La violencia en las prisiones de Brasil causa una crisis nacional

La crisis en las prisiones de Maranh?o se ha convertido hoy, oficialmente, en una crisis nacional. Ante la advertencia del Gobierno federal al Estado, al noreste de Brasil, el ministro de Justicia, Jos¨¦ Eduardo Cardozo, se reuni¨® con la gobernadora Roseana Sarney (PMDB), y anunci¨® un paquete de medidas de emergencia para intentar detener el caos en las prisiones.?En un a?o, 62 personas han muerto asesinadas dentro de las c¨¢rceles brasile?as, varias de ellas han acabado decapitadas.

Las principales medidas son: controlar a 25 presos que lideran grupos criminales desde las? c¨¢rceles federales, la realizaci¨®n de un grupo judicial para analizar la situaci¨®n de todos los detenidos del Estado, la creaci¨®n de un instituto para dar asistencia psicol¨®gica a los familiares de los condenados y de otro m¨¢s para capacitar los agentes responsables por la seguridad de los centros penitenciarios. Todas las acciones ser¨¢n gestionadas por un comit¨¦ estatal supervisado por el gobierno federal.

Despu¨¦s del encuentro, la gobernadora prometi¨® hacer algo que, en cinco a?os de mandato, no ha conseguido: acabar con la sobrepoblaci¨®n en las c¨¢rceles. El Estado tiene cerca de 5.400 detenidos en 2.200 celdas. Seg¨²n la gobernadora, hasta el mes de diciembre, ser¨¢n construidas cinco nuevas prisiones que podr¨¢n albergar a otros 2.800 presos.

Antes de encontrarse con la gobernadora, el ministro Cardozo se reuni¨® con la presidenta Dilma Rousseff y tambi¨¦n recibi¨® una serie de recomendaciones del Consejo de Defensa de los Derechos de la Persona. El consejo es un grupo de representantes del Estado y de la sociedad civil que eval¨²a las acciones tomadas por los gobiernos en derechos humanos y sugiere mejor¨ªas.

La conclusi¨®n de este grupo fue que las muertes en las prisiones estatales ¡°representan las graves violaciones a los derechos humanos que ocurren en las c¨¢rceles brasile?as¡±.

En el encuentro de hoy, el ministro y la gobernadora tambi¨¦n decidieron que la Fuerza Nacional (un grupo de polic¨ªas de diversas unidades de la federaci¨®n) gestionar¨¢ hasta febrero la seguridad del complejo penitenciario de Pedrinhas, donde ocurrieron la mayor parte de las muertes, adem¨¢s de violaciones de mujeres y familiares de presos.

La presencia de Cardozo en S?o Lu¨ªs, la capital maranhense, fue la manera que el Gobierno federal utiliz¨® para atajar las cr¨ªticas de que actuaba poco, as¨ª como para presionar a la gobernadora Sarney a endurecer su posici¨®n.?

Intervenci¨®n federal

La prensa brasile?a anunci¨® que el procurador-general de la Rep¨²blica, Rodrigo Janot, pedir¨ªa la intervenci¨®n federal en el Estado debido a la crisis. Un portavoz del procurador, sin embargo, inform¨® que ¨¦l a¨²n no ha decididosu posici¨®n.

En la pr¨¢ctica, si hubiera una intervenci¨®n en el Estado, la gobernadora perder¨ªa su autonom¨ªa y las decisiones ser¨ªan tomadas por alg¨²n representante de la Uni¨®n elegido por la presidenta Rousseff, de quien Sarney y su padre, el senador y expresidente Jos¨¦ Sarney, son aliados.

La intervenci¨®n federal fue pedida por jueces y fiscales vinculados a los Consejos Nacional de Justicia y del Ministerio P¨²blico. Tres ONGs de derechos humanos tambi¨¦n solicitaron la intervenci¨®n.

La solicitud de intervenci¨®n federal en casos de derechos humanos en presidios no acostumbra tener resultado en el Brasil. En 2008, por ejemplo, la Procuradur¨ªa General de la Rep¨²blica pidi¨® la intervenci¨®n en el Estado de Roraima por cuenta del caos penitenciario en el presidio de Oso Blanco. En la ocasi¨®n, las autoridades y ONGs constataron varias afrontas a los derechos humanos. Casi seis a?os despu¨¦s, la solicitud no fue juzgado por el Supremo Tribunal Federal.