¡°Los narcos en Costa Rica invierten m¨¢s en abogados que en armas¡±
El ministro de Seguridad de Costa Rica, Mario Zamora, asegura que la mayor fuerza del pa¨ªs est¨¢ en la solidez del sistema judicial
Las encuestas que miden la opini¨®n p¨²blica muestran que la inseguridad no es ya la mayor preocupaci¨®n de los costarricenses y los ¨ªndices de criminalidad muestran una leve mejor¨ªa en los ¨²ltimos dos a?os en el pa¨ªs menos inseguro de Centroam¨¦rica, pese a recientes evidencias de operaciones m¨¢s complejas de redes narcotraficantes. Ha entrado en pausa la alarma social generada en la ¨²ltima d¨¦cada y los candidatos presidenciales de la campa?a electoral en curso apenas mencionan la seguridad en sus prioridades. Esto ya es un logro que incluso los cr¨ªticos reconocen al Gobierno de Laura Chinchilla, a pesar de su alta impopularidad. Mario Zamora Cordero (1969) es la cabeza del Ministerio de Seguridad y asegura que para este pa¨ªs carente de ej¨¦rcito, la mayor fuerza est¨¢ en la solidez del sistema judicial. Lo dem¨¢s, son solo ajustes en el trabajo policial con los recursos a¨²n limitados y con las c¨¢rceles repletas.
P. ?Es sostenible esa mejor¨ªa de los ¨ªndices de criminalidad y en la percepci¨®n popular?
R. Lo seguro es que despu¨¦s de ser la seguridad el principal tema en las ¨²ltimas dos elecciones, podemos ahora decir que ese es el tema m¨¢s ausente. Lo m¨¢s notorio es lo que ha dejado de verse. Las encuestas ubican el problema de seguridad p¨²blica en lugares secundarios, lo cual es muy raro siendo Centroam¨¦rica la zona m¨¢s violenta del mundo.
P. ?C¨®mo se puede explicar esto para un pa¨ªs sin ej¨¦rcito y que sigue lamentando la insuficiencia de recursos para encarar la criminalidad?
R. El primer factor es la interrelaci¨®n entre polic¨ªa y Justicia, que ha permitido asentar la lucha contra la criminalidad regida por el Estado de Derecho; por eso los narcotraficantes en Costa Rica invierten m¨¢s en abogados que en armas. Hay seguridad plena de que cada delincuente detenido no ser¨¢ sometido a tortura ni tratos degradantes y que siempre ser¨¢ presentado ante un juez de la Rep¨²blica. Normalmente en otros pa¨ªses los alijos de coca¨ªna van rodeados de guardias armados dispuestos a darse de balazos contra polic¨ªas, pero en el caso costarricense lo que observamos es que, tras una detenci¨®n, las personas permanecen tranquilas porque es inevitable el proceso judicializado.
P. ?C¨®mo puede medir la inversi¨®n en abogados o en armas de los grupos traficantes?
R. Bueno, la prueba es que somos el ¨²nico pa¨ªs de la regi¨®n que no hemos sufrido un atentado contra uno solo de nuestros polic¨ªas, nuestros jefes o autoridades pol¨ªticas. La lucha contra la narcoactividad no se ha convertido en un enfrentamiento armado. Es un enfrentamiento jur¨ªdico en la que llevamos una ventaja t¨¢ctica: el 95% de los casos que la Polic¨ªa de Control de Drogas (PCD) lleva a los Tribunales termina en sentencias condenatorias.
P. ?Y cree que esto beneficia a la percepci¨®n sobre el crimen com¨²n?
R. Esto es otro factor. Hace cuatro a?os se establecieron los tribunales de flagrancia, inspirados en el modelo espa?ol de justicia r¨¢pida y ultrarr¨¢pida, y han permitido a la Polic¨ªa detener e inmediatamente poner al capturado a disposici¨®n judicial, junto con la v¨ªctima y los testigos. Esto ha supuesto una enorme transformaci¨®n en la operaci¨®n del sistema judicial, porque antes solo logr¨¢bamos sentencias entre el 2% y 3%. Es decir, hab¨ªa un 97% de inmunidad. Ahora es distinto. No es lo mismo ir a un juicio 24 horas despu¨¦s de un asalto que dos a?os y medios despu¨¦s. Ahora con los tribunales de flagrancia el tiempo m¨¢ximo de resoluci¨®n son 15 d¨ªas. En estos tribunales de flagrancia logramos el 90% de condenas en los casos presentados por Fuerza P¨²blica, aunque no todas sean carcelarias.
