Nuevo Le¨®n, ?de zona roja a modelo de depuraci¨®n policial?

El presidente de M¨¦xico, Enrique Pe?a Nieto, tiene un modelo policial en mente para renovar los cuerpos de seguridad estatales de todo el pa¨ªs: Fuerza Civil, la agencia que el Estado de Nuevo Le¨®n lleva m¨¢s de a?o y medio construyendo despu¨¦s de someter a ex¨¢menes de confianza a su anterior polic¨ªa estatal y demolerla casi por completo en vista de sus nefastos resultados: 4.000 agentes pasaron por el test y solo aprobaron 800.

Destruido ese cuerpo de polic¨ªa, Nuevo Le¨®n, un lugar que por entonces, a mediados de 2011, estaba en una encrucijada in¨¦dita de narcoviolencia y de impotencia institucional, opt¨® por montar desde cero una nueva agencia estatal de seguridad basada en dos principios: establecer controles de confianza en el proceso de formaci¨®n de los polic¨ªas y darles un sueldo y unas condiciones que hiciesen m¨¢s deseable una vida estable como agente honesto que una aventura impredecible como agente corrupto.

Fuerza Civil ofrece un sueldo base mensual de unos 15.000 pesos, alrededor de 1.200 d¨®lares. Seg¨²n el portavoz de seguridad de Nuevo Le¨®n, Jorge Domene, que concedi¨® una entrevista al respecto a EL PA?S en Monterrey, capital de este Estado del noreste de M¨¦xico, el sueldo de los anteriores agentes estatales rondaba los 7.000 u 8.000 pesos. ¡°El polic¨ªa era f¨¢cilmente corrompible¡±, afirm¨® Domene. Al sueldo se a?adieron otros beneficios, como seguro de vida, escuela gratis para los hijos, cobertura m¨¦dica y una vivienda gratuita ¨Ccedida, no en propiedad- en un lugar vallado y bautizado con el nombre tan poco entra?able de Ciudad Policial.

Este lunes el Gobierno federal dio el primer paso claro para implantar en todo el pa¨ªs partes del modelo de Nuevo Le¨®n. En un acto en el Estado de Campeche, suroeste de M¨¦xico, Pe?a Nieto anunci¨® que ha puesto en marcha el Programa Nacional de Vivienda para Elementos de Seguridad P¨²blica, dirigido, seg¨²n palabras del presidente, a los ¡°buenos elementos¡± que aprueben ex¨¢menes de confianza.

Nuevo Le¨®n abri¨® los ojos al problema de la corruptibilidad de su polic¨ªa cuando la violencia estall¨® entre 2010 y 2011. El director del diario Milenio de Monterrey, Luis Petersen, explica que tres o cuatro a?os antes las autoridades viv¨ªan ciegas a la degradaci¨®n de las fuerzas del orden locales. ¡°La ciudad era un para¨ªso de seguridad. Aqu¨ª no pasaba nada, pero se descuidaron. Nadie se imaginaba que sus propias corporaciones municipales y estatales estuvieran a tal grado infiltradas¡±. Cuando Nuevo Le¨®n revent¨® por la lucha a muerte entre el cartel del Golfo y el cartel de Los Zetas, la vulnerabilidad de las polic¨ªas municipales y de la polic¨ªa estatal ante el poder de las mafias qued¨® al desnudo. ¡°Estaban mal pagados¡±, dice Petersen. ¡°Sometidos a la ley de plata o plomo¡±. Aceptas mi dinero o eres mi enemigo.

Fuerza Civil y la pacificaci¨®n de Nuevo Le¨®n

En ese momento de crisis, cuyo auge fue el mes de julio de 2011, en el que hubo 210 asesinatos vinculados a los carteles, seg¨²n datos del Gobierno estatal, se puso en marcha Fuerza Civil, y desde entonces hasta ahora el problema se ha ido rebajando de forma significativa. En 2011 hubo 1.701 homicidios relacionados con el crimen organizado y en 2012, 1.184, un 30% menos. De todos modos este descenso no se puede atribuir ¨²nicamente al cambio de una polic¨ªa por otra.

Hubo otros factores. Uno obvio, el despliegue del Ej¨¦rcito y de la Marina por las calles y por las carreteras de Nuevo Le¨®n, adem¨¢s de la actuaci¨®n de la Polic¨ªa Federal. Otro posible factor ser¨ªa que uno de los dos carteles en lucha se hubiese impuesto al otro y lo hubiese ido expulsado de la zona. Domene descarta esta hip¨®tesis causal. Un polit¨®logo de Nuevo Le¨®n consultado por este peri¨®dico, Miguel B. Trevi?o, razona que de lo que ocurre en el lado de los criminales solo se puede especular, y que los cambios policiales, sin embargo, son un hecho que en mayor o menor medida han tenido que influir en la mejor¨ªa de la situaci¨®n. ¡°Podemos decir que Fuerza Civil es una polic¨ªa razonablemente m¨¢s confiable que la que ten¨ªamos, y hay municipios que tambi¨¦n han hecho un esfuerzo de reclutamiento y de depuraci¨®n¡±. Actualmente, con todo, existen en Nuevo Le¨®n 14 municipios en los que no hay ni un solo agente municipal ¨Cpor cuestiones relacionadas a la ley susodicha del plomo o la plata- y en los que la seguridad depende de fuerzas del orden estatales o nacionales.

