Una reforma lenta para acelerar la justicia en M¨¦xico

"Es un sistema que te detiene sin orden de arresto, te acusa sin pruebas y te juzga sin juez". As¨ª describ¨ªa la justicia en M¨¦xico en una ocasi¨®n el abogado Roberto Hern¨¢ndez, responsable de retratar al sistema judicial mexicano a trav¨¦s del documental Presunto Culpable. El anquilosado y a menudo injusto sistema judicial de M¨¦xico se dispone a cambiar, pero el proceso, igual que los juicios de antes y hasta ahora, es largo y engorroso.

Si el Gobierno cumple lo aprobado cinco a?os atr¨¢s se acabar¨¢n los juicios interminables, las acusaciones sin pruebas, los procesos opacos en los que el acusado no ve ni una sola vez al juez y la prisi¨®n preventiva para todos (de los 242.750 reclusos solo 142.450 est¨¢n sentenciados, seg¨²n datos de la Secretar¨ªa de Gobernaci¨®n de enero de 2013).

¡°Los procesos son escritos, largos. En ellos el juez no siempre est¨¢ presente en las audiencias (se hace ante secretarios, por las cargas de trabajo) y al final dicta sentencia en un proceso en el que no fue un actor principal¡±, explica Jos¨¦ Ram¨®n Coss¨ªo, ministro de la Suprema Corte de M¨¦xico.

La reforma penal avanza al ritmo lento y preocupante de los juicios por escrito: solo tres de los Estados (Chihuahua, Estado de M¨¦xico y Morelos) tienen implantado el nuevo sistema. Y la fecha l¨ªmite para una nueva justicia es junio de 2016. Las dificultades de arrancar en todo el pa¨ªs tienen que ver con la ambici¨®n de las medidas. ¡°En una sola audiencia se presentar¨¢ la acusaci¨®n, la defensa, el ofrecimiento de pruebas de fiscal y defensa, los testigos¡­¡±, explica Coss¨ªo.

La fecha l¨ªmite para una nueva justicia es junio de 2016. Hasta el momento, solo tres Estados la han completado

Algo opuesto al tedioso proceso por escrito que impera hasta ahora, en el que las partes compon¨ªan el caso durante meses, siempre bas¨¢ndose en una primera denuncia que se tomaba como la ¨²nica verdad. Parece que la reforma s¨ª puede resultar en una justicia m¨¢s ¨¢gil: ¡°En Nuevo Le¨®n, que ha empezado a implementar el sistema, se ha pasado de m¨¢s de seis meses a tres semanas el tiempo para procesar delitos menores¡±, dice Ernesto Canales, presidente de Renace, una de las instituciones privadas y organizaciones civiles que la impulsaron.

Para ello, promete la ley, los juicios ser¨¢n orales, con interacci¨®n de fiscales y abogados de acusaci¨®n. Los magistrados, dicen varios activistas, ya han estado recibiendo formaci¨®n para adaptarse al nuevo modelo. Los abogados todav¨ªa no, y nadie parece saber muy bien c¨®mo se har¨¢. La reforma penal tambi¨¦n obliga a la presencia de un juez en las audiencias (hoy d¨ªa se hace ante secretarios debido a la carga de trabajo) y en la fase de investigaci¨®n ¡°para que agentes del Ministerio P¨²blico (fiscales) no desborden su actuaci¨®n¡±, explica Coss¨ªo. Aunque resulte incre¨ªble, hasta ahora el juez que dictaba la sentencia no escuchaba a la v¨ªctima, al acusado ni a los testigos, seg¨²n recuerda la coalici¨®n de organizaciones civiles - Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, Oficina de Defensor¨ªa de los Derechos de la Infancia, Red por los Derechos de la Infancia - que pelean por acelerar la implantaci¨®n de la reforma penal en M¨¦xico.