P. Deber¨ªa entonces haber tambi¨¦n una mejor¨ªa en las capacidades de la Fuerza P¨²blica.
R. Eso es adicional. Hicimos una reforma institucional. Aumentamos de 6 a 10 meses el curso b¨¢sico de polic¨ªa y saben hacer mejor un parte policial o manejar una evidencia. Hemos invertido en indumentaria para lograr dar al 100% de los polic¨ªas un chaleco antibalas, por ejemplo. Adem¨¢s ordenamos la casa, pues hab¨ªa 92 clases de puestos policiales, con una administraci¨®n muy compleja. Ahora hay seis puestos posibles, en el que el m¨¢s bajo gana 426.000 colones (850 d¨®lares), el salario m¨¢s alto en toda la regi¨®n. Ahora la cadena de mando es m¨¢s directa.
P. ?Cambiaron tambi¨¦n las estrategias?
R. Es otra. Nos est¨¢bamos equivocando porque ubic¨¢bamos m¨¢s polic¨ªas donde m¨¢s lo demandaba la poblaci¨®n, pero los criminales no necesariamente coincide con los lugares de mayor percepci¨®n de inseguridad. Hicimos mapas de criminalidad con base en los mapas de la Polic¨ªa Judicial sobre asaltos robos o violaciones. Establecimos zonas de incidencia con rangos horarios.
P. Parece muy b¨¢sico para que no se hubiera hecho antes¡
R. Pero ya lo estamos haciendo, con un agregado en tecnolog¨ªa. Est¨¢bamos usando frecuencias de radio abiertas que cualquier pod¨ªa interceptar; ahora tenemos un sistema encriptado. Tenemos mejor equipo para vigilar fronteras de noche y estamos creando la infraestructura tecnol¨®gica para manejar estos mapas que comentaba. Tenemos un software donado por Estados Unidos que nos ofrece el reporte de c¨®mo colocar los recursos en las calles. Esto nos permite hacer patrullaje preventivo en las zonas m¨¢s conflictivas y disponer recurso para reaccionar ante los hechos criminales con un m¨¢ximo de 15 minutos despu¨¦s.
P. ?Est¨¢ respondiendo a la alta percepci¨®n de inseguridad o a la alta inseguridad que se top¨® en el 2012?
R. Ninguna de las dos cosas. Nuestra meta es desarrollar las capacidades y potestades legales de la Polic¨ªa, algo que no estaba completado.
P. Ya no se quejan de la falta de recursos para Seguridad. ?Son suficientes?
R. Aument¨® un poco el presupuesto, pero sobre todo se mejor¨® el uso interno de los recursos. En el 2012 el presupuesto fue de 175.000 millones y en el 2013 pas¨® a 200.000 millones y vamos a cerrar este a?o con una ejecuci¨®n intensa de casi 94%. En el pasado se ejecutaba solo el 70%
P. Usted habla solo del presupuesto del Ministerio de Seguridad y dice que va bien, pero el Ministerio de Justicia no tiene m¨¢s c¨¢rceles ya. Vea que hace dos meses intentaron sacar reos con condenas pendientes.
R. S¨ª, pero hay un pr¨¦stamo de 167 millones para que Justicia responda con esta tarea.
P. Eso no es una soluci¨®n de corto plazo. De momento sigue ocurriendo que se detiene al criminal, se le condena y luego no hay d¨®nde instalarlo.
R. Hay un mal sabor de boca. Somos uno de los pa¨ªses con m¨¢s tecnolog¨ªa en el continente, pero hemos sido incapaces de instaurar el uso del brazalete electr¨®nico, una de las medidas m¨¢s justas para poder controlar a una persona sin llevar a esa persona a generar hacinamiento carcelario mientras espera su juicio. Hay soluciones sobre la mesa e infraestructura posible, pero no lo hemos hecho. Espero que esta crisis carcelaria abra la mente en Adaptaci¨®n Social (entidad a cargo de las c¨¢rceles, adscrita al Ministerio de Justicia).