Uno de esos regidores que tienen carencia de polic¨ªas locales es Homar Almaguer, alcalde de Santiago. Este municipio tiene 40.000 habitantes. De acuerdo con la proporci¨®n recomendada de polic¨ªas por habitante, Santiago deber¨ªa tener unos 100 agentes. Pero tiene 19. Por el d¨ªa solo tiene a dos patrullando. Por la noche a cuatro. Cobran 12.000 pesos al mes. Homar Almaguer es consciente de que no es un sueldo que garantice la incorruptibilidad de sus hombres. ¡°No puedes tener h¨¦roes por 12.000 pesos¡±, dice. El alcalde quisiera tener m¨¢s polic¨ªas, pero asegura que no tiene dinero para ello.

Quien niega que la acci¨®n del nuevo cuerpo estatal de polic¨ªa tenga relaci¨®n directa con el fin de las continuas masacres del bienio rojo 2010-2011 es Mauricio Fern¨¢ndez Garza, alcalde hasta hace unos meses de San Pedro Garza Garc¨ªa, un municipio de la zona metropolitana de Monterrey que es el m¨¢s rico de M¨¦xico y el m¨¢s seguro de la regi¨®n. Fern¨¢ndez Garza, miembro de una adinerada familia de industriales, blind¨® su territorio con 500 polic¨ªas para 100.000 habitantes, cre¨® un grupo de inteligencia local que compraba a informantes pistas para combatir a los criminales y logr¨® mantener en paz su feudo mientras afuera llov¨ªan balas. La sombra que se ha cernido sobre su mandato es la de la supuesta existencia de un grupo de combate a su servicio que hac¨ªa la guerra al narco al margen de la ley. Ahora, fuera de la alcald¨ªa, ¨¦l opina que la pacificaci¨®n que ha experimentado Nuevo Le¨®n se debe a una coyuntura menos belicosa en el mundo del crimen organizado. ¡°El tema de los muertos no est¨¢ bajo control del gobierno. Se me hace petulante que lo digan. Ellos no tienen el equipo ni el dinero ni las infraestructuras necesarias. Ahora las cosas est¨¢n mejor por obra y gracia de otras circunstancias¡±, dice el exalcalde aludiendo a lo que supone: que la violencia ha bajado porque la lucha entre carteles se ha atenuado. Fernando Chinchilla, polit¨®logo de la Universidad de Monterrey, tampoco cree que se pueda dar por sentada una relaci¨®n ¡°causa-efecto¡± entre la aparici¨®n de Fuerza Civil y la bajada del crimen: ¡°La evoluci¨®n de la violencia no tiene por qu¨¦ estar ligada a las t¨¢cticas de represi¨®n que se utilicen¡±, sostiene Chinchilla.

Actualmente Fuerza Civil tiene 2.200 agentes en servicio y espera acabar 2013 con 3.500. El Gobierno del Estado aspira a terminar su mandato en 2015 con 7.000 miembros en activo, y que al hilo del aumento del cuerpo estatal vaya disminuyendo la presencia del Ej¨¦rcito y de la Marina, dos poderes que seguramente han contribuido a eliminar factores de violencia en Nuevo Le¨®n, pero a los que se le achaca haberse empleado como en una guerra, sin mirar mucho por donde pisaban.

La hermana Consuelo Morales, l¨ªder de Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, una ONG neoleonesa, presenta en su oficina de Monterrey a EL PA?S sus datos sobre personas a las que supuestamente hicieron desaparecer miembros de las fuerzas del orden o de grupos criminales, lo que se conoce con el fr¨ªo y burocr¨¢tico nombre de desapariciones forzadas: 1.048 entre 2009 y 2013, seg¨²n el registro de su asociaci¨®n. La hermana Consuelo, que en una pared de su oficina tiene un cuadro de Juana In¨¦s de la Cruz y en la de enfrente una hoja con estad¨ªsticas de desaparecidos, dice que sus datos se quedan cortos porque, seg¨²n sus estimaciones, m¨¢s de la mitad de las desapariciones forzadas no se denuncian. Con todo, advierte de que la lucha por los derechos humanos en Nuevo Le¨®n ha avanzado. En 2012 lograron que la justicia estatal reconociese la desaparici¨®n forzada como un tipo espec¨ªfico de delito, y en los ¨²ltimos tiempos, seg¨²n dice, han conseguido que la fiscal¨ªa de Nuevo Le¨®n y su Gobierno colaboren con ellos en el esclarecimiento de los casos de desapariciones. La religiosa cree que la zona vive ya con ¡°un poco m¨¢s de calma¡±, aunque piensa que todav¨ªa no se pueden tener certezas sobre el futuro de la lucha contra el crimen en Nuevo Le¨®n. La hermana Consuelo, en realidad, solo tiene certezas sobre el pasado: ¡°Aqu¨ª se ha conseguido paz, pero es la paz de los cementerios¡±.