Paraguay se militariza para combatir una guerrilla

Paraguay podr¨¢?enviar militares a combatir al peque?o Ej¨¦rcito del Pueblo Paraguayo (EEP) sin necesidad de declarar el estado de emergencia por un tiempo y lugar determinados, como se exig¨ªa hasta ahora.?En solo dos d¨ªas, la C¨¢mara de Diputados y el Senado de Paraguay han aprobado una enmienda de la ley de defensa que pidi¨® el nuevo presidente Horacio Cartes, empresario de derechas.

La nueva norma, que entr¨® en vigencia este viernes, ha sido cuestionada por la minoritaria oposici¨®n de izquierda y por las organizaciones de defensa de los derechos humanos. Consideran que la medida viola la Constituci¨®n al quebrar el equilibrio de poderes del Estado y pone en riesgo a los campesinos que viven y muchas veces resisten sin recurrir a las armas entre latifundios en los dos departamentos (provincias) donde act¨²a el EPP, San Pedro (centro de Paraguay) y Concepci¨®n (noreste).

La decisi¨®n de que los militares complementaran la lucha de los polic¨ªas contra el EPP fue impulsada por Cartes despu¨¦s de que cinco guardas privados de una finca de un ganadero brasile?o fueran asesinados el pasado s¨¢bado en San Pedro. Cartes hab¨ªa asumido la presidencia el pasado d¨ªa 15, en lo que constituy¨® el regreso al poder del Partido Colorado, que hab¨ªa gobernado Paraguay durante seis d¨¦cadas, incluida la dictadura militar de Alfredo Stroessner (1954-1989). Dos d¨ªas despu¨¦s, ocurri¨® el atentado que el Gobierno de este empresario de 57 a?os, con apenas cuatro de carrera pol¨ªtica, atribuy¨® al EPP. En un perfil femenino de Facebook, la guerrilla supuestamente reconoci¨® su autor¨ªa. Ya en su discurso de asunci¨®n del poder, Cartes hab¨ªa dicho: ¡°El EPP no marcar¨¢ mi agenda¡±.

La guerrilla se form¨® en 2008, en el final del Gobierno del colorado Nicanor Duarte y antes de que lo reemplazara el exobispo de San Pedro Fernando Lugo, socialista. Desde entonces, la Polic¨ªa le atribuye el asesinato de 30 personas, entre 11 polic¨ªas y 19 civiles, incluidos terratenientes, custodios y la hija de un expresidente paraguayo, el colorado Ra¨²l Cubas (1998-1999). Dos de sus presuntos fundadores est¨¢n presos. Por la captura sus dos l¨ªderes actuales, Osvaldo Villalba y Manuel Cristaldo Mieres, el Gobierno ofrece recompensas. Un supuesto desertor del EPP declar¨® que han recibido asesoramiento de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). En su momento, el Gobierno de Lugo, que no pudo concretar la prometida reforma agraria y se enfrent¨® al EPP, dec¨ªa que ¨¦ste estaba formado por solo 15 guerrilleros.

El jefe antidrogas de Paraguay, Luis Rojas, dice que el EPP extorsiona a los terratenientes de San Pedro y Concepci¨®n y est¨¢ vinculado al narcotr¨¢fico en una regi¨®n donde conviven las crecientes de plantaciones de soja transg¨¦nica, que han desplazado a bosques y campesinos, y cultivos de marihuana. Supuestos comunicados del EPP definen a la guerrilla como marxista leninista y ¡°ej¨¦rcito de los pobres¡±, en un pa¨ªs donde el 2% de la poblaci¨®n controla el 85% del territorio.

Las organizaciones de derechos humanos critican las redadas policiales contra supuestos miembros de la guerrilla y tambi¨¦n que ni la justicia ni las fuerzas de seguridad hubiesen reaccionado jam¨¢s ante las v¨ªctimas m¨¢s numerosas del campesinado paraguayo. Desde el regreso de la democracia a Paraguay, en 1989, unos 131 peque?os agricultores han sido asesinados por su militancia contra los latifundios y la deforestaci¨®n y a favor de la reforma agraria. El ¨²ltimo crimen ocurri¨® el pasado d¨ªa 13, dos d¨ªas antes de iniciarse el Gobierno de Cartes.

"El proyecto (de militarizaci¨®n) permite en la pr¨¢ctica que el Poder Ejecutivo instale un estado de excepci¨®n en forma permanente, sin l¨ªmite de tiempo y sin aprobaci¨®n y control del Poder Legislativo", alert¨® la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay, que agrupa a 34 entidades. Esta coordinadora denunci¨® que la Polic¨ªa control¨® los alrededores de la sede en Asunci¨®n donde los activistas se reunieron este jueves para debatir sobre la nueva ley.

"Ellos (el EPP) nos han declarado la guerra y debemos responder a esa declaraci¨®n de guerra con lo mejor que tenemos ", dijo la senadora colorada, exesposa de Cubas y madre de su hija asesinada, Mirta Gusinky, en el debate en el que se impuso la ley de Cartes por 29 votos contra 11, incluido el del ahora legislador Lugo y sus correligionarios del Frente Guas¨² (grande, en guaran¨ª). ¡°No podemos dar m¨¢s poderes al Ejecutivo que los que ya tiene bajo la Constituci¨®n", contraatac¨® el senador Carlos Filizzola, del Frente Guas. "El presidente de la Rep¨²blica deber¨ªa pedirnos la declaraci¨®n del estado de emergencia para hacer una intervenci¨®n militar y nosotros se la dar¨ªamos¡±, a?adi¨® el senador del partido de Lugo, cuyo Gobierno declar¨® durante 60 d¨ªas el estado de emergencia en 2010. Entonces, los militares no atraparon a nadie y las organizaciones de derechos humanos como el Servicio de Paz y Justicia (SERPAJ) recuerdan que ¡°se registraron cuantiosas denuncias de abusos, maltratos y atropellos a comunidades empobrecidas¡±. El SERPAJ tambi¨¦n entrevist¨® a dos detenidos por un asesinato atribuido en mayo pasado al EPP y uno de ellos declar¨® que solo era un campesino que por medios pac¨ªficos se opon¨ªa a la concentraci¨®n y deforestaci¨®n de la tierra.

La militarizaci¨®n se aprob¨® tan r¨¢pido como la pol¨¦mica destituci¨®n de Lugo en 2012, a manos de los legisladores colorados y liberales, antiguos aliados del exobispo. Ya se ver¨¢ con qu¨¦ efectividad y respeto de las garant¨ªas constitucionales act¨²a el Ej¨¦rcito. Es la primera apuesta de Cartes, que gan¨® con el 46% de los votos. ¡°Yo le digo a Cartes que su agenda ya est¨¢ marcado por el EPP¡±, declar¨® Lugo despu¨¦s del atentado del s¨¢bado pasado.