Argentina juzga a los civiles involucrados en delitos de la dictadura militar
Diecis¨¦is civiles recibieron condena en 2013 por delitos relacionados al terrorismo de Estado
En los ¨²ltimos a?os de gobiernos kirchneristas, cada vez se habla m¨¢s de dictadura c¨ªvico-militar y no solo militar para referirse al r¨¦gimen que asol¨® Argentina entre 1976 y 1983. La justicia de este pa¨ªs avanza poco a poco sobre la responsabilidad de civiles en los cr¨ªmenes del terrorismo de Estado. Y 2013 fue el a?o con m¨¢s personas sin uniforme que recibieron condena: unos 16, frente a nueve de 2012. En total, unos 142 criminales, incluidos los 16 civiles, recibieron su pena el a?o pasado, seg¨²n los relevamientos de la agencia estatal de noticias judiciales Infojus y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), una organizaci¨®n no gubernamental.
Entre los 16 civiles condenados figuran ocho apropiadores de beb¨¦s robados a detenidas desaparecidas del r¨¦gimen que los adoptaron de manera ilegal. Por lo menos tres de los ocho eran esposas de integrantes de las fuerzas de seguridad. Tambi¨¦n fueron hallados culpables seis agentes civiles de inteligencia de cuerpos militares y policiales que participaron de secuestros y torturas de perseguidos por la dictadura. Adem¨¢s hay una m¨¦dica condenada por su actuaci¨®n en partos de beb¨¦s de desaparecidas que despu¨¦s fueron robados y aparece un abogado que asesoraba al municipio de San Lorenzo, en la provincia de Santa Fe, y que estuvo involucrado en la detenci¨®n ilegal y los tormentos contra un sindicalista.
Los civiles acusados en causas actuales por delitos de lesa humanidad del r¨¦gimen ascienden a 272, sobre un total de 2.335, la mayor¨ªa militares y polic¨ªas, seg¨²n el archivo del CELS publicado este jueves por el peri¨®dico P¨¢gina/12. De los 2.335, unos 927 se encuentran arrestados, de los cuales 520 ya han sido condenados y los restantes 407 est¨¢n en prisi¨®n preventiva. Argentina es el pa¨ªs de Latinoam¨¦rica que m¨¢s ha avanzado en el juzgamiento de los criminales de los reg¨ªmenes militares que afectaron a casi toda la regi¨®n entre la d¨¦cada del 60 y la del 80.
De los 272 civiles acusados, unos 53 trabajaban en el Poder Judicial. Unos 32 eran jueces, pero solo uno de ellos, V¨ªctor Brusa, ha sido sentenciado hasta el momento. Brusa fue condenado en 2009 porque visitaba los centros clandestinos de detenci¨®n y tortura. Pero otros colegas suyos est¨¢n investigados o incluso procesados y a punto de ser juzgados en juicios orales por desestimar las peticiones de informaci¨®n de familiares de desaparecidos que buscaban a sus parientes, confirmar la validez de la represi¨®n ilegal, colaborar en el ocultamiento de cad¨¢veres, tergiversar las razones de las muertes de perseguidos en los certificados de defunci¨®n, participar en el robo de beb¨¦s, intervenir en tribunales militares para el juzgamiento de civiles, participar de interrogatorios en los que se torturaba e incluso ejecutar los propios tormentos y delatar a abogados que defend¨ªan a las v¨ªctimas de la persecuci¨®n, seg¨²n describi¨® el abogado Juan Pablo Bohoslavsky, coautor con el periodista Horacio Verbitsky del libro Cuentas pendientes, que se edit¨® en 2013 y que se refiere a la responsabilidad de empresarios en la dictadura. Si bien en la actualidad hay 53 integrantes del Poder Judicial acusados en diversas causas, lleg¨® a 129, de los cuales algunos renunciaron, unos fueron destituidos y otros siguen desempe?¨¢ndose all¨ª. Entre los exjueces que pronto enfrentar¨¢n su juicio oral figuran Luis Miret y Otilio Romano.
El a?o pasado, la justicia argentina tambi¨¦n proces¨® a varios empresarios por el presunto delito de colaborar en el secuestro de obreros. Son los casos de Carlos Blaquier, due?o de la mayor azucarera y papelera de Argentina, Ledesma, y su exadministrador Alberto Lemos y de tres exdirectivos de la filial de Ford, Pedro M¨¹ller, Guillermo Gal¨¢rraga y H¨¦ctor Sibilla. Tambi¨¦n fue procesado y arrestado con prisi¨®n preventiva el que fuera jefe de la Comisi¨®n Nacional de Valores, Juan Etchebarne, por la supuesta participaci¨®n en el secuestro y la tortura de hombres de negocios.
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