Venezuela abandona el sistema de derechos humanos interamericano
El desencuentro con el organismo comenz¨® cuando este denunci¨® el deterioro de la democracia venezolana. A partir de este martes Caracas queda fuera de la jurisdicci¨®n de la Corte
Ya es oficial: Venezuela ha abandonado, hasta nuevo aviso, el sistema interamericano de justicia. Este martes 10 de septiembre se hace efectiva la denuncia de la Convenci¨®n Americana sobre Derechos Humanos anunciada hace un a?o por el entonces presidente Hugo Ch¨¢vez. Esto implica que, a partir de ahora, la Corte Interamericana de DDHH perder¨¢ su jurisdicci¨®n sobre Caracas y con ello, las v¨ªctimas venezolanas perder¨¢n tambi¨¦n la posibilidad de encontrar en instancias internacionales la justicia que les ha sido negada en los tribunales locales.
El Estado venezolano se va, adem¨¢s, en deuda: queda a¨²n pendiente el cumplimiento total de las 16 sentencias condenatorias emitidas por la Corte Interamericana de DDHH entre 1995 y 2012, que solo han sido acatadas parcialmente y que contemplan, entre otras medidas de reparaci¨®n, el pago de unos 9.700 millones de d¨®lares en indemnizaciones para m¨¢s de 250 v¨ªctimas.
La Convenci¨®n Americana sobre Derechos Humanos, tambi¨¦n llamada Pacto de San Jos¨¦, fue aprobada en noviembre de 1969 por la Organizaci¨®n de Estados Americanos (OEA) con el prop¨®sito de ¡°consolidar dentro del cuadro de las instituciones democr¨¢ticas un r¨¦gimen de libertad personal y de justicia social, fundado en el respeto de los derechos esenciales del hombre¡± y ha sido suscrita desde entonces por 25 de sus 35 pa¨ªses miembros.
En los 82 art¨ªculos de la Convenci¨®n se establecen los deberes de los Estados para garantizar los derechos de sus ciudadanos y las atribuciones de las dos instancias supranacionales encargadas de vigilar su cumplimiento: la Comisi¨®n Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), responsable de estimular, recomendar y promover el respeto de los derechos humanos por parte de los Estados; y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), encargada de juzgar a los Estados cuando los llamados de atenci¨®n de la CIDH no son suficientes.
Venezuela fue el tercer Estado miembro de la OEA en ratificar la Convenci¨®n, en junio de 1977, y tambi¨¦n es el tercero que, luego de firmarla, la ha denunciado. Antes lo hicieron: Trinidad y Tobago, en 1998, y Per¨², en 1999, durante el Gobierno de Alberto Fujimori.
El desencuentro entre Venezuela y las decisiones adoptadas por el sistema interamericano de derechos humanos comenz¨® hace tres a?os, cuando la CIDH present¨® un informe en el que denunciaba el deterioro de la democracia en Venezuela. ¡°Es una mafia lo que hay ah¨ª. Instituciones como esta nefasta Comisi¨®n Interamericana de Derechos Humanos lo menos que hacen es defender los derechos humanos. Es un cuerpo politizado, utilizado por el imperio para agredir a Gobiernos como el venezolano¡±, bram¨® Hugo Ch¨¢vez el 25 de febrero de 2010 y orden¨® a su Canciller¨ªa preparar la retirada.
Caracas formaliz¨® la denuncia el 9 de septiembre de 2012 y habr¨ªa bastado una nota diplom¨¢tica para revertirla, pero el sucesor de Ch¨¢vez, Nicol¨¢s Maduro, opina igual que su mentor: ¡°La Comisi¨®n y la Corte lamentablemente degeneraron [sic]. Se creen un poder supranacional, se creen un poder por encima de gobiernos leg¨ªtimos del continente¡±, ha dicho este lunes, en la v¨ªspera de la despedida.
