El ¡®Caso Riggs¡¯ se cierra sin procesar a ning¨²n familiar de Pinochet
La investigaci¨®n estudia el origen de 21 millones de d¨®lares no justificados por el dictador Seis oficiales retirados est¨¢n inculpados por el delito de malversaci¨®n de fondos p¨²blicos
Despu¨¦s de nueve a?os de trabajo, acumulados en 388 tomos de indagaciones, el ministro chileno Manuel Valderrama ha decidido cerrar el sumario del llamado caso Riggs sin inculpar a ning¨²n familiar de Augusto Pinochet (1915-2006). La investigaci¨®n pretende determinar el origen de la fortuna de m¨¢s de 21 millones de d¨®lares que el dictador ¨Cque gobern¨® Chile entre septiembre de 1973 y marzo de 1990¨C manten¨ªa en una serie de cuentas secretas en el desaparecido Riggs Bank de Estados Unidos.
El caso se inici¨® en 2004 cuando una subcomisi¨®n del Senado estadounidense, que investigaba la financiaci¨®n terrorista tras los ataques al Pent¨¢gono y al World Trade Center en 2001, descubri¨® el dinero en distintas cuentas inscritas con nombres falsos, como Daniel L¨®pez o John Long, lo que sac¨® a la luz p¨²blica?el peri¨®dico The Washington Post.
¡°A juicio del tribunal ya se cuenta con todas las diligencias¡±, dijo a la prensa el ministro Valderrama, que confirm¨® los procesos contra seis oficiales del ej¨¦rcito retirados por el delito de malversaci¨®n de fondos p¨²blicos. Se trata de los generales Jorge Ballerino y Ram¨®n Castro, quienes usando el seud¨®nimo John Long presuntamente abrieron la primera cuenta de Pinochet en el Riggs: banco que tras varios esc¨¢ndalos corporativos y problemas de administraci¨®n se fusion¨® en 2005 con la compa?¨ªa PNC Financial Services.
El otro general retirado acusado es Sergio Moreno, que habr¨ªa traspasado a las cuentas de Pinochet 23.721 d¨®lares que correspond¨ªan a gastos reservados del Ej¨¦rcito. Por ¨²ltimo, en calidad de secretarios privados, que ejecutaron diversas gestiones para ocultar dinero y transferirlo a Pinochet, permanecen procesados los coroneles Eugenio Castillo, Juan MacLean y Gabriel Vergara. Todos los militares podr¨ªa ser condenados a penas que van desde los cinco hasta los diez a?os de prisi¨®n.
Tras su muerte el 10 de diciembre de 2006, Augusto Pinochet ¨Cque cuatro meses antes hab¨ªa sido desaforado por la Corte de Apelaciones de Santiago en su calidad de expresidente¨C fue sobrese¨ªdo de la causa de malversaci¨®n de fondos p¨²blicos. Luego, en noviembre de 2007, la Corte Suprema revoc¨® 15 de los 23 procesamientos dictados por el entonces ministro a cargo de la causa Carlos Cerda, favoreciendo al entorno familiar directo de Pinochet. El dictamen del m¨¢ximo tribunal chileno benefici¨® a su viuda Luc¨ªa Hiriart e hijos Augusto, Luc¨ªa, Ver¨®nica, Marco Antonio y Jacqueline, adem¨¢s de a su contador Jos¨¦ Sobarzo y al albacea ?scar Aitken.
M¨¢s tarde, en octubre de 2008 el pleno de la Corte Suprema decidi¨® reemplazar a Cerda por Valderrama, que en enero pasado cerr¨® la investigaci¨®n que buscaba establecer si el tr¨¢fico de armas hab¨ªa sido uno de las fuentes de los 17 millones de d¨®lares no justificados en las cuentas del dictador; un monto que fue determinado por una auditor¨ªa de la Facultad de Econom¨ªa y Negocios de la Universidad de Chile.
Rodrigo Garc¨ªa, nieto de Pinochet y portavoz de la familia, asegur¨® que las cuentas en el Riggs de su abuelo no representaban un acto il¨ªcito. ¡°Lamento que tras nueve a?os de investigaci¨®n se cierre el caso con un velo de duda con respecto del origen del patrimonio¡±, dijo en una entrevista con CNN Chile. Garc¨ªa lament¨® el ¡°da?o¡± que sufri¨® su familia durante el proceso. ¡°Pasamos por grandes acusaciones de todo tipo, incluso se encarcel¨® a toda la familia, se habl¨® de tr¨¢fico de armas, se habl¨® del tema de los lingotes de oro (¡) Esto siempre fue un tema pol¨ªtico¡±.
Los abogados de la acusaci¨®n, Carmen Hertz y Alfonso Insunza, dijeron que estaban evaluando pedir la reapertura de la causa y nuevas diligencias, para lo que tienen 15 d¨ªas. Es el mismo plazo que tienen los abogados defensores de los seis militares procesados y el Consejo de Defensa del Estado, entidad que ¨Cseg¨²n el peri¨®dico El Mercurio¨C estudia presentar una demanda civil contra la familia.
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