EE UU alerta de la impunidad con la que act¨²a el narcotr¨¢fico en M¨¦xico

Las autoridades mexicanas han intentado minimizar los cr¨ªmenes del narcotr¨¢fico y su responsabilidad para resolverlos, seg¨²n indica un informe interno de 2011 del Departamento de Estado desclasificado esta semana por la ONG National Security Archive. El Gobierno de EE UU afirma que la masacre en 2010 de 72 inmigrantes centroamericanos en San Fernando, Tamaulipas, es un caso emblem¨¢tico de la ¡°total impunidad¡± con la que los carteles operan en varias regiones del pa¨ªs.

¡°La violencia que se ha extendido por Tamaulipas [noreste de M¨¦xico] refleja la complejidad del conflicto. La batalla contin¨²a y la situaci¨®n es vol¨¢til¡±. [...] Los funcionarios regionales [al noreste del pa¨ªs] minimizan la violencia pese a que conocen bien los riesgos que existen en el ¨¢rea¡±, apunta un informe. Los documentos, algunos de ellos publicados esta semana por la revista mexicana Proceso, se?alan el intento de algunas autoridades de eludir su responsabilidad de perseguir estos cr¨ªmenes. ¡°[El Gobierno regional] promete que va a colaborar con el Ej¨¦rcito, pero r¨¢pidamente a?ade que los carteles 'son un problema del Gobierno federal' y que [Tamaulipas] no tiene los recursos para detenerlos¡±.

Los informes detallan que el Gobierno del expresidente Felipe Calder¨®n ocult¨® informaci¨®n sobre las matanzas sistem¨¢ticas de inmigrantes centroamericanos. ¡°Pese a que no es publicitado¡±, afirma un texto, ¡°el Ej¨¦rcito y la Marina han continuado hallando fosas con cad¨¢veres. La cuenta se eleva a 196¡±. Relata que a partir de la masacre de San Fernando, los empresarios y comerciantes empezaron a hablar p¨²blicamente sobre la violencia, ¡°algo que rara vez ocurr¨ªa¡±. Tambi¨¦n cuenta que las autoridades locales insist¨ªan en actos p¨²blicos que, pese a la violencia, Tamaulipas era un lugar seguro para invertir aunque ¡°no aclaran cu¨¢l es su plan para garantizar esa seguridad¡±.

¡°La violencia que se ha extendido por Tamaulipas refleja la complejidad del conflicto¡±

Otro de los documentos subraya la incapacidad del Estado mexicano para procesar a muchos de los criminales detenidos. ¡°Si bien ha habido varios arrestos, hay muy poca informaci¨®n sobre los procesos judiciales de los narcotraficantes arrestados¡±. Recuerda la detenci¨®n de 16 polic¨ªas de San Fernando acusados de proteger a Los Zetas, y subraya que el Gobierno mexicano no ha difundido la evoluci¨®n de los cargos que se presentaron en su contra. Otro documento de 2010 describe a Matamoros, donde ocurrieron 13 asesinatos este fin de semana, como un ¡°escenario de confrontaci¨®n¡± en el futuro pr¨®ximo. La ciudad fronteriza, explica, es ¡°el centro de operaciones del cartel del Golfo en la zona y un valioso objetivo para Los Zetas¡±.

Las sospechas m¨¢s graves se?alan una cooperaci¨®n sostenida (y en ocasiones abierta) entre algunos funcionarios y los narcotraficantes. ¡°Los agentes de migraci¨®n y las autoridades locales miran hacia otro lado y, en ocasiones, colaboran con los criminales¡±. Y el crimen organizado campa a sus anchas. La Comisi¨®n Nacional de Derechos Humanos (CNDH) denunci¨® en enero de 2011 que los delincuentes secuestraban a los inmigrantes y les cobraban 2.500 d¨®lares a cambio de su libertad. La CNDH calcula que en los seis meses que dur¨® la investigaci¨®n los carteles ganaron 25 millones de d¨®lares solamente en el pago de secuestros.

Washington atribuye en 2010 a ¡°la corrupci¨®n generalizada¡± la incapacidad del Estado mexicano para resolver los cr¨ªmenes y detener la violencia de los carteles. Destaca que tres gobernadores de Tamaulipas han sido investigados por v¨ªnculos con el crimen organizado. Y a?aden que las investigaciones sobre la masacre de San Fernando se mantienen en secreto, pese a las peticiones de activistas y de organizaciones de transparencia como Art¨ªculo 19. El Instituto Federal de Acceso a la Informaci¨®n (IFAI) se neg¨® en septiembre a difundir los detalles.

¡°Los agentes de migraci¨®n y las autoridades? miran hacia otro lado y, en ocasiones, colaboran con los criminales¡±

¡°Los carteles operan con total libertad en Durango, Tamaulipas, Coahuila y Nuevo Le¨®n. Obstruyen los caminos, toman el control de pueblos y acorralan a los soldados y fuerzas federales que est¨¢n en sus territorios¡±. Como ejemplo recuerda el asesinato de 10 j¨®venes, siete menores de edad, que regresaban a su pueblo, Los Naranjos, despu¨¦s de recoger ayudas gubernamentales para educaci¨®n. Un hombre vestido de soldado les oblig¨® a parar y despu¨¦s un comando armado los mat¨® a tiros.

Seg¨²n el Gobierno de EE UU, el abandono de las autoridades es tal que el impuesto cobrado por el narcotr¨¢fico se ha generalizado en las ciudades m¨¢s peligrosas. ¡°Ocho de cada 10 empresarios de Tijuana, Reynosa y Ciudad Ju¨¢rez pagan extorsi¨®n a los grupos criminales¡±. Solamente en Ju¨¢rez m¨¢s de 6.000 comercios cerraron entre 2008 y 2010.

Un documento de marzo de 2010 pinta un escenario fuera de control. Tiroteos. Quema de coches de polic¨ªas. Ataques indiscriminados a todo tipo de plazas (en la jerga narcotraficante, los pueblos y ciudades en disputa entre los carteles). Cuerpos decapitados. Y un silencio pr¨¢cticamente absoluto de las autoridades locales y regionales, sometidas por el miedo o la corrupci¨®n.