El general que no sab¨ªa nada
El Estado centroamericano no existe todav¨ªa, pero la condena a R¨ªos Montt podr¨ªa ser una primera piedra
La justicia guatemalteca es parsimoniosa y contradictoria, pero la condena a 80 a?os del exjefe del Estado, golpista y general Efra¨ªn R¨ªos Montt, de 86 a?os, por, entre otros, el delito de genocidio, puede merecer el car¨¢cter de hito hist¨®rico.
Las acciones judiciales se iniciaron en 1999 cuando la Asociaci¨®n Justicia y Reconciliaci¨®n denunci¨® ante la fiscal¨ªa al general por la matanza de 1.711 indios ixiles en el departamento de Quich¨¦, en el periodo 1982-83. Pero R¨ªos Montt gozaba entonces de inmunidad por su condici¨®n de diputado, al tiempo que una lluvia de recursos convert¨ªa el caso en una mara?a legal virtualmente inextricable.
El 14 de enero de 2012 el militar dejaba de ser diputado, perdiendo as¨ª el privilegio de aforado. Una jueza ordenaba d¨ªas m¨¢s tarde su procesamiento y arresto domiciliario, y el pasado 28 de enero dispon¨ªa que el encausado fuera a juicio. El 19 de marzo comenzaba la vista, que era, sin embargo, suspendida el 18 de abril y anuladas todas las actuaciones, de forma que en un vericueto de legalidades que desaf¨ªan la comprensi¨®n del mundo exterior, el proceso se reanudaba esta semana como si nada hubiera pasado, y se condenaba al exjefe del Estado. R¨ªos Montt se encuentra hoy en prisi¨®n preventiva en el cuartel de Matamoros, y su equipo de abogados ya hab¨ªa anunciado, antes de conocerse el fallo, que apelar¨ªa en una batalla jur¨ªdica que parece lejos de concluida.
Pero el fallo es hist¨®rico porque se trata de la primera vez que en un procedimiento de esta gravedad representantes de etnias ind¨ªgenas han podido hacerse o¨ªr de un alto tribunal y declarar contra el presidente, bajo cuyo mandato se produjo el exterminio. Y por muy profesional que pueda ser la bater¨ªa de juristas que ha defendido al genocida, no ha habido testigo m¨¢s incriminatorio contra s¨ª mismo que el propio acusado. R¨ªos Montt asegura que ten¨ªa menos conocimiento y poder real que cualquier militar incluso de baja graduaci¨®n. El presidente era comandante en jefe del Ej¨¦rcito, pero, seg¨²n sus palabras, solo pod¨ªa ¡°ordenar la recluta, imponer condecoraciones y dar pensiones¡±. El verdadero responsable de lo sucedido era, por tanto, ¡°el jefe del Estado Mayor de la Defensa¡±, que jam¨¢s le pasaba ¡°informes de ninguna naturaleza¡±. El general golpista ¡°no era comandante de compa?¨ªa, ni jefe de batall¨®n, ni comandante de zona; era jefe de Estado¡±. Y en su declaraci¨®n probablemente m¨¢s sincera y acertada, a?ad¨ªa que el embajador de Estados Unidos ¡°ten¨ªa m¨¢s informaci¨®n que ¨¦l¡±, puesto que se operaba ¡°pagados con dinero americano; eso es como una prostituta¡±. En su defensa, desarrollada con vigor impropio de un anciano, el general conclu¨ªa que se hab¨ªa visto pr¨¢cticamente forzado a aceptar el cargo por sus subalternos, lo que hizo ¨²nicamente por sentido del deber.
El presidente, tambi¨¦n exgeneral, Otto P¨¦rez Molina, cuyo nombre ha sonado estas semanas en relaci¨®n con asechanzas criminales del Ej¨¦rcito, ha prometido aceptar un fallo con el que posiblemente el establishment guatemalteco lo que quiere es hacer borr¨®n y cuenta nueva. El Estado centroamericano no existe todav¨ªa. La condena de R¨ªos Montt podr¨ªa ser, sin embargo, una primera piedra.
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