El capitalismo llega a las c¨¢rceles brasile?as

Con la cuarta poblaci¨®n de presos m¨¢s numerosa del mundo, y que contin¨²a creciendo cada a?o, Brasil se enfrenta a un gran desaf¨ªo: privatizar o no sus prisiones. Hoy, cerca de 548.000 presos se amontonan en 340.000 plazas por todo el territorio brasile?o. Ante ese escenario, varios Gobiernos estatales ya intentaron entregar la administraci¨®n de las prisiones a la iniciativa privada y otros seguir¨¢n el mismo camino. El pr¨®ximo que entrar¨¢ en la lista de Estados con c¨¢rceles particulares ser¨¢ S?o Paulo, el Estado m¨¢s desarrollado del pa¨ªs. El Gobierno de Geraldo Alckmin (PSDB) est¨¢ buscando tres terrenos en el interior del Estado para que se construyan las prisiones particulares para acoger 10.500 presos en los reg¨ªmenes cerrado y semi-abierto (en este ¨²ltimo el detenido solo duerme en la prisi¨®n).

El modelo adoptado por el Gobierno es una sociedad p¨²blico-privada. Eso solo quiere decir que la concesi¨®n del servicio a la iniciativa privada tiene plazo. En S?o Paulo, la expectativa es que el contrato sea de 27 a 33 a?os. Pero la entrega del servicio de guardia y custodia de detenidos es pol¨¦mica en Brasil y ya fue cuestionada varias veces, incluso por el Consejo Nacional de Pol¨ªtica Criminal y Penitenciaria, para quien la administraci¨®n debe ser competencia del Estado.

Actualmente, solo tres Estados tienen penitenciar¨ªas con ese modelo: Santa Catarina (sur del pa¨ªs), Esp¨ªrito Santo y Minas Gerais -ambas en el sudeste-. Pernambuco (nordeste) y Rio Grande do Sul (sur) tambi¨¦n estudian esa posibilidad.

Otros dos Estados ya tuvieron presidios privados, pero acabaron devolvi¨¦ndose al poder p¨²blico. En Cear¨¢ (en el nordeste), una decisi¨®n judicial decret¨® que la iniciativa privada devolviera la gesti¨®n al Gobierno estatal. En Paran¨¢ (sur), el propio Gobirerno decidi¨® retomar la administraci¨®n de una serie de prisiones, despu¨¦s de evaluar dos cuestiones. La primera, fue jur¨ªdica. Hay especialistas que consideran la concesi¨®n de la gesti¨®n como inconstitucional. La otra, financiera, porque no siempre es tan lucrativo para una administraci¨®n ceder ese servicio.

Y son exactamente esos dos los principales puntos de la discusi¨®n. Primero, el dinero. Hoy un preso cuesta cerca de 1.300 reales mensuales (unos 550 d¨®lares) a los cofres p¨²blicos. En los contratos ya firmados (como en Minas Gerais) o en los que a¨²n est¨¢n por firmar (por ejemplo, en S?o Paulo) el valor estimado que debe entregarse a la empresa que va a gestionar el sistema es de 2.700 reales mensuales por detenido (1.133 d¨®lares). Es decir, en un presidio con 10.500 detenidos, el Estado va a entregar a una ¨²nica empresa (o consorcio) cerca de 28,3 millones de reales por mes (casi 12 millones de d¨®lares).

El temor de quien estudia el asunto es que, adem¨¢s del aumento de gastos para el Gobierno, los presos pasen a ser tratados como mercanc¨ªa. ¡°La cuesti¨®n del lucro enra¨ªza un inter¨¦s econ¨®mico en la gesti¨®n de la pol¨ªtica criminal del pa¨ªs. Si todo se privatiza, la pol¨ªtica de encarcelamiento va a fortalecerse y acabar¨¢ entrando en conflicto con el inter¨¦s financiero¡±, dice el profesor del departamento de Ciencias Sociales de la Universidade de S?o Paulo, Laurindo Dias Minhoto.

Autor de un libro sobre el asunto (Privatizaci¨®n de Presidios y Criminalidad ¨C Editora MaxLimonad ), Minhoto dice que no hay datos emp¨ªricos que comprueben que la privatizaci¨®n es la mejor salida. ¡°Tanto los Estados Unidos como Inglaterra privatizaron sus prisiones y solo vieron c¨®mo aumentaba su poblaci¨®n carcelaria. Es muy posible que en Brasil suceda eso tambi¨¦n¡±, resalt¨®.

