¡°Si Venezuela se retira de la CIDH, la ciudadan¨ªa querr¨¢ regresar¡±

Al juez Diego Garc¨ªa-Say¨¢n se le acaba el tiempo como presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). El pr¨®ximo 31 de diciembre pondr¨¢ fin a cuatro a?os al frente del m¨¢ximo tribunal en este ¨¢mbito de los pa¨ªses de la OEA. Cuenta con cierto orgullo c¨®mo ha vivido el proceso de consolidaci¨®n del tribunal y la mejora del di¨¢logo con los sistemas nacionales. Tambi¨¦n c¨®mo los siete magistrados que lo forman han tenido que enfrentarse a nuevos retos. "Es muy interesante la reflexi¨®n que tuvimos que hacer sobre el derecho a la vida a prop¨®sito de un caso de reproducci¨®n in vitro en Costa Rica", explica.

El exministro de Justicia y Exteriores de Per¨² visita M¨¦xico para presentar las sesiones extraordinarias que la CIDH celebrar¨¢ en este pa¨ªs en octubre. Durante la conversaci¨®n repasa algunas de las cosas que deja pendientes. "La CIDH no deber¨ªa depender de la cooperaci¨®n internacional. Para financiar las reuniones y otras necesidades b¨¢sicas, como los abogados, se recurre a la cooperaci¨®n de pa¨ªses como Espa?a, Noruega y Dinamarca", explica. El otro gran reto que no ha podido cumplir existe desde que naci¨® la Corte: conseguir que todos los pa¨ªses de la OEA acepten ser miembros plenos del sistema interamericano de DD HH.

Pregunta. La Corte que preside emiti¨® m¨¢s sentencias que nunca durante el a?o 2012. ?Hay m¨¢s violaciones de derechos humanos o una mayor sensibilidad?

Respuesta. M¨¢s lo segundo. La percepci¨®n de que los ciudadanos tienen derechos como personas se ha ampliado en Am¨¦rica Latina.?

P. ?ltimamente abundan las sentencias sobre temas sociales, como la discriminaci¨®n por orientaci¨®n sexual. Estos temas no parecen espec¨ªficamente americanos, sino m¨¢s universales. ?Ha habido un cambio?

La proliferaci¨®n de grupos de autodefensa es un asunto sumamente peligroso

R. S¨ª, porque eran derechos que estaban latentes, pero que todav¨ªa no estaban en la agenda. Cuando la Corte empez¨® a dictar sentencias en los 80, la mayor¨ªa ten¨ªan que ver con la represi¨®n sangrienta y las violaciones masivas y sistem¨¢ticas que se dieron en Am¨¦rica. A nadie se le hubiera ocurrido que ¨ªbamos a tratar casos que tuvieran que ver con la orientaci¨®n sexual - como un caso de Chile - o con mecanismos de reproducci¨®n como la fertilizaci¨®n in vitro [un caso de Costa Rica]. Y no solo que esos asuntos llegaran a la Corte, sino que la Corte los resolviera y que en la pr¨¢ctica se cumpliera la resoluci¨®n.

P. ?Los Gobiernos est¨¢n eludiendo su responsabilidad respecto a los migrantes, especialmente en Centroam¨¦rica, M¨¦xico y EE UU?

R. A la Corte llegan cada vez m¨¢s casos sobre el tema y eso es un reflejo. Hay espacios en Sudam¨¦rica con resultados positivos en integraci¨®n y regularizaci¨®n de los migrantes. Pero, por otro lado, hay grandes dramas como Centroam¨¦rica, M¨¦xico y la frontera con EE UU. Son temas que tienen en parte soluci¨®n jur¨ªdica, pero sobre todo dependen de las grandes pol¨ªticas de los Estados.

P. El Gobierno de M¨¦xico tiene una base de datos con m¨¢s de 25.000 personas no localizadas durante el anterior sexenio y Human Rights Watch ha documentado 149 desapariciones forzadas por las fuerzas de seguridad. Un Estado en el que se dan estas cifras, ?ha fallado?

R. No puedo hacer una valoraci¨®n sobre M¨¦xico porque las cifras son muy distintas y los criterios para determinar qu¨¦ es un desaparecido pueden ser equ¨ªvocos. Pero no puedo decir que hoy en d¨ªa la pr¨¢ctica de las desapariciones forzadas?sea una pol¨ªtica de Estado?en alg¨²n pa¨ªs de Am¨¦rica Latina.

P. Un grupo de ciudadanos ha demandado a M¨¦xico ante el Tribunal Penal Internacional por cr¨ªmenes de guerra en el marco de la lucha contra el narcotr¨¢fico. ?Cree que alg¨²n d¨ªa veremos a representantes de M¨¦xico dando explicaciones en la CIDH?