Los polic¨ªas, promete asimismo la ley, se convertir¨¢n en una especie de peritos cient¨ªficos. Aprender¨¢n a hacer mejores investigaciones (la inmensa mayor¨ªa de las acusaciones hoy carecen de pruebas f¨ªsicas, seg¨²n abogados y activistas). Pero, una vez m¨¢s, la manera en la que se llevar¨¢ a cabo es una inc¨®gnita. ¡°El fundamento es la investigaci¨®n, las pruebas cient¨ªficas y leg¨ªtimas. Para eso hace falta un cuerpo que se prepare para investigar y por ahora lo que est¨¢ ocurriendo es que se cambia el nombre a la polic¨ªa judicial, pero no se le ense?a a investigar. Hay un cambio de ley, pero no de instituci¨®n. No hay un equipo¡±, dice Edgar Cortez, abogado especialista en Derechos Humanos del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia.

Un punto importante ser¨¢ la prisi¨®n preventiva,que pasar¨¢ a estar limitada acasos de peligro para la sociedad y no para delitos menores. Se apostar¨¢ por medidas alternativas, negociaciones y reparaciones del da?o en un 70% de los casos, seg¨²n la Secretar¨ªaT¨¦cnica del Consejo de Coordinaci¨®n para la Implementaci¨®n del Sistema de Justicia Penal. Hoy las cifras hablan por s¨ª solas: ¡°Se estima que en prisi¨®n hay alrededor de 200.000 personas. Un 40% est¨¢ ah¨ª por delitos menores a 5.000 pesos (unos 400 d¨®lares), como el robo de celulares, por ejemplo. Otro porcentaje importante de personas est¨¢n ah¨ª, privadas de su libertad, en espera de recibir sentencia; al final muchos resultan inocentes pero llegan a pasar incluso a?os en la c¨¢rcel¡±, critican las organizaciones civiles.

De los 242.750 reclusos que hab¨ªa en enero de 2013, solo 142.450 est¨¢n sentenciados

Otro punto positivo del sistema que, en teor¨ªa, entrar¨¢ en marcha en 2016: la transparencia. Mientras los productores y abogados de Presunto Culpable, Layda Negrete y Roberto Hern¨¢ndez, enfrentan una veintena de demandas civiles por grabar en un juzgado la lucha para liberar a un preso inocente, el nuevo proceso asegura que las audiencias ser¨¢n p¨²blicas. Pero el proceso, que reforma los 33 c¨®digos de procedimientos penales - uno por cada Estado y otro para los delitos federales- est¨¢ resultando opaco para algunos activistas. ¡°En los Estados donde se ha empezado a implementar no estamos teniendo una informaci¨®n continua y confiable de los resultados que est¨¢ habiendo. Se da dinero pero no sabemos d¨®nde se invierte. S¨ª se est¨¢n construyendo salas de juicios orales (son sistemas de grabaci¨®n, capacidad suficiente¡­) pero en detrimento de lo que no se ve¡±, asegura Cortez. Es decir, se invierte en edificios ¡°vistosos¡± pero se olvidan puntos vitales, como la formaci¨®n de abogados y magistrados.

El Senado discute actualmente la homologaci¨®n de todos los procedimientos penales, pero por ahora no hay un modelo federal, as¨ª que cada cual lo aplica como sabe y como puede.

El presidente Enrique Pe?a Nieto, adem¨¢s, prometi¨® al inicio de su mandato un c¨®digo penal ¨²nico para castigar de igual modo los delitos en toda la Rep¨²blica, algo que todav¨ªa debaten los expertos. Lo que podr¨ªa parecer una ventaja resultar¨ªa, seg¨²n los m¨¢s progresistas, un paso atr¨¢s. El ejemplo m¨¢s claro es el aborto: un Estado tan conservador como Guanajuato (donde el aborto se considera un delito) no aceptar¨ªa unificar el c¨®digo penal con el Distrito Federal (donde est¨¢ despenalizado).

Y aun as¨ª, hay esperanza. As¨ª lo cree Ernesto Canales, de Enlace: ¡°En los Estados donde se ha implementado totalmente la reforma o donde lleva un alto grado, los resultados son muy satisfactorios. En Chihuahua, el ¨ªndice de denuncias ha pasado del 15% al 45%. En Estado de M¨¦xico, aquellas personas ya condenadas y sentenciadas, el 73% ten¨ªa la percepci¨®n de que hab¨ªa sido condenada de manera injusta. Actualmente ha bajado a menos del 40%¡±.

Con informaci¨®n de Mari Luz Peinado