Palmasola muestra el precario sistema penitenciario en Bolivia

Las autoridades bolivianas han anunciado la aplicaci¨®n de reformas en el sistema penitenciario tras la muerte de 29 presos y un menor de un a?o en la c¨¢rcel de Palmasola, en la ciudad de Santa Cruz, a causa de violentos enfrentamientos entre presos que ocasionaron el incendio de sus pabellones.

¡°Hasta el s¨¢bado se ha logrado identificar un solo cuerpo de los 30 muertos. La tarea se dificulta porque la mayor parte de las v¨ªctimas fatales est¨¢ calcinada¡±, ha informado al peri¨®dico el Defensor del Pueblo en Santa Cruz, Hern¨¢n Cabrera, que calcula al menos una semana para contar con el informe de los forenses.

La pugna por el poder, entre grupos de presos, estall¨® la madrugada del viernes cuando buena parte de los detenidos estaba a¨²n durmiendo. Los informes preliminares dan cuenta de que uno de los grupos utiliz¨® una bombona de gas como lanzallamas para acabar con sus adversarios, pero el fuego se expandi¨® y afect¨® a unas 250 personas en el piso superior, muchas de las que quedaron con quemaduras y fracturas al caer.

¡°Cerca de 40 personas, con quemaduras graves y muy graves, se encuentran en distintos centros hospitalarios y otras 22, con heridas leves, est¨¢n siendo atendidas en el mismo penal¡±, explica Cabrera. Los dem¨¢s presos del pabell¨®n est¨¢n alojados en carpas en el patio de la c¨¢rcel puesto que el edificio qued¨® seriamente da?ado por las llamas. Los ni?os, cerca de unos ochenta entre seis y catorce a?os, fueron retirados del penal para su seguridad.

La c¨¢rcel de Palmasola alberga a 5.200 presos de los que 400 tienen sentencia ejecutoriada y cerca de 200 menores entre 6 y 14 a?os acompa?an a sus padres que guardan detenci¨®n, aclara el defensor Cabrera desde Santa Cruz.

¡°Nuestra prioridad ahora es cubrir la atenci¨®n de los quemados que necesitan tratamiento con medicamentos de alto costo¡±, se?ala a este peri¨®dico, desde La Paz, el director nacional de R¨¦gimen Penitenciario, Ramiro Llanos, al destacar que los hospitales de Santa Cruz han abierto sus puertas para recibir a los heridos y, el env¨ªo de medicamentos desde la sede de Gobierno.

El dram¨¢tico incidente en Palmasola, el peor de la historia de las c¨¢rceles bolivianas, desnuda la precariedad del sistema penitenciario, que involucra tanto la infraestructura como la calidad de vida de los detenidos, algunos acompa?ados por su familia; la ausencia de un control efectivo del r¨¦gimen disciplinario, encargado a la Polic¨ªa, y el papel de la justicia boliviana, que mantiene como detenidos preventivos a casi el 85 por ciento de los presos.

En Bolivia existen 16 c¨¢rceles ¡°grandes¡±, cada una con capacidad promedio de 500 presos, pero la mayor¨ªa supera en m¨¢s de dos veces esa poblaci¨®n. El penal de San Pedro de La Paz, en una vetusta edificaci¨®n en el centro de la ciudad, pod¨ªa albergar a 300 personas en sus comienzos, pero ahora sobreviven m¨¢s de 1.500, como en gran parte de los casos, detenidas preventivas.

El director Llanos puntualiza que la poblaci¨®n penal en Bolivia alcanza a 14.500 personas, de las que 2.500 tienen sentencia y el resto guarda detenci¨®n preventiva. ¡°Son los jueces los que est¨¢n colapsando las c¨¢rceles con los detenidos preventivos¡±, afirma.

El hacinamiento y la ineficacia del r¨¦gimen disciplinario son factores que contribuyen a que se susciten conflictos entre presos. Llanos est¨¢ convencido de que la gran mayor¨ªa es una ¡°poblaci¨®n pac¨ªfica y respetuosa¡±, aun cuando hay ¡°unos cuantos bravucones que quieren tener el control¡±, como en el caso de Palmasola. Los pabellones escenario del enfrentamiento, por ejemplo, ¡°son sectores de r¨¦gimen cerrado, pero claro, se abre cuando la Polic¨ªa lo quiere¡±, se lamenta. De otra manera no se explica la relativa facilidad con la que ingresan armas y otros materiales, con restricciones, a los penales.

