y el fiscal general.

Boudou denunci¨® un "brutal ataque a las instituciones que llevan adelante las mafias y sus esbirros". "Mafias cuyos principales referentes en este pa¨ªs son el se?or [H¨¦ctor] Magnetto [consejero delegado del grupo Clar¨ªn] y tiene actores menores que llegan hasta el poder judicial". Si hubiese sido un pistolero, Amado Boudou habr¨ªa soplado sobre el ca?¨®n de su rev¨®lver y se habr¨ªa tendido a contemplar c¨®mo ca¨ªan, una por una, sus tres v¨ªctimas judiciales. Cuatro d¨ªas despu¨¦s presentaba su renuncia el fiscal general, Esteban Righi, un peronista de 73 a?os que ejerc¨ªa el cargo de procurador general desde que N¨¦stor Kirchner se lo ofreciese en 2005. A las semanas siguientes eran apartados de la investigaci¨®n el fiscal Carlos R¨ªvolo y el juez Daniel Rafecas.

Dos meses antes de aquella escabechina, la presidenta del Gobierno Cristina Fern¨¢ndez asisti¨® a un acto p¨²blico para festejar la creaci¨®n de la bandera argentina en la ciudad de Rosario. Fue el 27 de febrero de 2012, s¨®lo cinco d¨ªas despu¨¦s del accidente ferroviario de la estaci¨®n de Once, donde murieron 51 personas. Mientras hablaba la alcaldesa de Rosario, la opositora del Partido Socialista M¨®nica Fein, a Fern¨¢ndez exclam¨® unas palabras que, por su fuerza sint¨¦tica y premonitoria, quedaron grabadas para algunos analistas y muchos opositores: ¡°?Vamos por todo, vamos por todo!¡±.

En junio de 2012, dos meses despu¨¦s de la renuncia del fiscal general, el Gobierno propuso como candidato para la sucesi¨®n a Daniel Reposo, un funcionario que hab¨ªa tardado ocho a?os en terminar su carrera de derecho, aunque demostr¨® gran rapidez, soltura y eficacia a la hora de escribir tuits en los que apoyaba al vicepresidente frente al acoso de los medios de comunicaci¨®n. Era tal la mofa y el esc¨¢ndalo que despert¨® aquel nombramiento en el Congreso que Reposo tuvo que retirar su candidatura, antes de que la vetara el Congreso. El Gobierno se vio obligado a presentar, esta vez s¨ª, a una fiscal de prestigio y sigui¨® adelante con sus planes sobre la justicia.

Un empresario pr¨®ximo ideol¨®gicamente a Cristina Fern¨¢ndez ¨Cy que ha tenido la oportunidad de tratarla en varias ocasiones- afirma que ella siempre se quej¨® de que a menudo los presidentes ven muy mermados y limitados sus poderes por obra de unas cuantas corporaciones elitistas que no buscan otra cosa que el beneficio propio. ¡°Ella cree en su ¨¦pica¡±, sostiene este empresario. ¡°Y cree que en la necesidad de reformar una justicia que considera a menudo elitista, vendida a los intereses de los grandes grupos¡±. O sea, a Clar¨ªn. Detr¨¢s de cualquier enemigo del Gobierno, siempre aparecer¨¢ Clar¨ªn.

El Gobierno le ofreci¨® un ultim¨¢tum al Grupo Clar¨ªn para que acatase la Ley de Medios. O el grupo desinvert¨ªa voluntariamente antes del 7 de diciembre de 2012 o el Gobierno lo har¨ªa por el grupo. El Gobierno fue a por todo, llen¨® de publicidad los canales p¨²blicos con el habitual lenguaje ¨¦pico, casi b¨¦lico: ¡°Queremos que marques un d¨ªa importante en el calendario: el 7 de diciembre¡±, rezaba el espacio publicitario. ¡°O como vamos a llamarlo desde ahora, el 7-D. La d es de diciembre, pero tambi¨¦n podr¨ªa ser de diversidad o democracia¡±. Lleg¨® el 7-D y no ocurri¨® nada. Porque un juzgado de segunda instancia fall¨® a favor de Clar¨ªn. Pero el Gobierno sigui¨® yendo a por m¨¢s, a por mucho m¨¢s.

A partir de entonces, Cristina Fern¨¢ndez comenz¨® a hablar de la necesidad de ¡°democratizar¡± la justicia. Y emprendi¨® su reforma. La medida m¨¢s contundente es la que modifica la estructura del Consejo de la Magistratura, el ¨®rgano de Gobierno de los jueces, el que los nombra, les abre un juicio pol¨ªtico y los destituye. Ya ha sido aprobada la norma en la C¨¢mara de Diputados y el 8 de mayo, presumiblemente, lo ser¨¢ en el Senado. Con esta ley los miembros del Consejo pasar¨¢n de 13 a 19. Y una docena de ellos (tres jueces, tres abogados y seis acad¨¦micos o cient¨ªficos) deber¨¢n de elegirse por voto popular. Es decir, cada partido presentar¨¢ a los suyos en las pr¨®ximas elecciones legislativas. O sea: el ganador de las elecciones se lo lleva todo. Ser¨ªa como jugar con Messi y Ronaldo en el mismo equipo y con el ¨¢rbitro pitando a favor.

Puede que en lo m¨¢s profundo de su ser Fern¨¢ndez crea que est¨¢ democratizando la justicia, aunque hay quienes opinan que s¨®lo pretende evitar la c¨¢rcel para cuando deje el Gobierno. En cualquier caso, ser¨ªa interesante conocer su opini¨®n si alg¨²n d¨ªa cambiasen las tornas, el d¨ªa ¨Cpor ahora aparentemente lejano- en que un l¨ªder opositor consiga el rodillo de una mayor¨ªa aplastante en las presidenciales, en las legislativas y en el Consejo de la Magistratura.