¡°Se acab¨® la ca?a. ?Quieren tambi¨¦n terminar con nosotros?¡±

En la sala del barrac¨®n de madera y zinc donde creci¨® Elena Lorac Pies cuelga la fotograf¨ªa del momento exacto en que ella comenz¨® a sospechar que su vida estaba en suspenso. Es un plano americano de Elena, vestida de toga verde y birrete negro, sosteniendo entre las dos manos el t¨ªtulo de la escuela primaria. Elena naci¨® en Rep¨²blica Dominicana el 18 de octubre de 1988 de una pareja de braceros haitianos, que migraron en los a?os setenta del siglo pasado con un contrato de trabajo en la industria dominicana del az¨²car. Desde que acab¨® la escuela, Elena y sus padres han intentado sin ¨¦xito que la Junta Central Electoral, encargada del registro civil, le entregue una copia del acta de nacimiento que certifica su nacionalidad. El 23 de septiembre pasado Elena supo que ese documento nunca lo recibir¨¢. El Tribunal Constitucional sentenci¨® ese d¨ªa que los hijos de extranjeros no residentes nacidos en Rep¨²blica Dominicana a partir de 1929, dejar¨¢n de ser considerados dominicanos.

¡°?C¨®mo va a ser que digan que no tenemos identidad, si nuestros padres nos registraron como mandaba la ley de entonces?¡±, dice Elena, mientras ense?a los documentos que las autoridades del registro civil le entregaron a sus padres. Desdobla una vieja declaraci¨®n expedida en 1993 por la misma Junta Central Electoral dominicana donde dice que su nacimiento fue inscrito en los libros del registro civil de Sabana Grande de Boy¨¢, una comunidad a 90 kil¨®metros al este de Santo Domingo, rodeada por los viejos bateyes que serv¨ªan al ingenio azucarero R¨ªo Haina, convertidos en pueblos fantasmas tras la privatizaci¨®n del central.

Los padres de Elena la presentaron al registro utilizando sus fichas, los permisos de migraci¨®n expedidos por el Consejo Estatal del Az¨²car que el Gobierno dominicano entregaba a cada bracero haitiano para hacer constar que trabajaba legalmente en el pa¨ªs durante la estaci¨®n de cosecha. La ficha llevaba los nombres y apellidos del jornalero, el a?o de la zafra en la que fue contratado, el nombre del batey y la colonia a la que pertenec¨ªan y el sello h¨²medo del ingenio al que serv¨ªan. Desde 1915-1916, cuando ambos territorios ¨Cprimero el haitiano y luego el dominicano- fueron ocupados por Estados Unidos, la mano de obra haitiana se convirti¨® en motor de la industria. Durante el periodo 1952-1966, la contrata depend¨ªa de una negociaci¨®n directa entre los Gobiernos de Rep¨²blica Dominicana y Hait¨ª.

Si bien no eran esclavos, los braceros viv¨ªan cautivos. Ten¨ªan prohibido salir del ¨¢mbito de los bateyes, los asentamientos de jornaleros construidos especialmente para ellos alrededor de los cultivos de ca?a. All¨ª ten¨ªan lo necesario: la tienda para cambiar sus recibos de pago por v¨ªveres, un peque?o centro m¨¦dico. En el batey Verde de Enriquillo, donde todav¨ªa vive la madre de Elena, sigue en pie la caseta de vigilancia del capataz, el almac¨¦n de las herramientas y tambi¨¦n los barracones que serv¨ªan de casa a los obreros, largas hileras de galpones de madera y zinc, con decenas de peque?as puertas en sus dos caras. Detr¨¢s cada puerta, en un espacio de cinco metros cuadrados, sol¨ªan vivir los braceros haitianos y dominicanos en grupos cinco o seis. Ahora se aprietan familias enteras: la tercera y cuarta generaci¨®n de dominicanos nacidos de padres haitianos.

Los hijos ya adultos de esas familias, considerados dominicanos por el principio del jus soli (derecho al suelo, el que prima el lugar de nacimiento para determinar la nacionalidad) establecido en la Constituci¨®n dominicana hasta la reforma del 26 de enero de 2010, llegaron a tener certificados de nacimiento, c¨¦dulas dominicanas y pod¨ªan votar y postularse a elecciones. Pero oficialmente han tenido problemas para obtener sus documentos desde 2007, cuando la Junta Central Electoral aprob¨® una resoluci¨®n (la Resoluci¨®n 12-07) que negaba la emisi¨®n de documentos de identidad a su nombre, en medio de un plan de depuraci¨®n del registro civil, bajo el argumento de que estaba viciado por la proliferaci¨®n de documentos de identidad falsos u obtenidos de forma fraudulenta a trav¨¦s del pago de sobornos a funcionarios. Una depuraci¨®n que comenz¨® con los apellidos haitianos, escritos por los notarios dominicanos como se pronuncian en castellano: Antuan, Lorac, Pol, Sebil, Sentilis.

Pero la revisi¨®n discrecional de documentos ocurr¨ªa desde mucho antes: en 2005, la Corte Interamericana de Derechos Humanos conden¨® al Estado dominicano por la violaci¨®n de su derecho al nombre, a la nacionalidad y a la igualdad ante la ley de dos ni?as nacidas en su territorio de padres dominicanos, Dilcia Yean y Violeta Bosico, al negarse a emitir sus actas de nacimiento. No hay noticias de hijos de extranjeros de otra nacionalidad que hayan enfrentado en Rep¨²blica Dominicana el mismo proceso.

