Los dominicanos hijos de haitianos, en el limbo entre dos sentencias

Las ni?as Dilcia Yean y Violeta Bosico, nacidas en Rep¨²blica Dominicana de padres haitianos, ya hab¨ªan dado la pelea en los tribunales internacionales por el reconocimiento de su nacionalidad. Y tambi¨¦n la hab¨ªan ganado. En 2005, la Corte Interamericana de Derechos Humanos conden¨® al Estado dominicano por la violaci¨®n de su derecho al nombre, a la nacionalidad y a la igualdad ante la ley, al negarse a emitir sus actas de nacimiento. Rep¨²blica Dominicana acat¨® el fallo, aunque sin cumplir la totalidad de sus disposiciones. Sin embargo, en septiembre de 2013 el Tribunal Constitucional dominicano emiti¨® una nueva sentencia, en la que niega este mismo derecho a los hijos de inmigrantes haitianos en situaci¨®n irregular, nacidos desde 1929. Este dictamen, que afecta a al menos tres generaciones de dominicanos de origen extranjero, divide a la opini¨®n p¨²blica del Caribe y renueva el viejo debate acerca de c¨®mo solucionar los problemas migratorios que han enfrentado a la dos mitades de la isla de La Espa?ola, Hait¨ª y Rep¨²blica Dominicana, durante el ¨²ltimo siglo.

Las migraciones masivas desde Hait¨ª hacia Rep¨²blica Dominicana comenzaron a ocurrir durante el primer tercio del siglo XX. En los a?os que siguieron a 1915, m¨¢s de 100.000 de haitianos cruzaron la frontera que divide los dos pa¨ªses para trabajar como jornaleros en los sembrad¨ªos de ca?a. Desde entonces, el reclutamiento de mano de obra haitiana para la industria local del az¨²car y, m¨¢s recientemente, para el sector de la construcci¨®n ha sido sostenido, e incluso permitido y asistido por parte de las autoridades dominicanas.

Ya en 2005, el mismo a?o en el que se produjo la sentencia de la CIDH en relaci¨®n al derecho a la nacionalidad dominicana de las ni?as de origen haitiano Dilcia Yean y Violeta Bosico, la Oficina del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en ese pa¨ªs, alert¨® acerca de las condiciones de extrema pobreza en las que viv¨ªa esta comunidad. ¡°La mayor¨ªa est¨¢ indocumentada y debe enfrentarse a una actitud pol¨ªtica y social generalmente hostil, sin posibilidad de asistencia legal y con limitado acceso a servicios de salud, sanidad y educaci¨®n¡±, dice el Informe Nacional de Desarrollo Humano editado entonces por la oficina del PNUD en Rep¨²blica Dominicana. Esas condiciones de precariedad a¨²n se mantienen.

La Corte Interamericana conden¨® en 2005 a Santo Domingo por un caso de derecho a la nacionalidad

Violeta Bosico ya hab¨ªa cumplido los 20 a?os y Dilcia Yean ten¨ªa ocho cuando la Corte Interamericana de Derechos Humanos emiti¨®, el 8 de septiembre de 2005, una sentencia a su favor. Previamente, la Comisi¨®n Interamericana de DDHH hab¨ªa determinado que el Estado dominicano ¡°oblig¨® a las presuntas v¨ªctimas a permanecer en una situaci¨®n de continua ilegalidad y vulnerabilidad social (¡­) toda vez que la Rep¨²blica Dominicana neg¨® a las ni?as Yean y Bosico su derecho a la nacionalidad dominicana y las mantuvo como ap¨¢tridas hasta el 25 de septiembre de 2001¡±.

Aunque las autoridades del registro civil admitieron su error cuatro a?os antes de que la Corte IDH dictara sentencia, el Estado dominicano fue hallado responsable de la violaci¨®n de sus derechos a la nacionalidad, al nombre y al reconocimiento de su personalidad jur¨ªdica y obligado a hacer reparaciones. Entre ellas, el sistema interamericano exig¨ªa que Rep¨²blica Dominicana adoptase ¡°las medidas necesarias para regular el procedimiento y los requisitos conducentes a adquirir la nacionalidad dominicana¡±.

El Estado dominicano a¨²n no hab¨ªa cumplido con esta disposici¨®n en 2007, cuando Juliana Deguis Pierre, nacida en 1984 de padres haitianos en el batey de Los Jovillos, a hora y media de camino de Santo Domingo, solicit¨® su primer carnet de identidad ante la Junta Central Electoral, responsable del registro civil. Juliana present¨® entonces un certificado de nacimiento dominicano, que le fue retenido por las autoridades bajo el alegato de que sus apellidos eran ¡°sospechosos¡±. Juliana intent¨® obtener un recurso de amparo y en repuesta a su petici¨®n, el Tribunal Constitucional dominicano emiti¨® una sentencia el pasado 23 de septiembre que niega la nacionalidad a todos los dominicanos nacidos de padres extranjeros que, como los suyos, hayan permanecido en el pa¨ªs de forma irregular.

