Las medidas cautelares afianzan a la CIDH pero ponen en aprietos a Santos

La Comisi¨®n Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) apenas esper¨® unas horas a que el Consejo de Estado de Colombia anunciara la revocaci¨®n de todas las tutelas que imped¨ªan hacer efectiva la destituci¨®n e inhabilitaci¨®n del alcalde de Bogot¨¢, Gustavo Petro, para otorgar, al filo de la medianoche, las medidas cautelares que le solicitara el regidor de la capital colombiana. La resoluci¨®n de la CIDH, que insta al Gobierno de Colombia a que suspenda de inmediato los efectos de la decisi¨®n de la Procuradur¨ªa contra Petro env¨ªa un mensaje claro a todos los Gobiernos del hemisferio de que est¨¢ dispuesta a proteger la integridad de todos los derechos de sus ciudadanos, en una clara muestra de su determinaci¨®n y fortaleza, cuestionada durante el farragoso proceso de revisi¨®n del Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH).

Esta iniciativa, adem¨¢s, pone en aprietos al presidente colombiano Juan Manuel Santos, que, en plena campa?a electoral, tiene que debatirse entre acatar unas medidas que su pa¨ªs tradicionalmente ha considerado vinculantes y poner en cuesti¨®n la autoridad de instituciones internas como la Procuradur¨ªa o el Consejo de Estado, o no hacerlo, en cuyo caso romper¨ªa con una tradici¨®n hist¨®rica de cumplimiento con el derecho internacional y las resoluciones de la Corte Interamericana y la CIDH.

Aqu¨ª ha habido una denuncia de que se han trastocado los derechos convencionales y que hay procedimientos que no son acordes con la Convenci¨®n" Emilio ?lvarez Icaza

¡°Hemos pedido al Gobierno que suspenda la decisi¨®n del 9 de diciembre para tener condici¨®n de analizar el fondo. Se han denunciado cinco art¨ªculos de la Convenci¨®n y la CIDH dice claramente que al otorgar las cautelares no se est¨¢ prejuzgando. Aqu¨ª ha habido una denuncia de que se han trastocado los derechos convencionales y que hay procedimientos que no son acordes con la Convenci¨®n, la CIDH no se pronuncia sobre eso. Lo que quiere es estudiar el caso y, all¨ª, cobran sentido los criterios para otorgar una cautelar que son gravedad, urgencia e irreparabilidad¡±, explica a EL PA?S el secretario general de la CIDH, Emilio ?lvarez Icaza. La concesi¨®n de las medidas ha provocado que se d¨¦ prioridad por parte de la Comisi¨®n al caso de fondo de Petro, lo que significa que se acortar¨¢ el proceso de decisi¨®n, que normalmente se prolonga unos dos a?os.

En su resoluci¨®n, aprobada por cinco votos a favor y dos en contra, la CIDH sostiene que, de llevarse a efecto, la destituci¨®n de Petro ser¨ªa grave ya que la misma no ha venido precedida de una condena penal como exige el art¨ªculo 23 de la Convenci¨®n Americana para restringir los derechos pol¨ªticos de los ciudadanos. El hecho de que la ¨²ltima resoluci¨®n del Consejo de Estado, desestimando las tutelas solicitadas por el alcalde, haga que la ejecuci¨®n de la decisi¨®n del procurador por parte de Santos ¡°pueda materializarse en cualquier momento y generar sus efectos de manera inmediata¡±, as¨ª como la ¡°falta de certeza¡± de que los recursos internos que le reconoce el sistema judicial colombiano al alcalde para apelar ¡°puedan evitar la separaci¨®n de su cargo¡±, antes de que pronuncie la CIDH, es lo que, de acuerdo con el texto, determina la urgencia. La imposibilidad de que Petro no pudiera ser restituido en su cargo, de llevarse a cabo elecciones a la Alcald¨ªa de Bogot¨¢ para reemplazarlo, es lo que hace que el da?o sea irreparable.

Decisi¨®n inusitada

Aunque la CIDH s¨®lo hab¨ªa otorgado medidas cautelares relacionadas con la violaci¨®n de derechos pol¨ªticos en una ¨²nica ocasi¨®n ¨Cen 2005, al excanciller mexicano Jorge Casta?eda Gutman-, Petro se aferr¨® a ese precedente, convencido de que el organismo ¡°romper¨ªa con esa tendencia¡±, tal y como se?al¨® a este diario en una entrevista. ¡°Con esta decisi¨®n, la CIDH demuestra que est¨¢ dispuesta a proteger no s¨®lo la vida y la integridad de las personas, sino otros derechos que puedan ser vulnerados de manera irreparable, como los pol¨ªticos, ese es un mensaje importante y fuerte. Estas medidas cautelares plantean la importancia de preservar los derechos pol¨ªticos de la ciudadan¨ªa, no es un mensaje partidario sino de protecci¨®n del sistema democr¨¢tico¡±, se?ala a EL PA?S, Viviana Krsticevic, directora ejecutiva de la organizaci¨®n de defensa de derechos civiles, Center For Justice and International Law (CEJIL).