P. ?Usted no ve la soluci¨®n en crear m¨¢s c¨¢rceles?
R. Lo m¨¢s id¨®neo es buscar alternativas para manejar esa poblaci¨®n. Es lo m¨¢s id¨®neo, sobre todo porque la c¨¢rcel debe quedar solo para el segmento de alta violencia social con problemas de convivencia, que requieren un tratamiento de reclusi¨®n.
P. ?En el modelo de cu¨¢l pa¨ªs piensa cuando propone estas opciones alternativas?
R. En Espa?a, pensar¨ªa yo. Lo vi en la c¨¢rcel de Topas, en Salamanca. Es creer en la posibilidad de la reparaci¨®n social. Aqu¨ª vemos a los presos viviendo en barracas, pero nadie dice que una pena debe cumplirse en comunidad. Ah¨ª se cierran las puertas a las seis de la tarde, se hace la ley del silencio y se vuelve a abrir a las seis de la ma?ana y nadie sabe lo que pas¨® en esa noche en la c¨¢rcel. Eso es poner a los privados de libertad a ser extorsionados por otros en un ambiente en que el Estado no interviene.
P. Estamos hablando de momentos en que en la c¨¢rcel mandan los propios criminales y no las autoridades.
R. Se les encierra y se les deja en la noche sin ning¨²n control. Las celdas no deber¨ªan ser de m¨¢s de cuatro personas. No se puede permitir que en la c¨¢rcel surjan l¨ªderes criminales. Esto aumenta la posibilidad de amotinamientos, de violaciones y todo tipo de cosas. Nuestra arquitectura carcelaria genera condiciones para que los reos se autogobiernen y ejecuten pr¨¢cticas no controladas.
P. Volviendo al tema del narcotr¨¢fico, son para ustedes igual de sorprendentes los recientes hallazgos en infraestructura usada por aparentes grupos del narcotr¨¢fico. Casas nuevas, helipuertos en la selva, calles en la monta?a, campamentos¡
R. Entiendo que los ciudadanos sientan que aumenta esa actividad criminal con el tr¨¢fico de drogas, pero desde el punto de vista policial la lectura es invertida: cada vez estamos siendo m¨¢s eficientes porque hemos hallado todo esto como producto de acciones policiales. No han sido casualidades.
P. ?C¨®mo se puede probar que no es mayor ahora el paso de droga por el pa¨ªs?
R. Cuando estuve con otros ministros de Seguridad discutiendo este tema en el Comando Sur, vimos que la principal ruta del gran narcotr¨¢fico sale de costas colombianas y venezolanas en direcci¨®n al cabo Gracias a Dios, en Honduras, por aire y por mar. Transitan entre 800 y 900 toneladas de coca¨ªna. Ya en Honduras va por tierra por rutas diversas. Escogieron esta ruta porque es la de menos interdicci¨®n, la de menos obst¨¢culos. Hace unos a?os casi no ten¨ªamos en Costa Rica vigilancia en el mar Caribe, pero ya eso es diferente, tenemos m¨¢s bases y buques m¨¢s r¨¢pidos. En este gobierno detuvimos el primer sumergible, en Sixaola (Caribe sur) y detuvimos a sus ocupantes. Hemos incrementado nuestras capacidades y ahora los narcotraficantes saben que pasar por Costa Rica es riesgoso. El ¨²ltimo informe de la UNDC dice que se redujo de 900 a 800 toneladas el paso de droga por el corredor centroamericano, lo que hace aumentar el precio de la droga en el mercado de consumo en Estados Unidos.
P. ?Por eso los m¨¦todos m¨¢s sofisticados para el trasiego?
R. Esto es resultado de mayores capacidades de detecci¨®n de nuestra parte. Tenemos una Polic¨ªa de Fronteras capacitada por Estados Unidos en t¨¦cnicas de patrullaje policial, no militar. Lo que pasa es el que tr¨¢fico es como el agua, que fluye por donde no se le est¨¦ tapando el paso. Estamos viendo una proliferaci¨®n de canales con que el narco nos intenta vulnerar. Nosotros no tenemos la mejor inversi¨®n en seguridad, pero igual estamos logrando detener y juzgar m¨¢s traficantes que el resto de pa¨ªses de la regi¨®n.
