Libertad de prensa y estado

Garantizar las libertades y derechos de las personas es una obligaci¨®n del estado, con base en las leyes, la constituci¨®n y los tratados internacionales. Si el estado, por acci¨®n u omisi¨®n, impide a los ciudadanos ejercer efectivamente sus derechos, ¨¦ste es responsable frente a las v¨ªctimas de las violaciones y frente a la comunidad internacional. Una vez denunciada una violaci¨®n, la carga de la prueba recae siempre en el estado, que deber¨¢ demostrar que sus funcionarios no fueron part¨ªcipes de la violaci¨®n. Si el estado con participaci¨®n o aquiescencia, como ha dicho el m¨¢ximo tribunal de la regi¨®n en el pasado, permite que se efect¨²en violaciones y no hace nada para rectificarlas, es igual de responsable.

En Am¨¦rica Latina se ha perdido esta fundamental noci¨®n, intelectual, jur¨ªdica y pol¨ªtica, que yace en el coraz¨®n del constitucionalismo. La audiencia de la Comisi¨®n Interamericana de Derechos Humanos del viernes ¨²ltimo lo ilustra con elocuencia. All¨ª, dos prestigiosos periodistas argentinos, Joaqu¨ªn Morales Sol¨¢ y Magdalena Ruiz Gui?az¨², describieron su cotidianeidad: escraches¡ªcomo se los llama en el lunfardo porte?o¡ªllevados a cabo desde el aparato del estado o que cuentan con la complicidad del estado. Humillaciones p¨²blicas, agresiones f¨ªsicas en la calle y hasta ¡°juicios ¨¦ticos y populares¡± son frecuentemente llevados a cabo por supuestas organizaciones sociales, a menudo frente al propio palacio presidencial, generalmente con la participaci¨®n de funcionarios del gobierno y luego, inevitablemente, reproducidos en los programas oficialistas de la televisi¨®n p¨²blica.

El gobierno argentino estaba all¨ª, representado por la figura de la embajadora ante la OEA. En la ma?ana de la audiencia, la funcionaria ya hab¨ªa hecho su propio escrache a los periodistas en su p¨¢gina de Facebook, acus¨¢ndolos de ser empleados de grupos corporativos monop¨®licos que ¡°s¨®lo buscan victimizarse¡±. Ni se le ocurri¨® pensar que ello constitu¨ªa una admisi¨®n de los cargos en cuesti¨®n. Precisamente, la impunidad es un rasgo distintivo del autoritarismo. Luego de las introducciones de rigor, la embajadora no volvi¨® a abrir la boca, delegando en funcionarios de menor jerarqu¨ªa el descargo del gobierno argentino. El mismo fue previsible, una negaci¨®n de todo, una larga enumeraci¨®n de los acuerdos internacionales en derechos humanos que forman parte de la Constituci¨®n de 1994, seguido por el razonamiento¡ªfalaz, desde un punto de vista l¨®gico¡ªque en tanto el gobierno defiende los derechos humanos activamente, los cargos presentados no podr¨ªan ser ciertos.

En esto no puede haber sorpresa. El gobierno de Kirchner, al igual que el llamado progresismo bolivariano¡ªerr¨®neamente llamados populistas¡ªusa m¨¦todos fascistas. ?mulos criollos de los propagandistas totalitarios de la entreguerra europea, para ellos la calumnia es un h¨¢bito, la demonizaci¨®n un ritual, y la estigmatizaci¨®n una simple estrategia pol¨ªtica. Un acabado ejemplo del arte de la falsificaci¨®n ante una imp¨¢vida audiencia; la reducci¨®n del enemigo a uno solo: la prensa.

Lo que s¨ª caus¨® perplejidad, sin embargo, fue que la Comisi¨®n, compuesta por juristas expertos en derechos humanos, no hiciera jam¨¢s referencia a la obligaci¨®n indeclinable del Estado Argentino, en la figura del gobierno all¨ª presente, de garantizar la libertad de expresi¨®n y la protecci¨®n y seguridad de los periodistas. Las preguntas de los comisionados fueron mayoritariamente acerca de la distribuci¨®n de la publicidad del gobierno, si es equitativa, si hay reglas transparentes y dem¨¢s. Un tema redundante¡ªconsiderando que los comisionados saben perfectamente que el gobierno argentino no cumple una sentencia de la Corte Suprema al respecto desde 2007¡ªy tal vez banal¡ªdado que por cierto que es menos grave que la seguridad e integridad f¨ªsica de los periodistas all¨ª presentes.

Result¨® especialmente revelador escuchar la pregunta formulada desde la Relator¨ªa para la Libertad de Expresi¨®n, acerca de que esas manifestaciones contra los periodistas opositores pudieran constituir cr¨ªticas espontaneas y genuinas de grupos de la sociedad civil, tambi¨¦n ejerciendo su derecho a la libertad de expresi¨®n. En principio esa pregunta ser¨ªa comprensible si hubiera ignorancia sobre la realidad argentina, o hasta ingenuidad. Despu¨¦s de la descripci¨®n de los periodistas, que explicita la intervenci¨®n constante del gobierno en esas violaciones de derechos, la pregunta les caus¨® dolor. Pero tal vez se trate de una deficiencia te¨®rica: ?los camisas negras de la entreguerra europea, tambi¨¦n habr¨ªan sido grupos sociales expresando su opini¨®n? Cuando el estado crea, protege, coopta, financia o subsidia un grupo, ese grupo deja de ser parte de la sociedad civil. Sin autonom¨ªa, es parte del estado.

El sistema interamericano de derechos humanos est¨¢ as¨ª en un limbo pol¨ªtico, jur¨ªdico y especialmente conceptual. Y bueno, tantos a?os negociando lo innegociable con los bolivarianos, ya son como un matrimonio de varias d¨¦cadas. Tanto tiempo conviviendo, terminan con los mismos gestos, los mismos giros idiom¨¢ticos; terminan pareci¨¦ndose. Y si todo va bien, tambi¨¦n terminan perdon¨¢ndose los defectos, sea ello por amor o por inter¨¦s.

La tarde de un viernes gris y lluvioso, no podr¨ªa haber finalizado de peor manera. A la salida de la audiencia, el rumor que circulaba por los pasillos de la OEA era que la Comisi¨®n habr¨ªa resuelto, a puertas cerradas, eliminar a Venezuela del cap¨ªtulo IV del informe anual, apartado que agrupa a los casos de mayor preocupaci¨®n. En este matrimonio, los defectos a perdonar son las violaciones a los derechos humanos.

Hector E. Schamis es profesor en la Universidad de Georgetown, Washington DC.