La Fiscal¨ªa de Venezuela anuncia ocho fallecidos durante los disturbios

La Fiscal General de la Rep¨²blica, Luisa Ortega D¨ªaz, reconoci¨® en su programa de radio semanal la muerte de ocho personas y las lesiones de 137 durante las protestas en Venezuela desde el pasado 12 de febrero. La cifra representa el primer parte oficial desde la semana pasada, cuando asesinaron a tres personas en una concentraci¨®n convocada por la oposici¨®n para conmemorar el D¨ªa de la Juventud.

La declaraci¨®n de la fiscal agrega los nombres de dos personas m¨¢s que hasta ahora no hab¨ªan sido computadas por la prensa, que contabilizaba seis. A ese saldo fatal se suma el nombre del fiscal tercero del Estado Carabobo, Julio Gonz¨¢lez, quien falleci¨® mientras trataba de esquivar una de las tantas barricadas humeantes utilizadas para cerrar las calles, y de otra v¨ªctima en el Estado Lara que la funcionaria no identific¨®.

El Ministerio P¨²blico registra 24 personas con privativa de libertad por las jornadas de protestas y para este viernes ser¨¢n presentadas otras 80 aprehendidas por los hechos del jueves en distintos Estados del pa¨ªs. Los da?os a la infraestructura son muy evidentes. Ortega D¨ªaz hizo una lista: las sedes del Ministerio P¨²blico, de la Direcci¨®n Ejecutiva de la Magistratura (DEM), del Ministerio para el Transporte Terrestre, as¨ª como a estaciones del Metro de Caracas, los bancos Venezuela y BBVA Provincial, las casas de los gobernadores de los Estados T¨¢chira y Aragua y los veh¨ªculos del Cuerpo de Investigaciones Cient¨ªficas, Penales y Criminal¨ªsticas (Cicpc), viviendas y veh¨ªculos de personas particulares.

La manera de contener la violencia ha sido cuestionada por organizaciones defensoras de Derechos Humanos venezolanas y extranjeras. En un comunicado emitido este viernes en Nueva York, Human Rights Watch critic¨® la actuaci¨®n de las fuerzas de seguridad por utilizar una excesiva fuerza contra los manifestantes opositores en varias ocasiones, que incluyen golpes a detenidos y disparos contra las multitudes desarmadas.

Este diario ha verificado denuncias de varias personas que aseguran haber sido dispersadas a balazos por civiles armados. Ocurri¨® en la urbanizaci¨®n Horizonte, en el este de Caracas. La Guardia Nacional, siempre seg¨²n esas voces, dispar¨® una bomba lacrim¨®gena contra un piso de oficinas.

El comunicado de Human Rights Watch tambi¨¦n se hace eco de la decisi¨®n del presidente Nicol¨¢s Maduro de censuras a los medios de comunicaci¨®n. El ¨²ltimo objetivo en el intento de prohibir la difusi¨®n de versiones que lesionan su credibilidad es la cadena estadounidense CNN en Espa?ol. En un comunicado la compa?¨ªa anuncio que Caracas hab¨ªa revocado el permiso de trabajo a su equipo en Venezuela: los enviados especiales Patricia Janiot y Rafael Romo. En paralelo el Gobierno ha anunciado procedimientos para prohibir que la se?al pueda verse a trav¨¦s de los servicios de televisi¨®n por suscripci¨®n.

¡°El Gobierno venezolano ha utilizado abiertamente las cl¨¢sicas t¨¢cticas de un r¨¦gimen autoritario al encarcelar a sus oponentes pol¨ªticos, amordazar a los medios de comunicaci¨®n e intimidar a la sociedad civil¡±, dijo Jos¨¦ Miguel Vivancos, director de la divisi¨®n para las Am¨¦ricas de la organizaci¨®n. El caso m¨¢s emblem¨¢tico es el del l¨ªder opositor Leopoldo L¨®pez, que est¨¢ detenido desde el martes en una prisi¨®n militar en las afueras de Caracas, acusado de liderar los disturbios ocurridos en la capital venezolana desde el 12 de febrero.