¡°La Polic¨ªa debe ser vigilada por el control social y eso se logra con c¨¢maras de seguridad manejadas por civiles¡±, plantea como una soluci¨®n que puede ser financiada por las Gobernaciones. ¡°Paralelamente, se va formando personal en seguridad penitenciaria hasta alcanzar su experticia¡±, para que sea capaz de mantener el orden, la disciplina y la seguridad, salvaguardando los derechos humanos de los presos.

Llanos espera entregar hasta 2014 una parte de otras 16 c¨¢rceles ¡°grandes¡± planificadas para todo el pa¨ªs, a fin de ofrecer mejores condiciones de habitabilidad a los privados de libertad. En estos recintos se planea desarrollar programas de rehabilitaci¨®n y reinserci¨®n; con prioridad: clasificar secciones de acuerdo al delito y a la peligrosidad de los presos. Actualmente no existe esa selecci¨®n y en las c¨¢rceles conviven reos peligrosos, reincidentes, detenidos bajo cargo de narcotr¨¢fico, violaci¨®n, asesinato, robo, estafa o deudores de pensiones familiares, entre otros.

Hasta entonces, como hasta ahora, la terrible realidad en las c¨¢rceles no va a cambiar significativamente. Para entrar a la c¨¢rcel como detenido se paga el derecho de ingreso. La falta de infraestructura impide que el Estado sea el que provea una celda, lo que obliga al individuo a pagar de su bolsillo un alquiler por un ambiente. Y si no tiene capacidad econ¨®mica, su opci¨®n es la de compartir un espacio con alg¨²n otro interno o buscar lugar en las gradas, debajo de ellas, o en los pasillos. En algunas c¨¢rceles, como la de mujeres de Cochabamba, se ha apelado m¨¢s de una vez al auditorio o a la capilla para albergar por la noche a las detenidas, de acuerdo a un informe del ex presidente de la Asamblea de Derechos Humanos de esta ciudad.

La presencia de menores en las c¨¢rceles bolivianas ha despertado preocupaci¨®n en organismos internacionales y autoridades gubernamentales. Se aplican programas para retirar gradualmente a los menores de las c¨¢rceles y trasladarlos a hogares de acogida o a casas de algunos familiares, que idealmente debe culminar hasta fines de 2013.

Uno de los efectos inmediatos de la dura ley antidroga es la presencia de familias enteras en la c¨¢rcel. La ley 1008 obliga al sospechoso de tr¨¢fico de estupefacientes a defenderse desde la c¨¢rcel. Se le confisca la casa y cualquier otra propiedad y la familia suele quedar sin techo, con la ¨²nica opci¨®n de vivir encarcelados con los padres o uno de los c¨®nyuges, si fue abandonado con sus ni?os, expresa el mencionado informe.

Los esfuerzos gubernamentales por contar con un Poder Judicial independiente, gratuito y transparente no han dado frutos, todav¨ªa. La c¨²pula judicial ha sido renovada en las urnas en 2011, pero no se ha logrado romper el cuello de botella que significa la retardaci¨®n de justicia. Y no es para menos: no m¨¢s de 800 jueces deben atender una avalancha de miles de demandas y procesos judiciales al a?o. Al comenzar la nueva etapa del Poder Judicial, el primer presidente de la Corte Suprema de Justicia, Jorge von Borries, advert¨ªa, en enero de 2011, que iniciaban su trabajo con ¡°591.000 causas acumuladas en los anaqueles judiciales de todo el pa¨ªs y 754 jueces para su atenci¨®n¡±.

El Ministerio P¨²blico tambi¨¦n tiene limitaciones institucionales para cumplir eficientemente sus funciones. El fiscal general, Ramiro Guerrero, ha reconocido que a¨²n no se ha podido aplicar una pol¨ªtica cabal contra el crimen y la persecuci¨®n penal del delito. La entidad ha quedado da?ada en su credibilidad tras el esc¨¢ndalo de corrupci¨®n, extorsi¨®n y retardaci¨®n de justicia despu¨¦s de conocerse las ilegales acciones de un grupo de abogados, en funci¨®n p¨²blica, fiscales y jueces que actuaban en beneficio propio y en detrimento de personas encausadas en procesos judiciales. La mayor parte de este grupo se encuentra en la c¨¢rcel.