Est¨¢ tambi¨¦n la cuesti¨®n legal. En Cear¨¢, en 2007, la Justicia Federal acat¨® la solicitud de la Fiscal¨ªa que oblig¨® al Estado a retomar la gesti¨®n de una prisi¨®n. Adem¨¢s de la cuesti¨®n constitucional, que prev¨¦ la seguridad como una funci¨®n esencial y exclusiva del Poder P¨²blico, los procuradores de la Rep¨²blica alegaron que una resoluci¨®n del Consejo Nacional de Pol¨ªtica Criminal y Penitenciaria, preve¨ªa que los servicios penitenciarios de seguridad, administraci¨®n, gesti¨®n de unidades, disciplina, seguimiento y evaluaci¨®n de la ejecuci¨®n penal, no pueden delegarse en la iniciativa privada.

En aquel Estado, seg¨²n el diputado federal Domingos Dutra (PT), las empresas que administraban las prisiones quer¨ªan solo el ¡°filete¡± del sistema penitenciario. ¡°All¨¢ solo entraban presos con buen comportamiento, que cometi¨® cr¨ªmenes leves, sin antecedentes y que no daba trabajo. Nadie quer¨ªa saber nada de homicidas, de miembros de organizaciones criminales. Y, para empeorar, nadie estaba preocupado con la reinserci¨®n social del preso, al final, acaba siendo una mercanc¨ªa¡±, dijo el congresista, que inici¨® una Comisi¨®n Parlamentar de Investigaci¨®n (CPI) sobre el sistema penitenciario brasile?o.

Est¨¢ a¨²n la cuesti¨®n de los derechos humanos, que ha sido poco discutida. En una reciente inspecci¨®n de consejeros y de organizaciones no gubernamentales a una de las unidades privadas, en el municipio de Serra, en Esp¨ªrito Santo, los visitantes oyeron una serie de reclamaciones de los presos. La principal era que varios de ellos tem¨ªan tener problemas mentales por cuenta de la rigidez del r¨¦gimen.

¡°El ambiente est¨¢ todo automatizado, muy limpio, muy higi¨¦nico, hasta parece un hospital. Pero los presos est¨¢n encerrados 23 horas por d¨ªa, tienen solo 90 segundos para tomar un ba?o y necesitan salir enjabonados de sus celdas, porque les cortan el agua y acaban qued¨¢ndose con jab¨®n en el cuerpo. Es una situaci¨®n inhumana¡±, afirm¨® el abogado Marcos Fuchs, director ejecutivo de la ONG Conectas Direitos Humanos.

La forma en la que esos detenidos son tratados en esa unidad, que es solo para presos provisionales (aquellos que a¨²n no fueron juzgados), es similar a uno de los presidios m¨¢s r¨ªgidos del pa¨ªs, el de Presidente Bernardes (en S?o Paulo), donde solo hay presos de alta peligrosidad, muchos de ellos asociados a las grandes facciones criminales. All¨ª impera el Regimen Disciplinar Diferenciado (RDD).

Pocos son los defensores de ese modelo. Obviamente entre ellos est¨¢n los Gobiernos que lo pusieron en marcha y las empresas que quieren quedarse con ese negocio millonario. Ninguno de los Estados consultados por el EL PA?S quiso comentar el asunto. En una entrevista concedida al peri¨®dico O Estado de S. Paulo, el secretario de administraci¨®n penitenciaria paulista, Lourival Gomes, afirm¨® que la capacidad de inversi¨®n de la iniciativa privada es un punto positivo de la propuesta. "La iniciativa privada tiene mayor facilidad para contratar empleados y mantenerlos en las unidades. La contrataci¨®n de m¨¦dicos, por ejemplo, es una enorme dificultad actual en el sistema, situaci¨®n que puede ser resuelta con un modelo p¨²blico-privado¡±, dijo.

Los especialistas son un¨¢nimes en afirmar que no hay una soluci¨®n ¨²nica para la cuesti¨®n penitenciaria. A¨²n no se sabe si la privatizaci¨®n va a funcionar, pero si la pol¨ªtica de prisiones continua as¨ª, en breve, no habr¨¢ m¨¢s donde colocar a tantos presos.

¡°Necesitamos que los jueces cambien su mentalidad. Solo encarcelar no es la soluci¨®n. Es necesario que haya m¨¢s penas alternativas para delitos leves. Los ¨²nicos que acaban presos en Brasil son los pobres. El Estado tiene que dar educaci¨®n y salud. Si no fuera as¨ª, ese problema jam¨¢s tendr¨¢ soluci¨®n¡±, evalu¨® el diputado Dutra.