El nuevo abogado de Fujimori pide su arresto domiciliario

El nuevo abogado del expresidente peruano Alberto Fujimori -un antiguo juez que en 2001 fue separado de su cargo por corrupci¨®n- ha pedido al Poder Judicial cambiar la condena de prisi¨®n por arresto domiciliario para el exmandatario de Per¨², condenado a 25 a?os por cr¨ªmenes de lesa humanidad. William Paco Castillo se ha presentado como el nuevo abogado que revisar¨¢ las sentencias. Las causas penales pendientes seguir¨¢n a cargo del abogado C¨¦sar Nakazaki.

¡°Entendemos que despu¨¦s del esc¨¢ndalo de la reuni¨®n de mayo de 2012, el fujimorismo quiere saber si tiene base para discutir aspectos del caso que produjo la principal condena contra Fujimori¡±, explic¨® el abogado penalista C¨¦sar Azabache, exprocurador anticorrupci¨®n. El magistrado C¨¦sar San Mart¨ªn presidi¨® el tribunal que en 2009 conden¨® a Fujimori por autor¨ªa mediata de homicidio calificado y alevos¨ªa en los cr¨ªmenes de Barrios Altos y la Universidad La Cantuta, y por secuestro agravado de un periodista y un empresario en 1992. El expresidente Fujimori fue elegido democr¨¢ticamente en 1990, pero en 1992 cerr¨® el Congreso y tras un autogolpe gobern¨® en una alianza con un sector corrupto del Ej¨¦rcito controlado por el asesor de inteligencia y exabogado de narcotraficantes, Vladimiro Montesinos.

Fujmori tambi¨¦n fue sentenciado a siete a?os de prisi¨®n por la compra irregular de medios de comunicaci¨®n, soborno a congresistas, espionaje telef¨®nico.

La imagen del magistrado San Mart¨ªn, quien hasta diciembre pasado fue presidente del Poder Judicial, qued¨® mellada el pasado d¨ªa 4 tras conocerse la grabaci¨®n de un di¨¢logo que sostuvo en mayo del a?o pasado con funcionarios del Poder Ejecutivo y una jueza. El entonces ministro de Justicia, Juan Jim¨¦nez; el exagente del Estado para la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Pedro Cateriano; la jueza Carmen Rojassi y el entonces presidente del Poder Judicial discuten c¨®mo ¡°unificar criterios¡± en el caso de la ejecuci¨®n extrajudicial de un miembro del Movimiento Revolucionario T¨²pac Amaru, durante la Operaci¨®n Chav¨ªn de Hu¨¢ntar en 1997, cuando un comando de ¨¦lite del Ej¨¦rcito liber¨® a secuestrados que permanec¨ªan en la residencia del embajador de Jap¨®n.

En el di¨¢logo, el entonces ministro de Justicia le indica a la jueza que Vladimiro Montesinos y otros acusados por la supuesta ejecuci¨®n extrajudicial ya han sido condenados por otros delitos, y que ella ten¨ªa una gran responsabilidad al dictar sentencia para no manchar a los comandos Chav¨ªn de Hu¨¢ntar y no perjudicar la performance del Estado peruano ante la CIDH. ¡°En sus manos, el Per¨²¡±, le dijo el titular de Justicia y actual primer ministro a la magistrada. Sin embargo en ese caso no estaban involucrados los comandos del Ej¨¦rcito, solamente Montesinos y colaboradores suyos del ex Servicio de Inteligencia Nacional (SIN).

Azabache considera que ¡°no hay evidencia¡± de una situaci¨®n parecida para el caso de las sentencias contra Fujimori. ¡°Sospecho que el abogado Castillo quiere establecer si en el caso de su defendido ha ocurrido algo semejante a lo que se ha denunciado (una reuni¨®n inapropiada entre autoridades del judicial y representantes del Ejecutivo en pleno juicio). Pero no veo c¨®mo pueda relacionarse una decisi¨®n que est¨¢ evidentemente bien fundada, con alguna forma de interferencia externa".

Fujmori fue sentenciado adem¨¢s a siete a?os de prisi¨®n por la compra irregular de medios de comunicaci¨®n, soborno a congresistas y espionaje telef¨®nico; y a siete a?os por malversaci¨®n, al haber pagado ilegalmente 15 millones de d¨®lares a Vladimiro Montesinos poco antes de que este se fugara del pa¨ªs. Sin embargo, Fujimori deber¨¢ comparecer en un nuevo juicio oral conocido como el caso de la prensa chicha, en alusi¨®n a los diarios sensacionalistas que cre¨® el Servicio de Inteligencia Nacional en 1999 para las campa?as a favor de la rereelecci¨®n del entonces presidente y para desprestigiar a los opositores de su gobierno.

El actual procurador anticorrupci¨®n, Julio Arbizu, indic¨® a la prensa lime?a que ¡°hay pruebas que permiten establecer claramente la responsabilidad (de Fujimori) en el delito de malversaci¨®n, as¨ª lo han corroborado investigados, condenados y testigos del proceso que se sigui¨® por este hecho en el 2006¡±. Seg¨²n Arbizu, qued¨® probado que las Fuerzas Armadas destinaron unos 43 millones de d¨®lares al SIN y qued¨® por establecer qui¨¦n orden¨® usar dichos medios para desacreditar a pol¨ªticos, l¨ªderes sociales y periodistas opositores al fujimorismo.

El nuevo abogado de Fujimori, Castillo, quien ha vivido fuera del pa¨ªs la ¨²ltima d¨¦cada, dijo en una entrevista en televisi¨®n que revisar¨¢ todos los procesos penales en los que intervino el magistrado San Mart¨ªn ¡°para determinar si tienen legitimidad o si son consecuencia del odio visceral y la inquina¡±.