No puedo decir que hoy en d¨ªa la pr¨¢ctica de las desapariciones forzadas sea una pol¨ªtica de Estado en alg¨²n pa¨ªs de Am¨¦rica Latina

R. La CIDH no es un tribunal penal, simplemente analiza las responsabilidades de Estados por violaciones de derechos humanos y est¨¢ abierta a todos los temas que se le presenten y sean de su competencia. Por otro lado, en Am¨¦rica Latina hay tribunales en capacidad de procesar y resolver las acusaciones por cr¨ªmenes que puedan haber cometido personas provistas de la autoridad del Estado. Y el Tribunal Penal Internacional entra a fallar cuando los tribunales no han sido capaces de hacerlo. Veamos lo que pasa. De momento, no hay ning¨²n caso de latinoamericanos en la Corte Penal Internacional, todos los casos son referentes a pa¨ªses de ?frica.?

P. ?Qu¨¦ le parecen los grupos de autodefensa que proliferan en M¨¦xico?

R. Es un asunto sumamente peligroso. Ante una situaci¨®n de amenaza a la seguridad, existe la angustia de la poblaci¨®n sobre c¨®mo protegerse y surgen formas de organizaci¨®n vecinal. A veces empiezan con acciones armadas ¡®light¡¯ pero pueden acabar en verdaderos grupos armados al margen de la ley y con una capacidad de fuego superior a la del Estado. Una cosa es organizarse para fomentar la participaci¨®n ciudadana y en coordinaci¨®n con la autoridad y otra asumir funciones de represi¨®n y de ejercicio de la fuerza que le corresponden estrictamente al Estado.?

P. ?Ayudar¨ªa la despenalizaci¨®n de las drogas a mejorar la seguridad en Am¨¦rica Latina?

R. Hay que separar mis opiniones de la postura de la Corte. En este caso, yo tengo una percepci¨®n personal del tema que bajo ninguna circunstancia es la de la CIDH. Pero en la OEA se ha apostado por abrir el debate: la perspectiva que hasta el momento ha prevalecido en el mundo, no solo en Am¨¦rica, no ha funcionado. Se produce m¨¢s droga il¨ªcita de la que se produc¨ªa hace 20 a?os y el nivel de criminalidad es superior. No hay una respuesta f¨¢cil, pero s¨ª hay cierto consenso en que los Estados deben poner ¨¦nfasis en las pol¨ªticas de salud, prevenci¨®n y desarrollo en las zonas productoras. Focalizar la acci¨®n punitiva en las bandas del crimen organizado es fundamental cuando hay pocos recursos. Por ejemplo, la nueva pol¨ªtica que ha establecido el fiscal general de EE UU insta a priorizar sus esfuerzos y centrarse en los grandes actores dentro de las bandas, a no llenar las c¨¢rceles con microcomerciantes.

P. Hace un a?o Venezuela anunci¨® su retirada de la jurisdicci¨®n de la Corte. ?No han conseguido mejorar las relaciones?

R. El a?o est¨¢ a punto de cumplirse [el 11 de septiembre] y, si no ocurre algo antes, Venezuela se retirar¨¢. Eso no significa que el sistema pierda todas sus competencias, porque el tratado establece que todos los hechos que se hayan producido hasta ese momento puede ser materia de conocimiento por el sistema interamericano. Pero si llega a ocurrir, estoy convencido de que llegar¨¢ el momento en el que la ciudadan¨ªa venezolana quiera regresar. No porque sea un asunto de ¡°poder¡± de la Corte, sino porque se trata de un derecho de la gente a recurrir a instancias internacionales si han agotado todos los recursos en su pa¨ªs.

P. ?Cree que la salida de Venezuela puede suponer un peligro para el respeto de los derechos humanos en el pa¨ªs?

R. Habr¨¢ que ver que pasa a partir de ahora. Hay otros pa¨ªses como EE UU y Canad¨¢ que no son miembros en toda su plenitud y eso no es sin¨®nimo de barbarie.?

P. ?Est¨¢ m¨¢s cerca o m¨¢s lejos el momento en el que EE UU decida formar parte de la jurisdicci¨®n de la Corte?

R. Creo que estamos m¨¢s cerca, pero es un proceso complejo porque hay nociones sobre lo que significa el derecho internacional en la comunidad jur¨ªdica norteamericana que son distintas de las que tenemos en Am¨¦rica Latina o en la Europa continental.

P. ?C¨®mo est¨¢ siguiendo las negociaciones entre el Gobierno de Colombia y las FARC?

R. No estoy en posici¨®n de pontificar ni de decir c¨®mo tiene que actuar nadie. En un proceso de transici¨®n hay que ponderar varios ingredientes: la verdad, la reparaci¨®n a las v¨ªctimas y la justicia. El tema ha sido discutido por la Corte Constitucional de Colombia para establecer una justicia transicional que priorice los cr¨ªmenes m¨¢s graves La necesidad de que se haga justicia con los cr¨ªmenes del pasado no puede ser un impedimento para la paz, porque eso significar¨ªa m¨¢s muertos y desaparecidos. Y Colombia ya tiene 220.000 muertos.