La fiscal¨ªa de Venezuela pide congelar las cuentas de dos editores period¨ªsticos

Primero fue Leocenis Garc¨ªa, el pol¨¦mico editor del grupo Sexto Poder, y luego lleg¨® el turno de Miguel Henrique Otero, presidente-editor del diario El Nacional, uno de los matutinos m¨¢s influyentes de la opini¨®n p¨²blica venezolana. La Fiscal¨ªa General de la Rep¨²blica ha solicitado a los tribunales que impida a ambos disponer de sus cuentas bancarias porque sospechan de hechos de corrupci¨®n relacionados con sus actividades.

Los dos procesos avanzan a distintas velocidades. En el caso de Garc¨ªa, un tribunal ya acogi¨® la petici¨®n fiscal lo que ha causado, seg¨²n ha denunciado el propio editor, ¡°el cierre t¨¦cnico¡± de los seis medios de comunicaci¨®n pertenecientes al grupo. El m¨¢s conocido de ellos es el semanario Sexto Poder cuyas portadas han provocado gran pol¨¦mica. Los fotomontajes publicados en sus portadas son recordados por escandalosos y re?idos con la ¨¦tica period¨ªstica. En uno de ellos, tal vez el m¨¢s c¨¦lebre, Garc¨ªa represent¨® a seis altas funcionarias - entre ellas las presidentas del Tribunal Supremo de Justicia y del Consejo Nacional Electoral - como bailarinas de cabaret. En ese caso, un tribunal prohibi¨® la circulaci¨®n del medio durante seis d¨ªas.

Es la ¨²ltima batalla de la larga disputa que este periodista ha mantenido con el Gobierno bolivariano o con poderes f¨¢cticos relacionados. Antes de eso, en 2007, fue acusado de participar en la extorsi¨®n al empresario petrolero Wilmer Ruperti cuando trabajaba como columnista del diario Reporte; entre 2008 y 2010 estuvo detenido durante m¨¢s de dos a?os despu¨¦s de destrozar la recepci¨®n del medio regional El Peri¨®dico exhibiendo una pistola al cinto. Y el pasado mes de junio, fue arrestado frente a la sede de la Comisi¨®n Nacional de Telecomunicaciones mientras protestaba por el cierre de Atel televisi¨®n, una planta que pensaba sumar a su grupo de medios.

Defensores de derechos humanos y abogados que le han defendido explican que los reiterados problemas de Leocenis Garc¨ªa demuestran el doble rasero con el que act¨²a la justicia bolivariana, diligente para defender la reputaci¨®n del Gobierno e indiferente para garantizar el derecho a la honra sus enemigos. En todo caso, ni las temporadas en prisi¨®n o la asfixia econ¨®mica sobre los medios que dirige le han hecho retroceder en su modo de actuar. Tal vez por ello el peligro de desaparici¨®n de Sexto Poder y los medios editados por Garc¨ªa no cuenta con el duelo un¨¢nime del gremio period¨ªstico venezolano.

El caso de Miguel Henrique Otero, sin embargo, es apenas un anuncio hecho en las redes sociales por la Fiscal General de la Rep¨²blica, Luisa Ortega D¨ªaz. Hasta la noche de este lunes, el due?o mayoritario de El Nacional no hab¨ªa recibido todav¨ªa una notificaci¨®n oficial sobre el delito que le imputan. De acuerdo con una nota de prensa, el Ministerio P¨²blico ha solicitado a un tribunal no s¨®lo la congelaci¨®n de las cuentas de Otero, sino tambi¨¦n la prohibici¨®n de que grave y enajene bienes muebles e inmuebles ¡°a prop¨®sito de una investigaci¨®n que se le sigue por una demanda civil del exalcalde metropolitano Alfredo Pe?a.