La Constituci¨®n de 2010 exceptu¨® del derecho a la nacionalidad a los hijos de extranjeros en condici¨®n de ¡°tr¨¢nsito¡± o que ¡°residan ilegalmente en territorio dominicano¡±. Pero estableci¨® tambi¨¦n que ser¨ªan reconocidos como dominicanos quienes gozaran de la nacionalidad antes de la entrada en vigencia de la reforma. Bajo este principio, Juliana Deguis, de 29 a?os de edad, solicit¨® un amparo y la opini¨®n del m¨¢ximo tribunal del pa¨ªs respecto a la negativa de la Junta Central Electoral de entregarle sus documentos. En su fallo del 23 de septiembre pasado, el Tribunal Constitucional interpret¨® que ni Deguis ni ning¨²n hijo de extranjero en situaci¨®n irregular nacido a partir de 1929 ten¨ªa derecho a la nacionalidad; de acuerdo a los c¨¢lculos que cita la sentencia, adem¨¢s de Deguis, unos 665.148 hijos de inmigrantes, que hoy en d¨ªa representan el 6,87% de la poblaci¨®n total del pa¨ªs, califican dentro de ese supuesto.

Dilia Sentilis y su marido, Euris Sebil son los pastores de la iglesia pentecostal de la Asamblea de Dios y tienen los ocho hijos que les envi¨® el se?or. Con sus c¨¦dulas dominicanas pudieron registrar a cada uno, con excepci¨®n del m¨¢s peque?o, de siete meses de edad. Desde 2007, Dilia y Euris re¨²nen a sus hermanos del batey de Sabana Larga en un c¨ªrculo de oraci¨®n para pedir al se?or, primero, por la anulaci¨®n de la Resoluci¨®n 12-07 y ahora, por la revisi¨®n de la sentencia. ¡°No es que Dios no est¨¢ viendo lo que est¨¢ pasando, sino que ¨¦l permite estas cosas para que¡­ No s¨¦ para qu¨¦ lo permite, pero quiz¨¢s con la ayuda de ¨¦l se resuelve¡±, ruega Dilia. ¡°Porque cuando estaba la ca?a (las autoridades) nunca hab¨ªan hecho nada de esto. Pero ahora que termin¨® la ca?a, ?quieren terminar tambi¨¦n con nosotros?¡±.

Hace casi una d¨¦cada que los ca?averales dejaron de rodear a los bateyes de Sabana Grande de Boy¨¢. El Ingenio R¨ªo Haina, que se alimentaba de esos cultivos y que desde su inauguraci¨®n en 1950 era considerado el mayor central azucarero del mundo, cerr¨® sus puertas tras ser vendido a la empresa privada y donde antes crec¨ªa la ca?a crecen ahora los cultivos de madera. M¨¢s de la mitad de los doce ingenios azucareros que el Estado dominicano administraba a trav¨¦s del Consejo Estadal del Az¨²car desde la muerte del dictador Rafael Leonidas Trujillo (1961) corrieron la misma suerte: fueron vendidos entre 1996 y 1998 y cerrados a?os m¨¢s tarde.

Solo cinco de estos centrales siguen operando: el Ingenio Barahona, en manos del Consorcio Azucarero Central del que son accionistas mayoritarios un grupo de inversionistas norteamericanos y franceses; los ingenios Crist¨®bal Col¨®n y CAEI (antiguo Ingenio Italia), propiedad de la familia Vicini, de origen italiano; el central Romana, de capital extranjero y dominicano; y el ingenio Porvenir, rehabilitado por la empresa espa?ola. La mano de obra haitiana sigue llegando a estos cultivos, donde cada trabajador recibe un pago de 200 pesos (poco m¨¢s de 4,5 d¨®lares) por cada tonelada cortada. Pero el az¨²car dominicano ya no representa gran cosa en un mercado mundial dominado en 65% por los productos brasile?os.

Sin embargo, los jornaleros haitianos no dejan de emigrar en busca de empleo en los cultivos de bananos, de arroz, de caf¨¦. Los productores nacionales que exportan algunos de estos rubros agr¨ªcolas a los pa¨ªses de Europa, bajo el Acuerdo de Asociaci¨®n Econ¨®mica (EPA, por sus siglas en ingl¨¦s), est¨¢n obligados a respetar algunas pol¨ªticas de seguridad laboral y de respeto b¨¢sico a los derechos de esta comunidad de migrantes. Pero un amplio sector del empresariado dominicano acude a las mafias del tr¨¢fico ilegal para dotar de m¨²sculo a las maquilas, a la construcci¨®n y al comercio informal.

La inmigraci¨®n haitiana ya no solo puebla las parcelas de los viejos ingenios, sino tambi¨¦n los barrios empobrecidos de las ¨¢reas urbanas del pa¨ªs. Algunos bateyes, como batey Verde, han devenido en caser¨ªos donde vegeta una mayor¨ªa desempleada, envejecida. ¡°La historia del batey ya pas¨®. El batey no vuelve m¨¢s. Desde que se termin¨® la ca?a, somos los muertos los que vivimos aqu¨ª. Y esa ca?a no vuelve m¨¢s nunca¡±, dice Luis Mar¨ªa Cabrera, un dominicano de ¡°pura cepa¡±, hijo de padres dominicanos, que trabaj¨® picando ca?a para el Ingenio de R¨ªo Haina desde 1950. A sus 76 a?os, recibe una pensi¨®n de 5.180 pesos (120 d¨®lares) por los servicios prestados al Estado y aunque el dinero no le alcanza, reclama el mismo pago para sus compa?eros haitianos, que han ido muriendo sin cobrar un peso. ¡°Aqu¨ª hay una liga de haitianos con dominicanos que no hay jab¨®n que la quite, eso ya nadie lo puede negar¡±.