El criterio de las autoridades dominicanas es que el principio ius solis (derecho al suelo) no ampara a los hijos de padres extranjeros que se encuentren ejerciendo funciones diplom¨¢ticas en Rep¨²blica Dominicana o en condici¨®n ¡°de tr¨¢nsito¡± por el territorio. Bajo esta interpretaci¨®n, los haitianos como el padre de Juliana, que ha trabajado como cortador de ca?a en el pa¨ªs desde los 15 a?os y durante los ¨²ltimos 43 a?os sin regresar a Hait¨ª, han vivido todos estas d¨¦cadas ¡°en tr¨¢nsito¡±.

Juliana tiene ahora 29 a?os y cuatro hijos, nunca ha visitado Hait¨ª ni habla otro idioma distinto al castellano. Quienes defienden la sentencia del Tribunal Constitucional, como el abogado dominicano Juan Miguel Castillo, alegan que gente como ella y su descendencia deben ser considerados ¡°extranjeros¡± y que el Supremo dominicano ha hecho lo correcto al decidir de esta manera. ¡°No todo el mundo entiende la terminolog¨ªa jur¨ªdica, porque se requiere cierto nivel de estudios para entender cosas, y el debate (sobre la sentencia) se ha degradado a opiniones. Pero desde el punto de vista jur¨ªdico-acad¨¦mico, la sentencia es impecable, muy justa, muy humana y muy valiente¡±, ha dicho Castillo a EL PA?S.

La migraci¨®n de mano de obra haitiana se remonta a un siglo atr¨¢s

¡°Extranjero en tr¨¢nsito es toda persona que se encuentra en el pa¨ªs y no est¨¢ dotada de la condici¨®n de residente legal¡±, se?ala Castillo, quien a su vez es co-redactor de la ley de migraci¨®n vigente y del borrador del ¡°plan nacional para la regularizaci¨®n de los extranjeros ilegales radicados en el pa¨ªs¡±, al que aluden los magistrados en su decisi¨®n del 23 de septiembre como salida al problema que, seg¨²n cifras de la sentencia, afecta a 668.415 personas de origen haitiano en Rep¨²blica Dominicana. En su opini¨®n, quienes hablan de ¡°retroactividad¡± en la aplicaci¨®n de la ley, de ¡°apatridia¡±, de ¡°desnacionalizaci¨®n¡±, de ¡°expulsiones masivas y de cientos de miles de casos, sabr¨¢ dios salidos de la imaginaci¨®n de qui¨¦n¡± se equivocan, contando entre ellos a los representantes del sistema interamericano, pues desconocen las reglas del derecho a la nacionalidad establecidas por la Constituci¨®n y las leyes locales. Castillo, en su momento, cuestion¨® el fallo del sistema interamericano, bajo el alegato de que la Corte IDH no cuenta con jurisprudencia para pronunciarse sobre este y otros asuntos.

Los defensores de la sentencia del Tribunal Constitucional tambi¨¦n argumentan que es inexacto se?alar que la poblaci¨®n de origen haitiana que vive en Rep¨²blica Dominicana ha quedado ¡°sin patria¡± a partir de esta decisi¨®n, pues las normas de Hait¨ª ya prev¨¦n la doble nacionalidad. Para el abogado dominicano Nassef Perdomo, especialista en derecho constitucional, se trata de un error: ¡°Es incompatible hablar de que el Estado dominicano es soberano, y al mismo tiempo defender una sentencia en la cual el Tribunal Constitucional ha dado prioridad a la Constituci¨®n de Hait¨ª sobre la Constituci¨®n¡±, ha dicho Perdomo a EL PA?S. ¡°Lo que el tribunal ten¨ªa que ver era si estas personas son dominicanas respecto a la Constituci¨®n dominicana vigente al momento de su nacimiento y el tribunal no hizo eso, sino un an¨¢lisis defectuoso sobre el concepto de tr¨¢nsito y adem¨¢s, una aplicaci¨®n retroactiva de doctrinas que han sido anuladas por tribunales de derechos humanos¡±, sostiene el abogado.

Mientras este debate jur¨ªdico se desarrolla, la opini¨®n p¨²blica dominicana est¨¢ dividida entre quienes consideran injusta la decisi¨®n del Supremo y quienes creen que est¨¢ ajustada a derecho. Cada semana, desde el pasado 23 de septiembre, han sido convocados actos de repudio o manifestaciones de apoyo a la sentencia en las principales ciudades del pa¨ªs. En tanto, las vidas de cientos de miles de personas que han nacido en suelo dominicano de padres extranjeros siguen suspendidas.