La fiscal¨ªa presume que en la acci¨®n judicial puede haber un hecho punible debido a la cantidad de dinero que Pe?a reclama al demandante: tres millones y medio de d¨®lares m¨¢s los intereses generados y los honorarios de los abogados que le asisten en su querella. Son diez millones de d¨®lares que Otero se niega a reconocer. En su escrito el antiguo alcalde asegura que le hizo un pr¨¦stamo personal, de 3, 5 millones de d¨®lares en enero de 2003. Era una ¨¦poca especialmente dif¨ªcil para el rotativo. Un mes antes, Fedecamaras -el gremio de los empresarios- se hab¨ªa sumado al paro de la industria petrolera. El diario apenas sobreviv¨ªa con la venta de los ejemplares. Mientras dur¨® el paro no hubo ingresos por publicidad y se redujo el n¨²mero de p¨¢ginas de las secciones. Uno de cada tres empleados dej¨® de trabajar en el peri¨®dico y se pospusieron los pagos relacionados con los aguinaldos.

El pasado 25 de julio, al contestar la demanda, el presidente editor de El Nacional descart¨® la validez de ese reclamo: ¡°Resulta ins¨®lita la pretensi¨®n del actor [Pe?a] si se considera que dicha suma [el capital del pr¨¦stamo accionado en el libelo] excede, aun utilizando la m¨¢s viva imaginaci¨®n, lo que un periodista y funcionario p¨²blico puede haber devengado durante toda su vida, incluso sin descontar los gastos propios de alimentaci¨®n, etc., m¨¢s a¨²n si dicha persona ha sido funcionario p¨²blico, caso en el cual en su declaraci¨®n jurada de patrimonio - y considerando los ingresos devengados en un cargo de esa naturaleza - se demuestra la imposibilidad de tan siquiera haber tenido dicha suma de dinero en su patrimonio para haber podido darla en pr¨¦stamo¡±.

Un alto directivo de El Nacional confirm¨® a EL PA?S que el dinero que reclama Pe?a jam¨¢s pas¨® por las arcas del peri¨®dico. ¡°Hubiese sido de mucha ayuda¡±, explic¨®. Otero no duda que la decisi¨®n de congelar sus cuentas obedece a un plan de desprestigiar al periodismo independiente. ¡°No hay manera de convertir una demanda civil en un asunto de persecuci¨®n pol¨ªtica¡±, agrega.

Hasta que se conoci¨® la demanda, a finales de diciembre de 2012, Pe?a y Otero mantuvieron para el gran p¨²blico una s¨®lida amistad. Pe?a trabaj¨® como columnista estrella y director de El Nacional durante muchos a?os en los cuales dej¨® una huella como denunciante de oficio. La candidatura de Hugo Ch¨¢vez en 1998 coloc¨® a ambos frente a la posibilidad de empujar el cambio que entonces encarnaba el comandante. Ambos apoyaron la candidatura y contribuyeron a ese triunfo. Dos meses despu¨¦s de la toma de posesi¨®n, Pe?a fue propuesto por Ch¨¢vez como candidato a la Asamblea Nacional Constituyente y abandon¨® para siempre el periodismo. Posteriormente fue designado como candidato oficialista para la alcald¨ªa metropolitana.

Tras el golpe de Estado de 2002, Pe?a ha vivido exiliado entre Uruguay y Miami. El Gobierno lo considera como el responsable de la matanza que antecedi¨® la breve salida del poder del presidente Ch¨¢vez. Dos periodistas venezolanos que viven en Estados Unidos lo han visto muy disminuido a causa del c¨¢ncer que la aqueja y con muchos problemas econ¨®micos derivados de su resentida salud.

El Gobierno parece haber aprovechado esa disputa para meter en cintura a uno de los medios m¨¢s cr¨ªticos. Las medidas contra Leocenis Garc¨ªa y Miguel Henrique Otero representan una nueva forma de amordazar a la prensa impresa que a¨²n conserva su visi¨®n cr¨ªtica del poder. Poco a poco, y mediante varias estrategias, el Gobierno ha venido tomando el ontrol del contenido transmitido por los medios de comunicaci¨®n en Venezuela. Ya dobleg¨® a la televisi¨®n. La prensa escrita sigue en la lista de espera para terminar de construir la ¡°hegemon¨ªa comunicacional del Estado¡±. Se trata de un concepto acu?ado por el exministro de Comunicaci¨®n e Informaci¨®n, Andr¨¦s Izarra, para ilustrar el plan de someter a los medios independientes y que ha sido refrendado por Ernesto Villegas, el actual titular de la cartera.