Desde 1995, la Corte IDH ha emitido 16 sentencias contra el Estado venezolano. Por su responsabilidad en el asesinato de 18 pescadores a manos de militares en 1988, en el caso conocido como El Amparo. Por la represi¨®n de la revuelta popular de 1989 conocida como El Caracazo. Por la desaparici¨®n forzada y el asesinato de decenas de reclusos en el ret¨¦n de Catia en 1992. Por vulnerar la labor de los medios con el cierre del canal Radio Caracas Televisi¨®n en 2007. Algunos de estos episodios ocurrieron durante Gobiernos anteriores a la era del chavismo, que comenz¨® en 1998; pero muchos de los soldados y polic¨ªas hallados responsables de muertes, torturas o desapariciones de entonces, son los generales y comandantes del presente.
La Corte IDH ha sido, en todos los casos, el ¨²nico tribunal que ha juzgado y condenado las violaciones m¨¢s sonoras a los derechos humanos ocurridas en Venezuela en los ¨²ltimos 25 a?os. ¡°En un caso hist¨®rico como El Caracazo, la ¨²nica sentencia que existe es de la Corte IDH. Ning¨²n tribunal venezolano ha emitido una sentencia sobre estos hechos, a pesar de la propaganda pol¨ªtica que rodea el caso en estos momentos¡±, explica Liliana Ortega, abogada fundadora de la ONG venezolana Cofavic, que ha acompa?ado cerca de la mitad de las denuncias que han sido presentadas ante la CIDH y la Corte. De acuerdo a cifras del Ministerio P¨²blico venezolano, solo el 3% de las violaciones a los derechos humanos que se cometen en Venezuela llegan a juicio; el 97% restante acaba en sobreseimiento o archivo fiscal.
Para Ortega, este paso que ha dado el Gobierno de Caracas representa una reducci¨®n important¨ªsima del derecho a la defensa de las v¨ªctimas y no se trata de un hecho aislado. Este a?o tambi¨¦n entr¨® en vigor una nueva reforma al C¨®digo Org¨¢nico Procesal Penal de Venezuela que elimina la facultad, que hasta ahora ten¨ªan las organizaciones no gubernamentales, de dar apoyo jur¨ªdico a las v¨ªctimas y de querellarse en su nombre contra funcionarios policiales o militares que hayan incurrido en presuntas violaciones a los derechos humanos.
¡°Ya no podemos ir a revisar los expedientes, estamos limitados. La ¨²nica manera de que las ONG puedan representar a las v¨ªctimas es a trav¨¦s de poderes otorgados a abogados, pero no a fundaciones ni a organizaciones de derechos humanos. Hay un debilitamiento progresivo de las garant¨ªas de trabajo de los defensores de derechos humanos en el pa¨ªs¡±, ha dicho Ortega a EL PA?S. Las v¨ªctimas atendidas por estas organizaciones y por las decisiones de la Corte IDH son, en su mayor¨ªa, pescadores, obreros, reos, trabajadores de la econom¨ªa informal, venezolanos bajo la l¨ªnea de pobreza que no tienen dinero para pagar servicios jur¨ªdicos. En el 70% de los casos, adem¨¢s, han recibido amenazas.
A¨²n a pesar de la denuncia de la Convenci¨®n, la Comisi¨®n Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) mantendr¨¢ intactas sus funciones sobre Venezuela. Podr¨¢ emitir informes, recibir casos, realizar audiencias y hacer recomendaciones; y solo los hechos ocurridos hasta la vigencia de la Convenci¨®n ¨Chasta este 10 de septiembre de 2013¨C podr¨¢n ser presentados ante la Corte. Pero en el caso de que el Gobierno de Caracas decidiera concretar todas sus amenazas y abandonar tambi¨¦n la Comisi¨®n, ya no habr¨ªa vuelta atr¨¢s, pues esto tambi¨¦n significar¨ªa su retiro de la OEA.
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