P. En otro momento se dijo que no tener Ej¨¦rcito era un problema para conseguir recursos de cooperaci¨®n. ?Lo es a¨²n?
R. No, el problema grave nuestro es ser un pa¨ªs de renta media. Eso lo estamos pagando, porque hemos salido de todas las listas de cooperaci¨®n y se nos est¨¢ condenando por nuestros ¨¦xitos. En este momento estamos a nuestra suerte; lo tenemos claro.
P. No tanto, porque Estados Unidos patrulla mares costarricenses con un convenio de patrullaje conjunto.
R. Ah, s¨ª, la ayuda estadounidense es la m¨¢s sistem¨¢tica, adem¨¢s de la ayuda de China para construir una escuela policial y una ayuda de la Uni¨®n Europea para los insumos de la administraci¨®n de esa escuela. No son ayudas menores, pero tampoco llegan a las proporciones en que el narcotr¨¢fico incrementa sus capacidades.
P. Hay sectores que a¨²n critican el patrullaje conjunto porque barcos del ej¨¦rcito de Estados Unidos patrullan aguas nacionales.
R. Hay que superar esto. Debemos entender que las nuevas formas de ejercicio de la soberan¨ªa es en espacios conjuntos regionales, cooperando con aliados. Si el patrullaje significara imposici¨®n de criterios pol¨ªticos o judiciales, ya el pa¨ªs en su conjunto lo hubiera rechazado. En estos 10 a?os de funcionamiento lo que hemos visto es solo la detenci¨®n y puesta a disposici¨®n en manos de autoridades costarricenses. Nunca hemos tenido presi¨®n de ning¨²n tipo hacia nuestra justicia ni hacia nuestro gobierno.
P. Usted habla de la cooperaci¨®n, pero tambi¨¦n es cierto que Centroam¨¦rica no es precisamente una regi¨®n integrada para combatir el crimen organizado internacional. ?Sigue siendo un obst¨¢culo?
R. S¨ª y no. S¨ª porque los cuadros pol¨ªticos a cargo de la seguridad tienen una alta rotaci¨®n, igual que el entrenador de un equipo de f¨²tbol que no da buenas resultados. Sin embargo, en materia de drogas hay polic¨ªas m¨¢s estables y hay una comunicaci¨®n fluida, no suficiente para hacer operaciones conjuntas, pero s¨ª hay un paso de informaci¨®n.
P. Estamos hablando de relacionarse con cuerpos policiales corruptos como los hay en Centroam¨¦rica, ?no?
R. En materia de lucha antidrogas s¨ª hay un entramado que permite la confianza rec¨ªproca estrictamente sobre drogas; no puedo decir que sea as¨ª para el resto de la informaci¨®n.
P. Hemos visto tambi¨¦n en Costa Rica polic¨ªas detenidos por colaborar con redes criminales.
R. Basta ver peri¨®dicos para saber que Costa Rica es el pa¨ªs que m¨¢s detiene polic¨ªas. Es muy raro ver en otros pa¨ªses una fotograf¨ªa de polic¨ªas deteniendo polic¨ªas.
P. Eso puede ser una mala noticia.
R. Todo lo contrario. ?Es mejor saber que algo ocurre o no? Aqu¨ª tenemos un sistema mejor blindado contra la corrupci¨®n de mandos policiales, porque es un sistema de pesos y contrapesos. No tenemos un solo jefe que mande todo. Tenemos oficiales de Polic¨ªa Judicial detenidos por Fuerza P¨²blica; oficiales de Tr¨¢nsito detenidos por la Polic¨ªa judicial o miembros de esta detenidos por la Polic¨ªa de Tr¨¢nsito, o incluso la propia PCD deteniendo a un oficial suyo en el Aeropuerto internacional. No existe aqu¨ª la familia policial que se guarda sus secretos. Esto nos diferencia de otros pa¨ªses. Aunque a veces sea un dolor de cabeza coordinar operaciones conjuntas entre cuerpos policiales costarricenses, prefiero eso antes que tener un poder absoluto en la polic¨ªa.
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