La CIDH demuestra que est¨¢ dispuesta a proteger no s¨®lo la vida y la integridad de las personas, sino otros derechos que puedan ser vulnerados de manera irreparable, como los pol¨ªticos" Viviana?Krsticevic, CSIC

Adem¨¢s del importante valor jur¨ªdico de la decisi¨®n, con el otorgamiento de las medidas cautelares a Petro, los miembros de la Comisi¨®n mandan un mensaje de su fortaleza y de su firmeza en la defensa de la observancia de la Convenci¨®n frente a los Estados."El proceso de reforma de los ¨²ltimos a?os ni la debilit¨® ni le impuso la obligaci¨®n de tener que mantener una excesiva prudencia antes de pronunciarse sobre temas controvertidos contra ciertos Estados, por temor a la reacci¨®n que ¨¦stos podr¨ªan tener y sus implicaciones", explica a trav¨¦s de un correo electr¨®nico Katya Salazar, directora ejecutiva de la Due Process of Law Foundation (DPLF).

La mayor¨ªa de las medidas cautelares que la CIDH ha otorgado desde que empez¨® a decretarlas hace dos d¨¦cadas, se han adoptado, esencialmente, para proteger la vida o la integridad de las personas en situaci¨®n de riesgo, sin embargo, en los ¨²ltimos a?os tambi¨¦n ha extendido su protecci¨®n a otros derechos como la liberad de expresi¨®n. La espor¨¢dica protecci¨®n de los derechos pol¨ªticos -el caso de Casta?eda y el env¨ªo del caso de Leopoldo L¨®pez a la Corte Interamericana- ha irritado a los pa¨ªses afines al bloque del ALBA ¨CVenezuela denunci¨® a la Convenci¨®n precisamente por el fallo en contra de Caracas en el caso de L¨®pez-.

La concesi¨®n de la tutela a Petro tambi¨¦n ha soliviantado al panorama pol¨ªtico y judicial colombiano, dividido sobre la obligatoriedad o no de esas medidas. El procurador sostiene que la Convenci¨®n opera como derecho subsidiario del interno -"En la audiencia citada para el 24 de marzo por la Comisi¨®n manifestaremos nuestra inconformidad con su argumentaci¨®n y la defensa de nuestra de institucionalidad"- han indicado a EL PA?S desde la Procuradur¨ªa-? y el ministro de Justicia, Alfonso G¨®mez M¨¦ndez, ha reconocido p¨²blicamente que las cautelares son meras ¡°recomendaciones¡±.

Controversia en Colombia

Sin embargo, como reconoce ?lvarez Icaza, la pr¨¢ctica de las medidas cautelares en Colombia est¨¢ muy consolidada. ¡°Colombia ha creado toda una atenci¨®n de protecci¨®n para atender las medidas cautelares que es paradigm¨¢tica en el continente y su propia Corte Constitucional [Sentencias T-786, de 2003 y T-558, de 2003, entre otras] ha establecido que las medidas son de obligado cumplimiento y que la Constituci¨®n colombiana reconoce a los instrumentos internacionales como parte de sus derecho interno¡±, explica.

La concesi¨®n de la tutela a Petro tambi¨¦n ha soliviantado al panorama pol¨ªtico y judicial colombiano, dividido sobre la obligatoriedad o no de esas medidas

Desde CEJIL recuerdan que durante el controvertido proceso de revisi¨®n del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, Colombia fue uno de los pa¨ªses que m¨¢s aportaciones y documentos present¨® acerca de las medidas cautelares a trav¨¦s de los que ¡°reconoc¨ªa de una manera impl¨ªcita¡± la obligatoriedad de las mismas. Andr¨¦s Villamizar, el responsable de la Unidad Nacional de Protecci¨®n de Colombia y una persona muy cercana al presidente colombiano, asegur¨® hace poco en un programa de radio que las medidas cautelares de la CIDH eran vinculantes, una afirmaci¨®n que tambi¨¦n comparte el actual presidente de la Corte, el colombiano, Humberto Sierra Porto.

A Santos, ahora, se le plantea la disyuntiva de interrumpir una tradici¨®n intachable en cuanto a la observancia por parte de Colombia de los compromisos internacionales, lo que alimentar¨ªa el discurso de la izquierda de que el actual presidente no se diferencia tanto del anterior, ?lvaro Uribe, o acatarlas y poner en entredicho la capacidad de sus propios organismos. ¡°La decisi¨®n no debe entenderse como una descalificaci¨®n de las instituciones de Colombia¡±, advierte ?lvarez Icaza. ¡°Todo lo contrario, servir¨¢ para consolidar el proceso democr¨¢tico y esperar¨ªamos que se aproveche este caso para avanzar y fortalecer la democracia en Colombia. No contemplamos banjo ninguna circunstancia que la desatenci¨®n de sus obligaciones internacionales sea el escenario¡±, explica el secretario ejecutivo.

La decisi¨®n no debe entenderse como una descalificaci¨®n de las instituciones de Colombia¡± ?lvarez Icaza

Si embargo, Santos, durante una entrevista concedida la semana pasada al diario El Tiempo, sugiri¨® que no seguir¨ªa las recomendaciones de la CIDH, una decisi¨®n con la que el mandatario, como advierte Krsticevic, ¡°erosionar¨ªa el capital pol¨ªtico del SIDH, revirtiendo una posici¨®n hist¨®rica de apoyo por parte de Colombia a sus obligaciones internacionales¡±.

Si el Gobierno de Colombia no cumpliera, la Comisi¨®n, se?ala ?lvarez Icaza, valorar¨ªa la posibilidad de solicitar medidas provisionales a la Corte. ¡°Pero ahora solo contemplamos que son de obligado cumplimiento¡±, reconoce el secretario ejecutivo.